El expresidente y actual vocal de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Eduardo Castrillón, inició el proceso para acceder a la jubilación. El trámite está fechado el último jueves 29 de abril en la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Ese día, Castrillón decidió iniciar el camino del retiro del Poder Judicial. Cobrará, una vez que acceda a la jubilación, un haber similar al que percibe actualmente en actividad: una cifra que ronda los $700 mil.
La novedad, que la reveló el sitio Análisis Digital, muestra cuál sería la estrategia del integrante del máximo tribunal judicial de Entre Ríos ante el pedido de juicio político en su contra que presentó ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados el periodista Daniel Tirso Fiorotto. ¿El retiro por jubilación lo pondrá a salvo del escarnio?
En un escrito de 34 páginas, Fiorotto fundamenta su solicitud en una serie de hechos y situaciones atribuidas a Castrillón, en las que el juez habría incurrido en “mal desempeño”, sea por “violencia de género”, en varios casos, como también por “reiteradas conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, autocontrol, decoro, deferencia, circunspección y compostura para el ejercicio de sus funciones como miembro del Superior Tribunal de Justicia”.
Ingresó en Diputados un pedido de juicio político a Castrillón
La Comisión de Juicio Político de Diputados admitió la denuncia y le corrió vista a Castrillón, que había anunciado que quería exponer en forma presencial una vez que le dieran el alta de Covid-19 -este lunes concluyó su aislamiento- y que presentaría 30 testigos en su defensa. El magistrado relativizó las acusaciones en su contra, comparó la respuesta de la Justicia en casos similares en los que se lo acusa y se refugió en la causa por la batahola que se registró en su ciudad, La Paz, el domingo 28 de marzo, con la denuncia de un comerciante en su contra por agresiones. Castrillón reprocha la actitud del Ministerio Público Fiscal -es enemigo declarado del jefe de los fiscales, Jorge García- y se disculpa de sus modos y lenguaje barriobajero, que le reprocha, entre otros asuntos, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial. «Es cierto mis modales y mi lenguaje son del norte entrerriano», asegura.
Dice que tuvo un trato indolente de parte del propio Poder Judicial en ese caso, que se creyó en la versión del comerciante -al que increpó por el volumen alto de la música que tenía en su kiosco, aunque las versiones sobre el incidente son contrapuestas- y que no se atendió la denuncia que formuló por los golpes y heridas que tuvo. «Me cagaron a palos», resume.
Pero la denuncia en su contra incluye un largo listado de hechos y situaciones que empañan su actuación como magistrado del STJ. Castrillón estuvo denunciado por la vocal Susana Medina, integrante de la Sala Laboral, por violencia de género. El juez dice haber resuelto ese entuerto con una disculpa pública.
En medio del proceso de juicio político, Castrillón decide iniciar la jubilación.
Antecedente
El último caso de un vocal del STJ sometido a juicio político es el del exintegrante de la Sala Penal Carlos Chiara Díaz, que fue denunciado en 2016 ante la Comisión de Juicio Político. Chiara Diaz fue sometido a proceso. Pero el miércoles 15 de febrero de 2017, y después de 60 días de tramitación, el caso devino abstracto. Antes de ser acusado por la Cámara de Senadores, el magistrado presentó su renuncia.
El abogado Carlos Reggiardo presentó una denuncia contra Chiara Díaz por mal desempeño de su función. El 23 de noviembre de 2016 la Comisión de Juicio Político consideró que la acusación reunía los elementos para comenzar a investigar.
La Comisión, entonces integrada Diego Lara (presidente), Rosario Romero, Pedro Báez, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán, Ángel Vázquez, por el Frente para la Victoria; Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola, Esteban Vitor, por Cambiemos; y Gustavo Zavallo, por el Frente Renovador, empezó a producir medidas de prueba y llamó a declarar a Chiara Díaz, que fue el 1° de diciembre de 2016, en aquella intervención en la que cargó tintas sobre la por esos días presidenta del STJ, Claudia Mizawak, a quien calificó como la “reina de los viajes”.
“Yo no soy un delincuente. Hay muchos de los que figuran en estas actuaciones que sí lo son, que tienen condena firme, y que a lo mejor no les importa que se les diga una cosa u otra. A mí sí me importa”, fue otra de las frases que lanzó Chiara Díaz en su descargo.
Días después de la altisonante defensa de Chiara Díaz, el 5 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos emitió un comunicado en el que informaron que no realizarían declaraciones “con el fin de no interferir con el trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ni con la defensa del vocal investigado”. “Una vez finalizado este proceso se harán públicas las aclaraciones institucionales o personales que se estimen convenientes”, agregaron.
Por unanimidad, la Comisión de Juicio Político de Diputados decidió enjuiciar al vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz. La acusación fue por haber cobrado viáticos para realizar tareas que nada tienen que ver con la función de juez y por las reiteradas ausencias de su lugar de trabajo, que habrían atentado contra el servicio de justicia.
Pero el proceso de juicio político no concluyó.
El miércoles 15 de febrero de 2017, el Senado, convertido en Corte de Justicia –la primera vez que un proceso de juicio político alcanzó esa instancia– , con la renuncia de Chiara Díaz a su cargo de vocal dispuso el fin de la tramitación “al haber devenido abstracto su tratamiento y resolución”.
En forma paralela al cierre del proceso de juicio político, había iniciado su jubilación ante la Caja de Jubilaciones. En ese mismo año 2017 accedió al beneficio.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora