El vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, impugnó el pliego del fiscal interino de La Paz, Facundo Javier Barbosa, como Agente Fiscal Nº 2 de la ciudad de Gualeguay. El escrito fue presentado este viernes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que abrió el período para recibir adhesiones e impugnaciones a designaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial.
Castrillón impugnó el expediente 13.927, de Barbosa, puesto que fue el fiscal de La Paz que tomó intervención en la investigación por el hecho ocurrido el 28 de marzo último en un kiosco de esa localidad, que involucró al vocal del alto cuerpo que enfrenta por estas horas un pedido de juicio político.
Según publicó Análisis, el requerimiento se funda en que “dolosamente falseó datos en la documentación correspondiente al vehículo de su propiedad”, del cual da los detalles, “con fines ilegítimos que el mismo debe conocer (fiscales o de otra índole)». «El hecho es de fácil constatación y por estar incurso en una conducta punible, no revela la idoneidad mínima necesaria para el cargo a que aspira”, subrayó.
Escándalo: el vocal Castrillón se cruzó con un kiosquero en La Paz
Y advirtió: “Además de eso, el mismo vehículo antes descripto conforme numerosos testigos presenciales estaba en el lugar del hecho ocurrido en la ciudad de La Paz el día domingo 28 de marzo del corriente año en horas de la madrugada y que el mismo investiga, teniendo al suscripto como imputado”, dijo, refiriéndose al hecho ocurrido en el mencionado kiosco.
“Según surge de la prueba que obra en sede penal y que oportunamente se acompañará, dejó el mismo rodado abandonado”, agregó. “Como si esto fuera poco su padre y su hermano”, dijo, “también estaban participando activamente del hecho, presuntamente consumiendo alcohol en el lugar, ubicado en calle Sáenz Peña y Belgrano de la ciudad de La Paz como lo constató la autoridad policial y lo declararon numerosos testigos, desconociendo las mandas que en razón de la pandemia, como es hecho público y notorio, impedían reuniones sociales en lugares públicos, ya que figuran sus nombres en el LP que desde ya dejo ofrecido como prueba”.
Seguidamente, ofrece una serie de nombres como testigos “que podrán ampliar los detalles si esa comisión lo estima pertinente”.
“Elementales razones jurídicas y de sentido común indican que debió excusarse en los términos del art. 60 del CPP, en su concordancia con el art. 38 del CPP, (inc. b, c, d) por carecer de imparcialidad y objetividad, requisitos indispensables para desarrollar el cargo. El no haberlo hecho lo coloca también ante la comisión del posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dijo además.
En ese marco, Castrillón solicitó a la comisión “tenga por presentada impugnación formal en tiempo y forma y oportunamente no preste acuerdo” a Barboza, “y dése intervención a la autoridad competente para investigar el ilícito por el presente denunciado”. También requirió que se agregue el LP mencionado, se llame a prestar declaración a las personas que detalló, y “mande a producir la prueba pertinente en relación a los datos relacionados con el vehículo” cuyo dominio acotó.
Caso Castrillón: duras críticas de la Asociación de la Magistratura
Las versiones sobre los hechos en La Paz
Como contó Entre Ríos Ahora, dos comerciantes y un empleado de un kiosco de La Paz, ciudad ubicada a 165 kilómetros de Paraná, denunciaron por daños y amenazas a Castrillón, quien la madrugada del domingo 28 de marzo protagonizó un escándalo en el local ubicado en calle Sáenz Peña y Belgrano, lindero a su casa.
El magistrado hizo saber a los medios su versión de los hechos: que cerca de las 2 solicitó al dueño del comercio que baje el sonido de la música y que, ante la negativa, la discusión subió de tono y terminó siendo golpeado por cuatro personas. Además, aseguró que en el lugar había cerca de 300 personas que no cumplían los protocolos sanitarios por la pandemia.
Castrillón dijo que en las primeras horas del domingo salió de su casa y «fui directamente a pedirle al que estaba en el kiosco, que no sabía quién era y resultó ser empleado –no el dueño-, que me contestó mal y me dijo que la música no era de ellos”. Eran las 1,45 del domingo y quien lo atendió en el kiosco “tenía los ojos hinchados, no sé si de alcohol o de otras sustancias”.
El vocal del STJ aseguró, en declaraciones al programa A quien corresponda, de Radio de la Plaza, que en ese momento “estaba enojado, no excesivamente” pero ingresó al lugar “para exigir que bajen la música”. Al respecto, agregó: “Cuando yo entré en el lugar, el empleado quiso dar vuelta al mostrador para correrme, y ahí le puse un exhibidor en el camino para poder salir sin que me agarre. Al salir, me caí en unos escalones y ahí me patearon en el piso entre tres o cuatro, me fisuraron tres costillas, me lastimaron todos los brazos. Me trastabillé, caí en la vereda y ahí me patean en el piso hasta que me levanté y salí”.
En tanto, Mariano Lukacs, dueño del kiosco, refirió en sede policial que alrededor de las 1,44, cuando se encontraba trabajando en el maxikiosco “El Kioscaso”, del cual es dueño, “se hizo presente el señor Emilio Castrillón y sin dar motivo empezó a voltear las góndolas del negocio, tirándole una botella de cerveza al empleado que se encontraba atendiendo”.
Además, aseguró que al vocal “lo sacaron a la fuerza” y que “en el exterior comenzó a amenazarme con quedarse con toda la esquina la cual es propiedad de la familia y amenazando en prender fuego la esquina”. “Lo llevé a los empujones hasta la casa, la cual está a 20 metros, hasta que llegó la policía. También me amenazó diciendo ‘hagan la denuncia, total yo soy el dueño de la ciudad’”, completó.
El pliego de Barbosa
El pliego del fiscal, remitido a la comisión de Acuerdos del Senado, indica que Barbosa nació el 10 de mayo de 1985, en Santa Fe; que se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 2009, y que se especializó en Derecho Administrativo en 2015.
Entre los antecedentes laborales, se menciona que se desempeñó, entre 2010 y 2011, en la Dirección Provincial de Juntas de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos; que entre 2011 y 2013 fue Asesor Jurídico de la Municipalidad de San Gustavo; y que desde 2014 es fiscal interino en la Unidad Fiscal de La Paz.
Además, se añadió que cuenta con Congresos, Jornadas, Cursos y Seminarios de capacitación. Entre ellos, se enumera el «Congreso de Derecho Público, Universidad Nacional del Litoral (2004); el Congreso Nacional sobre la Democratización de la Justicia ‘La sociedad le habla a la Justicia y Derechos Humanos’ (2013); y las XXVIII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos, Universidad Nacional del Litoral (2015)».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.