El vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno, fue apartado de intervenir en la causa en la que se discute la constitucionalidad de la Ley de Emergencia Solidaria, Nº 10.806, aprobada el 2 de julio de 2020 por la Legislatura entrerriana e impulsada por el gobernador Gustavo Bordet.
En rigor, el vocal se excusó de intervenir en el expediente iniciado por cuatro sindicatos del Estado que acudieron con un recurso para que la Justicia declare inconstitucional la Ley. Su decisión fue avalada por los demás vocales del STJ en una resolución fechada el 15 de abril.
Según la resolución a la que accedió Entre Ríos Ahora, el motivo del apartamiento fue que se ve comprometida su imparcialidad, ya que es pareja de una jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná que intervino en la causa en la instancia anterior.
Ley de Emergencia: Vocal de… by Entre Ríos Ahora
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reprocharon cuatro artículos clave de la norma: los que aplican recortes salariales a los pasivos, crean un aporte extra a los activos y suspende la aplicación de la discusión paritaria salarial.
El 8 de septiembre del año pasado, el juez en los Civil y Comercial Nº 9, Luis ángel Moia, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar planteada por los sindicatos y dispuso «la suspensión de la aplicación del artículo 6° de la Ley 10.806 respecto de la totalidad de los trabajadores de la educación pasivos, pasivos de la administración pública provincial y municipal».
Ley de Emergencia: un fallo cuestionado, excusaciones y la intervención del STJ
Dicho artículo establece que durante la Emergencia se apliquen «aportes solidarios extraordinarios» a los jubilados «con destino a cubrir el déficit previsional»:
Monto total beneficio Nominal en $ – aporte %
- a) desde 75.001 a 100.000 – 4%
- b) desde 100.001 a 200.000 – 6%
- c) desde 200.001 a 300.000 – 8%
- d) más de 300.001 – 10% .
Los gremios apelaron el fallo, ya que no contempló todos los artículos –faltaron el 4º y el 5º-. El 10 de septiembre, Moia les denegó el recurso. Además, contra esa resolución el Gobierno de Entre Ríos y la Caja de Jubilaciones y Pensiones presentaron un recurso de queja ante la Sala I de la Cámara II de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná.
El 3 de noviembre de 2020, las juezas María Andrea Pereyra, María Andrea Morales y Norma Ceballos declararon la incompetencia para entender en el recurso y remitieron el caso para su resolución por parte del pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Cuando las actuaciones llegaron al STJ, el vocal Germán Carlomagno se excusó de intervenir por ser familiar directo (cónyuge) de la jueza Ceballos. Por esa razón, los vocales Bernardo Salduna, Claudia Mizawak, Susana Medina, Miguel Ángel Giorgio y Emilio Castrillón hicieron lugar a la petición de excusación ya que “se encuentra en juego la ética pública” y que se “compromete la imparcialidad del magistrado”, quien “podría verse impedido de desenvolverse de manera imparcial como miembro de este Alto Cuerpo”.
De modo que ahora, el pleno del STJ, sin Carlomagno, delibera sobre la presentación del Gobierno y la Caja de Jubilaciones que buscan que se revoque la cautelar de primera instancia que le dio la razón, parcialmente, a los gremios.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora