Ni un pedido público de disculpas.
Ni un encuentro virtual de las víctimas de los abusos del cura Justo José Ilarraz con el papa Francisco.
Ni el costeo de un tratamiento psicológico o psiquiátrico para los sobrevivientes de los aberrantes hechos que ocurrieron en la casa de formación del clero, el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo, en la zona del Brete, donde Ilarraz fue prefecto de disciplina y guía espiritual de adolescentes que cursaban la secundaria como pupilos.
Ni mucho menos, claro, aceptar el pago de una indemnización por los delitos que cometió Ilarraz y que la Justicia, a través de tres sucesivos fallos, condenó con una pena altísima, 25 años de cárcel.
Ilarraz fue condenado en2018 a pasar un cuarto de siglo en la cárcel, pero como siempre apeló a la ley del olvido, la prescripción, y acudió con un último recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquella condena no se ha hecho efectiva: no está en una cárcel. Vive en un sexto piso de una torre ubicada en calle Corrientes al 300, en Paraná, con arresto domiciliario y tobillera electrónica.
En mayo próximo cumplirá tres años encerrado en un departamento.
Mientras, las siete víctimas que lo denunciaron en la Justicia han sobrellevado la vida como han podido, una vida hecha añicos en la casa de Dios.
Un grupo de esas víctimas decidió exigir a la Iglesia reparación económica a través de una demanda civil. Primero, hubo audiencias de mediación que, tras sucesivos encuentros, concluyó en fracaso.
Entonces, las víctimas, a través de la abogada que los representa, Evangelina Bártoli, presentaron una «propuesta conciliatoria», con una serie de puntos: pedido de perdón, asistencia psicológica, gestionar un encuentro virtual con el Papa, reparación económica.
La respuesta de la Iglesia de Paraná ha sido una sola: el silencio.
La demanda alcanza a Ilarraz, claro, pero también al Arzobispado de Paraná, al arzobispo Juan Alberto Pugigari, al cardenal Estanislao Esteban Karlic, que fue superior de Ilarraz y fue quien lo nombró prefecto de disciplina en el Seminario y, más tarde, lo juzgó a través de un proceso sumarísimo que terminó con la condena del destierro; y los sacerdotes Gabriel Battello, que reconoció en la Justicia que supo de los abusos pero jamás los denunció; y Mario Gervasoni, mano derecha de Pugari, condenado con sentencia firme por falso testimonio al no contar todo cuanto sabía del caso Ilarraz.
Las víctimas procuraron evitar la judicialización y llegar a un punto de acuerdo. «La presente propuesta se realiza a los fines de evitar la judicialización del conflicto y por ende, la re victimización de los sobrevivientes de Justo José Ilarraz. Queda sujeta a revisión en caso de llegar a una instancia judicial».
La respuesta de la Iglesia fue la no respuesta.
El tribunal que condenó a Ilarraz en 2018 a 25 años de cárcel -de momento, está con prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, en un departamento de calle Corrientes al 300, en Paraná- planteó en sus fundamentos, contenidos en 327 páginas, que “coadyuvó como elemento facilitador del plan de Ilarraz, la posición asumida por sus superiores y pares actuantes al tiempo de los hechos; ya que sin su omisión el acusado no hubiera podido cumplir sus designios delictivos con la libertad e impunidad con que lo hizo”.
Qué hizo cada quien
Karlic indicó en la Justicia que tomó conocimiento de los abusos por intermedio del actual arzobispo de Paraná y exrector del Seminario, Juan Alberto Puiggari. Aseguró que fue Puiggari “quien me lo dijo. Confío plenamente en su palabra”. Además, agregó: “Tomé conocimiento de los hechos denunciados y encomendé al vicario de Justicia que procediera conforme al espíritu de la Iglesia y la normativa propia del Derecho Canónico”.
“¿Por qué no se denunciaron antes los abusos, y recién se conocieron públicamente en 2012 habiéndolos investigado la Iglesia en 1995?”, le preguntaron por escrito ya que no acudió a los Tribunales durante la sustanciación del juicio a Ilarraz. Karlic contestó que los hechos “fueron callados por los menores. Cuando los comunicaron, manifestaron vergüenza. Se respetó la voluntad de ellos y se les manifestó que dieran noticia a sus padres. Se consideró que era fundamental respetar el interés de ellos”.
También contestó que sólo recordaba “haberme encontrado con él (Ilarraz) en Roma, mientras él vivía allí. Después de su regreso a la Argentina (y habiendo sido sancionado por el propio Karlic, NdelR), el cardenal dijo que “no podría precisar (pero se reunió) posiblemente en Buenos Aires”.
“No recuerdo en detalle. En principio, los negaba absolutamente (a los abusos). Más tarde, admitió su responsabilidad y pidió perdón”.
“El padre Ilarraz manifestó ante mí su reconocimiento de los hechos, y pidió perdón”, reveló.
Puiggari dijo que se enteró de los abusos de Ilarraz “meses antes del comienzo de la investigación dispuesta por el Arzobispado de Paraná, en 1995”, y cita, con nombre y apellido, a tres víctimas: los únicos casos que conoció. Y vuelca todas las responsabilidades sobre las espaldas de Karlic: “No conozco cómo se llevó a cabo el procedimiento, ni las conclusiones ni las sanciones adoptadas sino hasta que tomé conocimiento de las actuaciones a mi llegada a Paraná (en 2011)”, dice su declaración.
Dijo que al tomar conocimiento de los hechos, no se comunicó la situación a los padres de las víctimas “porque ya tenían 18 años y era un delito de instancia privada”. Y luego abunda sobre lo mismo: “El delito investigado es de instancia privada y no podía hacer la denuncia en forma personal. Tomado conocimiento de los hechos, comuniqué enseguida al arzobispo de Paraná (Karlic) como es el proceder normal y ordinario dentro de la Iglesia Católica”.
¿Sabía el difunto arzobispo emérito Mario Maulión de todo lo que sucedía con Ilarraz? Puiggari aseguró en la Justicia que en el momento que asumió como arzobispo, en 2003, “le comuniqué que en el Archivo de la Curia obraba un proceso investigativo sobre el Padre Justo Ilarraz”.
Ni Karlic, ni Maulión ni Puiggari acudieron al ordenamiento jurídico de la Iglesia para aplicar una sanción a Ilarraz. En su declaración judicial, Puiggari relata que el Código de Dercho Canónjico, en el canon 1.395, señala “que debe ser castigado con penas justas, sin excluir, cuando el caso lo requiera, la expulsión del estado clerical”.
Mario Gervasoni también supo de los abusos de Ilarraz, pero en su caso declaró en la Justicia que no sabía nada, y por eso fue condenado en 2019 por falso testimonio. Le aplicaron una pena de un año de prisión condicional.
El cura Gabriel Battello supo de primera mano de los abusos que soportó una de las siete víctimas que llevaron a Ilarraz al banquillo, y se calló.
La víctima que le contó los abusos del cura Ilarraz es José Riquelme. Cuando los abogados querellantes Walter Rolandelli y Marcos Rodríguez Allende le preguntaron en el juicio a Battello por qué no denunció esos hechos cuando tomó conocimiento, el sacerdote no supo qué contestar. “Lo dejó en libertad de acción al chico, para que él hiciera lo que mejor creyera”, comentó Rolandelli durante el juicio a Ilarraz, en 2018.
Todos ellos, menos Maulión que murió en 2020, están demandados civilmente por las víctimas.
Ninguno respondió los planteos que hicieron para evitar la demanda civil en la Justicia.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora