Las autoridades del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) prometieron una solución y el pago de las sumas adeudadas al empleado Aníbal Ortiz, que este martes se encadenó en la sede central del organismo para exigir que se les liquiden los sueldos adeudados. Ortiz, empleado del Casino de Federación, solicitó a través de su gremio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), licencia gremial, pero el Iafas se la otorgó sin pago de haberes.
Entonces, Ortiz acudió a la Justicia con un amparo sindical que primero rechazó la titular del Juzgado Laboral N° 4, María Alejandra Abud, sentencia que revocó luego la Sala II de la Cámara Tercera del Trabajo «por contradictoria y absurda». En su voto, el vocal Guillermo Leopoldo Federik -al que adhirieron Guillermo Fernando Bonabotta y Emilio Luján Matorras- consideró que «la sentencia en crisis se ha apartado de las pruebas rendidas, no valorándolas adecuadamente, conforme la normativa legal vigente, ya que si bien refiere al artículo 3° del Decreto 1318/96, no analiza el mismo a la luz de las probanzas aportadas, ya que da por sentado, sin ninguna prueba que respalde su criterio, que existen en el Iafas más de 2 dirigentes gremiales con goce de licencia gremial paga, y en base a ello entiende como no aplicable al actor el derecho que le otorga el artículo 3° del pre citado decreto».
La sentencia se dio en el marco de la causa «Ortiz Héctor Anibal c/Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas). Amparo Sindical s/Sentencias definitivas. Sumarísimo». El tribunal de alzada intervino en la apelación que interpuso el delegado de ATE el 5 de febrero último contra la sentencia dictada por la titular del Juzgado del Trabajo N° 4 de Paraná, que desestimó una acción de amparo sindical interpuesto contra la decisión de Iafas de negar licencia gremial paga a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por cuanto «no se darían los supuestos de excepción que contempla el artículo 3 del Decreto 1318/96».
El N°1.318/1996 es una norma reglamentaria interna dictada por el Poder Ejecutivo Provincial, dentro de sus facultades y dirigida a reglamentar, «de manera más favorable, el derecho que le asiste a los empleados públicos de la Provincia de Entre Ríos, en el marco de lo reglado por el artículo N° 48 de la Ley N° 23.551 (de Asociaciones Sindicales), por lo que no abarca al universo de todos los empleados amparados por la Ley Nacional, sino solamente a aquellos que se encuentren vinculados por una relación de empleo público con el Estado Entrerriano, y si bien el universo de beneficiarios del decreto es amplio, se trata de un beneficio adicional, de carácter excepcional, solo para los trabajadores que dependan del estado provincial, es decir para aquellos trabajadores que tienen relación de dependencia con el propio Estado emisor de la norma».
Esa norma provincial, agrega el fallo de la Cámara, «no contradice la Ley Nacional, sino que amplia en su alcance, manteniendo incólume el espíritu protectorio original, ya que en su artículo 3° establece un mejor beneficio para los solicitantes de licencia gremial, siempre que se trate de empleados dependientes del estado provincial, concediéndole la misma con goce de haberes, ampliando el derecho que le otorgaba la Ley nacional, pero sujetándolo a este beneficio extra, a una condición limitativa en su cantidad, cual es que los agentes que accedan a dicho beneficio adicional, no superen la proporción de 2 agentes por cada 1.000 afiliados a cada entidad gremial comprendida en dicho decreto, lo que excedan de ese número, no se les desconoce el derecho a la licencia gremial, sino que la misma será sin goce de haberes, conforme lo establece la norma nacional, de allí la denominación de
excepcional que se menciona en la sentencia».
Pero a pesar del fallo judicial, Iafas no abonaba los salarios al trabajador, que entonces decidió exigir una solución encadenándose en la sede central del organismo.
«Durante el reclamo del compañero, con el acompañamiento de Mariana Luján, integrante de la conducción provincial de ATE, y de afiliados a nuestro sindicato en el Instituto, las autoridades activaron el trámite y se comprometieron a hacer efectivo lo adeudado en el transcurso de la semana. Es lamentable que un gobierno que se define como perteneciente al campo popular no respete una orden judicial que defiende los derechos de los trabajadores», dijeron desde el sindicato.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora