A tono con las pretensiones del Gobierno nacional, las organizaciones de Derechos Humanos, sociales, civiles, partidos políticos y estudiantiles apoyaron la idea de una reforma judicial en la Argentina. Lo señalaron en el documento que se dio lectura este miércoles por la noche en Paraná, en el acto por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en el aniversario 45º del golpe cívico-militar de 1976.

Como es tradicional, la marcha partió desde la Plaza Sáenz Peña y terminó en calle Buenos Aires, frente al Museo Provincial de Bellas Artes. lugar donde entre 1978 y 1980 funcionó un Centro Clandestino de Detención y Torturas (CCDyT) durante la última dictadura.

En uno de los pasajes más relevantes del documento, las organizaciones sostuvieron que el lawfare –guerra mediática-judicial- es “una de las nuevas estrategias de dominación del poder imperial en la región”. “Un método llevado a cabo mediante la articulación de los medios de comunicación hegemónicos, sectores del poder judicial y servicios de inteligencia para atacar y destruir a opositores políticos, que ha deteriorado gravemente el estado de derecho en toda américa latina”, definieron.

En ese marco, plantearon su apoyo a “los proyectos de Reforma del Poder Judicial, porque los consideramos no solo necesarios sino urgentes para nuestro sistema democrático”.

“El contexto institucional entre el lawfare y los femicidios, con participación o desidia policial y judicial, hace que esta reforma sea parte de los reclamos y reivindicaciones más fuertes que hacemos en este 24 de marzo. Y lo decimos claramente: el Poder Judicial es aristocrático, clasista y patriarcal. Sus estructuras mafiosas se descomponen día a día ante la mayoría de la sociedad que descree, como nunca antes en la historia, del servicio de justicia en la Argentina”, agregaron.

El documento

En el inicio del documento, las organizaciones recordaron que el año pasado no se realizó la marcha debido a las restricciones más duras durante la pandemia por el coronavirus. No obstante, recordaron que “la situación de pandemia, las disposiciones del Estado para hacerle frente al coronavirus y la necesidad de cuidarnos y sobre todo de proteger a las personas más vulnerables al virus, hicieron que buscáramos otras maneras de manifestarnos, distintas de la ocupación del espacio público con nuestros cuerpos y nuestras voces”.

“Un año después, la situación está lejos de haber sido superada. Más de 54.000 compatriotas murieron y más de 2 millones 250 mil personas contrajeron la enfermedad. Además, la miseria que planificó y ejecutó el macrismo dejó expuesto a nuestro pueblo a la profundización de la pobreza y la indigencia cuando tuvimos que aislarnos para salvar vidas”, refirieron.

Documento Día de la Memoria by Entre Ríos Ahora

En ese marco, hicieron referencia a que durante 2020 salieron a la calle “sectores antipopulares, bajo gran cobertura de los medios de comunicación hegemónicos”. “Son aquellos sectores que pregonan el ‘sálvese quien pueda’; que pretenden sostener sus privilegios de clase aun a costa de miles de vidas y embanderados desvergonzadamente bajo los símbolos patrios. Durante este tiempo la derecha avanzó en el espacio público con sus discursos y prácticas de odio, con el objetivo de atacar a un gobierno nacional y popular. Y para eso movilizó sus estructuras políticas, económicas, mediáticas y judiciales”, advirtieron.

Por eso, sostuvieron que volvieron a ocupar el espacio público. “Es una necesaria manifestación de que el movimiento de derechos humanos, los movimientos sindicales, universitarios y políticos del campo popular, apoyamos las decisiones que cuidan la vida, reclamamos la profundización de un modelo económico de lucha contra la pobreza y rechazamos que la crisis la paguen los más vulnerables. No disputar la calle con nuestras consignas es seguir relegando nuestro lugar histórico de lucha al programa de la derecha, que busca más exclusión y más muerte. Por eso marchamos”, afirmaron.

Luego recordaron que la dictadura se instauró en 1976 con el apoyo de sectores civiles y eclesiástico, de grupos económicos nacional, trasnacionales y de los grandes medios de comunicación.

Enseguida, consideraron que en la actualidad la Región es “un territorio en disputa”, puesto que sigue vigente “el plan neocolonial de dominación imperial y de extracción de nuestros bienes naturales, pero también persiste la férrea voluntad de los pueblos latinoamericanos de construir una Patria Grande, con soberanía política, territorial y económica”.

Exigencias

Entre las exigencias, reclamaron que se garantice el ejercicio efectivo de la “soberanía sobre los espacios marítimos de jurisdicción nacional, los bienes naturales con los que cuenta y la biodiversidad que hoy está siendo saqueada por un sinnúmero de buques pesqueros extranjeros, muchos de los cuales cuentan con permisos otorgados por el ilegítimo gobierno inglés en las islas”.

Y agregaron: “Sostenemos la urgente necesidad de establecer los mecanismos que concreten la operación y control pleno de la hidrovía Paraná-Paraguay y sus puertos por parte del Estado nacional y los estados ribereños, hidrovía por la cual circula el 70% de las exportaciones nacionales y que en la actualidad es administrado por un puñado de empresas transnacionales. Resulta imperioso que el Estado argentino recupere la administración del comercio exterior y una flota mercante de bandera que nos permita lograr mayor soberanía económica y política”. 

Más adelante apoyaron la reforma del Poder Judicial. “Reforma judicial es acceso a derechos, es la lucha por la ampliación de derechos, el control y la transparencia del poder, la investigación del financiamiento ilegal de la política, el acceso a la información. Hoy la administración de justicia no nos permite pelear por esos derechos porque los ahoga en sus laberintos, en sus papeles, en su lenguaje superficial y antiguo, porque otorga y promete impunidad a los poderosos. Necesitamos construir definitivamente un Nunca Más a los sótanos de la democracia y que el Poder Judicial de una vez por todas sea un verdadero sinónimo de Justicia”.

En ese sentido, manifestaron “que la reforma judicial feminista es un grito colectivo”. “El abordaje de las violencias de género no puede estar sesgado, porque en ese mundo vivimos ahora, el de la impunidad selectiva, en el que toda violencia de género es excluida de su tratamiento judicial hasta que tiene consecuencias irreparables. Porque no contamos con políticas integrales y efectivas que contengan a las víctimas de violencia, que les permitan seguir con sus proyectos de vida”, añadieron.

Al finalizar, advirtieron que “a 45 años del Golpe de Estado, el sistema democrático está siendo atacado por sectores reaccionarios que tiran bolsas negras en la Plaza de Mayo, emulando los cadáveres que arrojaron hace cuatro décadas, como una clara amenaza de muerte. Por eso hoy estamos aquí compañeros y compañeras, luchando por la vida, poniendo nuestros cuerpos en esta Plaza, para no dejar pasar la historia por nuestro costado, porque solo con nuestra activa participación podremos darle un sentido popular a esta democracia”.

“Porque tenemos la memoria de los 30 mil con nosotros y nosotras, la fuerza de los y las sobrevivientes, tenemos el pañuelo de las Abuelas y las Madres como bandera. La historia sigue y la lucha continúa, porque, compañeros y compañeras, ¡no nos han vencido!”, completaron.

Foto gentileza de Lucha en la Calle.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.