La posibilidad de la instalación de una cárcel en la ciudad de Santa Elena, en el departamento La Paz, reavivó un debate que parecía cerrado en la comunidad: ¿es una fuente de trabajo ‘genuina’ para un pueblo que vio el esplendor y el ocaso de un frigorífico que exportó productos al mundo? Esa respuesta fue contundente en 2004: maestros, estatales y estudiantes dijeron “no a la cárcel”. Fue una Multisectorial la que organizó diferentes acciones en rechazo a la iniciativa del entonces gobernador Jorge Busti y el intendente de la localidad, Domingo Daniel Rossi.

Hoy, a 12 años del fallido intento de construir la unidad penitenciaria, la idea fue reflotada por otras figuras de la política provincial. Sin embargo, los recuerdos de los mentores del proyecto llegan fragmentados, aún en épocas en donde la información abunda en Internet. De aquel entonces se suelen recordar las declaraciones de Busti y Rossi, quienes llegaron a poner el proyecto en instancias de licitación, como recordó Entre Ríos Ahora el pasado 26 de octubre. Pero hubo más funcionarios de esos tiempos que impulsaron el resistido proyecto. Entre ellos se encontraba Sergio Urribarri, quien en ese momento era ministro de Gobierno, Justicia y Educación bustista. En 2004, la sociedad Busti-Urribarri era firme, al igual que la idea de levantar un penal en la localidad costera.

En el Archivo General de la Provincia “Guillermo Saraví”, en cuidadas carpetas, se encuentran los artículos periodísticos que registraron aquel primer intento de construir una cárcel en Santa Elena. “Según Urribarri es ‘irreversible’ la decisión de construir una cárcel”, tituló El Diario el viernes 8 de octubre de 2004. Allí, Urribarri, que era una de las principales espadas del gabinete de Busti, aseguraba que “todo el mundo quiere a los delincuentes presos, pero nadie quiere cárceles en su ciudad por lo que esta vez la decisión política de ubicar la cárcel en Santa Elena es irreversible”. En el párrafo siguiente, el artículo recordó que Urribarri había manifestado públicamente que se tendría en cuenta la opinión de los habitantes para decidir la instalación de la cárcel. Al parecer, el cambio de discurso ya era una característica del actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia.

El sábado 9 de octubre de 2004, un nuevo artículo informa de lo que ya era un conflicto que se expresaba en la ruta. “La Multisectorial se movilizó hasta la entrada de Santa Elena”, fue el titular de El Diario de ese día. En el mismo se informó que la organización que agrupó a sindicatos y vecinos protestó en la ruta nacional 12, en inmediaciones de El Quebracho “para rechazar el emplazamiento de la cárcel en esas tierras”.

En la noticia se menciona que la Multisectorial emitió un comunicado en el que reclamaron “respuestas concretas al 82% de desocupación y al hambre”. Además, se encuentran unas duras declaraciones de Busti, quien un día antes del corte afirmó: “quieren crear la dicotomía cárcel o frigorífico, tienen una dicotomía mental”.

José Carlos Halle aparece respaldando la iniciativa oficial en un artículo del lunes 11 de octubre. En 2004, el actual titular del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), era el secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. “La cárcel se va a hacer en Santa Elena”, fueron los dichos de Halle, hace ya 12 años.

En más de una década, no sólo los polémicos proyectos siguen en carpeta, sino también los apellidos del poder. Actualmente, otro Urribarri tiene el control del ministerio de Gobierno. Se trata de Mauro, el hijo del ex gobernador y hoy presidente de la Cámara Baja provincial. El apellido Urribarri ya no goza de las luces de tiempos pretéritos. Las causas por presuntos hechos de corrupción durante la gestión urribarrista se acumulan en el Ministerio Público Fiscal.

Sergio Urribarri es investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de la denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet; por posible fraude por gastos de la Cumbre de Presidentes del Mercosur y por la contratación directa a empresa vinculada a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Además, los ojos de los agentes judiciales también se posaron sobre los casi $30 millones que la administración de Urribarri le pagó a la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Facundo de Vido, hijo del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el exmarido de la conductora de TV Susana Gimenéz, Jorge “Corcho” Rodríguez.

Patricio Yedro y Santiago Brugo son los fiscales que investigan a la familia y allegados por contrataciones directas entre 2010 y 2015 a una firma vinculada a Aguilera, quien también fue secretario del Senado y coordinador de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

Juan Malvasio, otro de los acusadores públicos, sigue de cerca contrataciones y negocios poco claros con fondos del Estado. Como es conocido, el fiscal investiga si existió abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación en perjuicio del Estado Provincial, en las contrataciones realizada por la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur (UOCM), en el marco de la organización de la Cumbre de Presidentes realizada en Paraná, en diciembre de 2014. La UOCM fue creada por Urribarri el 20 de octubre de 2014 mediante el decreto N° 3.615.

Los funcionarios involucrados en el festival de contrataciones son: Felix Céspedes, quien fuera el titular de la UOCM; Gustavo Tórtul, director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, quien ofició de coordinador contable del comité; y Alicia Feltes, quien fue coordinadora de dicha Unidad Operativa, hoy es titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

En la mira están las empresas constructoras Cemyc SRL, Antonio Caballi SA, del empresario Miguel Marizza, Szczech & Szczech SA, Organización Integral Constructora SA (Oicsa), y Luis Losi SA.

Así las cosas, el futuro de Urribarri y compañía podría ser irreversible si la justicia avanza con sus investigaciones.

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.