El 30 de abril, el gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto N° 894 a través del cual ratificó un anuncio que hizo el 15 de febrero último ante la Asamblea Legislativa: completar el 1° de aumento de aportes por los afiliados activos al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). De ese modo, el aporte patronal pasó durante su gestión del 4% al 5%.

El 10 de mayo de 2017, el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 970  mediante el cual estableció en un 4,5% la contribución patronal al Iosper desde el 1º de marzo a cargo del Estado provincial, municipalidades, entes descentralizados y autárquicos, empresas del Estado “y todo otro organismo existente o a crearse dependiente del Estado provincial o municipal, aplicable a todas las remuneraciones de sus funcionarios, empleados y agentes en actividad”.

Decreto Aporte Iosper by Entre Ríos Ahora

 

Hasta entonces, el aporte estatal por los activos era del 4%. Desde 2017 se ubicó en el 4,5%. Por los jubilados, se mantuvo en el 2%.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, en 2021, Bordet anunció que aumentará otro 0,5% el aporte patronal por los activos al Iosper, llevándolo del 4,5% al 5%.

“Lo hacemos para cumplir con un derecho que nunca debió ser quitado, para garantizar la salud de los entrerrianos”, dijo Bordet.

Ese anuncio, para Iosper, supondrá unos $23.000.000 mensuales aproximadamente, y ya forma parte de la oferta que la obra social hizo a los prestadores para incrementar los aranceles.

Como contó Ente Ríos Ahora, Iosper soportó durante la década de 1990 y por aplicación de la Ley de Emergencia, una reducción del aporte estatal por los jubilados, que pasó del 4% al 2%. Con esta medida del Poder Ejecutivo, sólo suma un 1° de aporte por los activos. Pero se mantiene aquella merma sobre el aporte de los pasivos.

La «restitución» al Iosper: la historia de un recorte

 

En 1995, durante el gobierno de Mario Armando Moine (PJ), la Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley N ° 8.918, que declaró el «estado de emergencia económica» en los tres poderes del Estado durante un plazo de 2 años, que, entre otras medidas, aplicó recortes en los salarios de empleados públicos, creó aportes extraordinarios para sostener el sistema previsional, suprimió el ingreso de agentes a la Administración e instrumentó un plan de reforma que incluyó la privatización de empresas como la distribuidora estatal Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER).

El 8 de marzo de 1996, ya bajo la administración del sucesor de Moine, Jorge Pedro Busti, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), por esos años bajo intervención del Poder Ejecutivo, dictó la resolución N° 296, por la que dispuso “fijar en un 2% el aporte patronal a cargo del Estado provincial aplicable sobre los beneficios previsionales que perciben los jubilados y pensionados, y todo otro beneficio existente sujeto a aportes o que se incorpore a partir de la presente”. La medida significó la pérdida del aporte del 4% que recibía la obra social de parte del Estado por los afiliados jubilados.

La medida se apoyó en la vigencia de la Ley de Emergencia N° 8.918  y por cuanto la “situación imperante en materia económica y financiera de la Provincia ha llevado a todas sus reparticiones y entidades, incluso a Entes Autárquicos y descentraliados, a tomar medidas restrictivas acordes con el espíritu de la Ley citada”.

En ese marco, la intervención de Iosper, y en función de que se consideró “que debe establecerse una reducción del 2% en el porcentaje del aporte patronal a cargo del Estado Provincial aplicable sobre los beneficios previsionales que perciben los jubilados y pensionados, y sobre todo otro beneficio sujeto a aportes” dispuso ese recorte.

A través del decreto N° 1.276, firmado el 2 de mayo de 1996 por el exgobernador Busti, el Poder Ejecuivo refrendó lo resuelto por la obra social de reducir de 4% a 2% el aporte patronal por los pasivos al Iosper.

El 26 de agosto de 1999, Busti firma el decreto N° 4.444  mediante el cual se dispone la continuidad de la “reducción del 2% dispuesta por decreto N° 1.276” del aporte patronal a cargo del Estado provincial.

Dos años antes, el 25 de agosto de 1997, el exgobernador había refrendado el decreto N° 2.550 por el que prorrogó por dos años la vigencia de la Ley de Emergencia Económica sancionada durante la administración Moine.

En 2021, ninguno de todos los artículos de aquella Emergencia siguen vigentes -ni siquiera la invitación contenida en aquella norma de 1995 para que los jueces aplicaran recortes en sus abultados sueldos-, a excepción de un apartado particularísimo: la decisión de reducir del 4% al 2% el aporte que realiza el Estado por los jubilados a la obra social Iosper.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora