El cura carapintada José Miguel Padilla finalmente accedió a realizarse una pericia psiquiátrica en los Tribunales de General Pico, La Pampa, donde en noviembre de 2019 se abrió una causa penal en su contra por el delito de abuso sexual. La víctima, el santaelenense Vicente Suárez Wollert. Es un paso clave para que pueda avanzar el trámite de elevación a juicio de la causa que había estado paralizada durante más de un año por la reticencia del religioso, que no bien se enteró de la denuncia en su contra se refugió en la provincia de San Luis
Suárez Wollert, hoy de 25 años, había dejado su ciudad, Santa Elena, para vivir la vida monacal. Se trasladó a La Pampa, con los frailes Capuchinos Recoletos. Tenía 19 años.
Los Capuchinos Recoletos llegaron a Intendente Alvear, en La Pampa, en año 2004 por pedido del entonces obispo Rinaldo Fidel Brédice. Tomaron a su cargo la parroquia y convento de la Inmaculada Concepción. Los frailes también tienen bajo su responsabilidad el Colegio Secundario Nuestra Señora de Luján.
Los Recoletos, que conformaron una versión dura y anclada en las viejas tradiciones del catolicismo, adoptaron el nombre de Fraternidad de Belén, y en sus estatutos dejan en claro su perfil: “Los miembros de esta fraternidad se proponen ante todo buscar la perfección de la caridad, es decir tender fervientemente a la santidad de vida para la mayor Gloria de Dios, de acuerdo a la espiritualidad franciscano capuchina, acentuando la sublime Cátedra de Belén, como camino de recolección”. Tienen tres casas religiosas. Una, en Intendente Alvear, La Pampa. Allí llegó Vicente Suárez Wollert con la pretensión de hacerse monje.
Nunca lo consiguió. Allí fue abusado por uno de los superiores, el padre fundador.
El padre superior era el cura José Miguel Padilla. Es el mismo que en su rol de capellán del Ejército acompañó, en 1988, el alzamiento carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín. La primera chirinada tuvo lugar el 17 de abril de 1987 y se originó por la negativa del mayor Ernesto Barreiro a presentarse a declarar en la Justicia por delitos cometidos en la última dictadura. No hizo eso sino que se refugió en su regimiento, medida que fue acompañada desde Campo de Mayo por Aldo Rico.
En enero de 1988, cuando Rico fue llevado a la Justicia por aquel primer levantamiento, se produce el segundo movimiento carapintada, esta vez con el acompañamiento del capellán José Miguel Padilla.
En 2013, en Alvear, provincia de La Pampa, Padilla adquirió triste notoriedad por distribuir entre los alumnos del Instituto Nuestra Señora de Luján un material que contenía un feroz ataque a la presidenta de entonces, Cristina Fernández, por «no decir la verdad sobre la guerra contra la subversión llevada adelante por las Fuerzas Armadas» contra las «minorías rebeldes extremistas», enrostrándole al mismo gobierno nacional el hecho de «exaltar la gallardía de sus patéticos y deplorables protagonistas, hoy apañados».
Como reveló Entre Ríos Ahora, todo empezó con aquel llamado del superior del convento Inmaculada Concepción, en Intendente Alvear, a 150 kilómetros al norte de Santa Rosa, La Pampa. La convivencia llevaba no más de tres meses y era el nuevo en aquel lugar. Lo sorprendió cierto trato privilegiado que empezó a tener. Pero no encontró nada extraordinario en eso. Hasta que sucedió todo lo que sucedió.
Un día el padre fundador pidió que fuera a su habitación.
Que debía medirle la presión arterial y ponerle crema en un tobillo, lastimado producto de una caída. Eso hizo: fue a su habitación, le midió la presión, le aplicó la pomada en el tobillo.
-Me dijo que nadie lo iba a hacer mejor que yo. Dije que sí, que iría, y pregunté si tenía que ir con mi Ángel Guardián, que me seguía a sol y a sombra. Me dijo que no, que tenía que ir solo. Fue ahí que pasó: primero dijo una serie de incoherencias, que uno tiene que compartir el alma. Esa frase siempre la decía para justificar las groserías que decía o cuando se propasaba. Hasta ahí no había contacto físico. Me empecé a ponerme nervioso. Intento salir de la habitación, pero él salta de la cama, me agarró de atrás, me besó el cuello y me dijo que yo era solamente de él. Me acuerdo las palabras justas que me dijo: «Ya te siento un poquito más mío». Pensé que estaba poniendo a prueba mi castidad. Cualquier cosa pensé, menos que la persona que estaba encargada de cuidarnos, iba a tener este tipo de intenciones.
A principios de noviembre de 2019, Vicente Suárez Wollert denunció a Padilla por haber abusado de él en el convento capuchino de General Alvear, La Pampa.
El miércoles 20 de noviembre de 2019, el fiscal general de General Pico, Armando Agüero, encabezó un allanamiento al convento de los Capuchinos en General Alvear, La Pampa, como consecuencia de la denuncia que presentó el joven entrerriano. El procedimiento judicial, del que participó la fiscal Ivana Hernández, alcanzó también a la parroquia Inmaculada Concepción. Del operativo tomaron parte además personal de la Agencia de Investigación Científica y el jefe de la Departamental de Intendente Alvear, comisario Cristian Navarro.
Pero para entonces Padilla ya no estaba en La Pampa: se había mudado a San Luis.
Los intentos por conseguir su vuelta a La Pampa para someterse a pericias habían sido vanos. Hasta ahora.
De acuerdo a lo que reportó el diario La Arena, en los últimos días el cura Padillo volvió y acudió a los Tribunales de General Pico.
El cura, que fue rector del Instituto Nuestra Señora de Luján de Intendente Alvear, acudió a la sede de la Justicia de General Pico «hace unos días, donde se sometió a una pericia psicológica, que le practicaron las psicólogas de la Oficina Judicial», según publica el periódico pampeano.
Esa pericia fue una de las pruebas que fue ordenada durante la audiencia de formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria, en noviembre de 2019. Sin embargo, la producción de esta medida de prueba se demoró en los meses siguientes, y luego más aún cuando se desató la pandemia de Covid-19.
Padilla se fue de La Pampa, se radicó en San Luis, y eso retrasó aún más el trámite. Recién casi un año y medio más tarde, se pudo llevar a cabo la pericia psicológica, y la Fiscalía esperaba el informe final de la profesional que atendió al imputado para incorporarlo al expediente. En esta etapa del proceso, el denunciante, un ex seminarista, ya había pasado por una instancia similar.
Fuentes ligadas a la causa, indicaron que la fiscala Ivana Hernández, quien lleva adelante el caso, podría elevar la acusación formal contra Padilla en las próximas semanas. Luego que ello ocurra, y de no haber oposición de la defensa, se programará el juicio oral contra el imputado.
«Después de tanto tiempo que al fin se haya hecho la pericia para mí es mucho», dijo a Vicente Suárez Wollert a Entre Ríos Ahora. «Y destraba el avance de la causa, ya que si no era imposible avanzar», agregó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora