Por Pablo Álvarez Miorelli (*)
Una de las cuestiones que, a lo largo de recorrer la prPvincia con diferentes espacios de capacitación, siempre se reitera cuando se plantean procedimientos e intervenciones protectivas de las infancias y adolescencias es: «¡Sí, pero el Copnaf no hace nada, meses para que contesten un informe, meses para que asistan a un niño violentado!» .
Esto viene de tiempo atrás y se agudizó en esta gestión y es evidente.
Hoy, trasciende que funcionarios de Copnaf están denunciados por el delito de abuso, promoción y facilitación de corrupción en perjuicio de una niña a quien debían proteger.
Todo sigue como si nada. el poder político, inconmovible ante lo que debería ser un sacudón de escarmiento. Cuando a la expresidenta del Copnaf (Marisa Paira), hoy devenida en ministra de Desarrollo Social, se la designa desde estos mismos espacios señalamos que había situaciones de mal funcionamiento.
Por supuesto que nos saltaron los parasitantes de gestión. Un poco más, y éramos golpistas después de que el Gobernador arrasase en las urnas. Hoy, el tiempo nos dio, lamentablemente, la razón. El Copnaf no está atendiendo a las víctimas, no está a la altura de las circunstancias.
¿Nadie sabía nada? ¿Después de que Unicef Argentina publicó los datos de violencias y abusos sexuales a la infancia, ¿nadie advirtió que eso ocurre en Entre Ríos? ¿Nadie? De todos los integrantes del Copnaf, ¿nadie?
Hace unos días una niña prostituida reconoce en el proceso a uno de sus prostituyentes, nada más ni nada menos que un funcionario de la justicia, mejor dicho del Poder Judicial, porque de Justicia, poco y nada.
Cuando los docentes realizamos informes y activamos protocolos de actuación, cuando nos asumimos como agentes de Estado, esperamos que los y las funcionarias del Gobierno actúen en consecuencia.
Hoy eso no ocurre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el silencio cómplice con los perversos que lastiman a quienes deben proteger?
¿Hasta cuándo se continuará arriesgando aún más a las infancias ya de por sí violentadas?¿Hasta cuándo el disfraz de garantes de derechos, cuando en realidad los vulneran por acción o por omisión? ¿Hasta cuándo?
(*) Pablo Álvarez Miorelli es docente.