La Justicia demora una resolución en la la causa que investiga un fraude millonario al Estado a través de una fábrica de cosechadoras afincada en la costa del Uruguay que, después de haber obtenido créditos del Estado para ese emprendimiento, se declaró en quiebra.

La última novedad ocurrió el 19 de junio de 2020, cuando el fiscal de la causa, Pablo Zoff, presentó un mejoramiento del recurso de apelación al sobreseimiento de todos los involucrados que dictó un juez de primera instancia.

El viernes 8 de mayo de 2020, el juez de Transición Carlos Hugo Ríos dictó el sobreseimiento de todos los involucrados en la causa de las cosechadoras. La resolución benefició a los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; al exministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y al exministro de Producción, Roberto Schunk;  y a funcionarios de bajo perfil, como Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna).

El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Pablo Nicolás Zoff, apeló los sobreseimientos el 11 de mayo del año último por medio de un escrito de 30 páginas en el que cuestionan la resolución del juez Ríos. 

 Un tribunal de alzada, compuesto por los camaristas José María Chemez, Elvio Osir Garzón y Rafael Cotorruelo debe resolver sobre la apelación del fiscal Zoff. El caso llegó al despacho de sus señorías el 13 de mayo de 2020 y desde entonces se aguarda una resolución.

Qué se investiga

En el expediente se investigó el destino de $5,5 millones que recibió la firma Grandes Máquinas, del Grupo Senor, como créditos otorgados por el Estado entrerriano entre 2009 y 2012 para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.

En la apelación a los sobreseimientos, el fiscal Zoff  especificó que dos empresas negaron tener algún vínculo con el Grupo Senor –se trata de Compañía Puntana de Carnes Elaboradas S.A., Matrimet S.R.L.- y que la tercera, Cotrasep, podría ser una firma fantasma.

Sobre la prueba pendiente para encontrar a la firma Cotrasep, dijo que se había solicitado la intervención del área de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos.

En cuanto al perjuicio al Estado, que el juez Ríos consideró que no hubo ya que se cobró seguro de caución del Instituto del Seguro, el fiscal sostuvo que “se quitó la disponibilidad del dinero al Estado provincial durante varios años, en el cual no pudo afectarlo al cumplimiento de otras políticas públicas”.

En cuanto al rol de los funcionarios, en el recurso de apelación afirmó que “en las primeras etapas, el comportamiento de los funcionarios pudo calificarse simplemente como negligente (persuadidos tal vez por el ardid que desplegaron los demás imputados), y se realizaron la serie de controles que fueron correctamente detallados por su señoría, con posterioridad al primer, segundo y tercer desembolso del crédito otorgado por la suma de $ 4.000.000. Pero con el avanzar de la actuación administrativa, entiendo que resulta acreditado  que estos ‘descuidos’ fueron deliverados, a fin de suministrarle a GMCUSA los créditos que solicitaron, sin efectuar todos los controles que correspondieron”.

La causa

La causa de las cosechadoras se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García, y luego de que el caso tomara relevancia pública por investigaciones periodísticas. 

En concreto, se investigó el destino de los $5,5 millones que recibió como créditos entre 2009 y 2012 la empresa Grandes Máquinas SA, del grupo Senor, dinero que fue otorgado por el Gobierno provincial para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.

La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Sin embargo, la compañía que fue beneficiada con los fondos fue declarada en quiebra en 2014. Y las cosechadoras prometidas nunca aparecieron.

La fiscalía considera que los funcionarios “consintieron y apoyaron, actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., no habrían podido concretar su maniobra delictiva”. Para la fiscalía, los empresarios aparentaron contar con solvencia económica para acceder a los préstamos estatales para fabricar las cosechadoras

Créditos

El 18 de noviembre de 2009, a través del decreto N° 4.432, el Gobierno le otorgó a la firma “B.S.V. S.A” $574.500. Esa suma de dinero fue cedida a la empresa “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A” (que fue creada en diciembre de 2010); el 15 de febrero de 2011, mediante el decreto Nº 96, la empresa obtuvo otro crédito, esta vez por $4 millones; el 19 de marzo de 2012, Urribarri firmó el decreto Nº 529 por $1 millón.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora