“Si se va a gastar el dinero de los paranaenses en expropiar ese terreno, deben ser los paranaenses en su conjunto quienes lo decidan”, sostuvo Armando Sanchez, presidente de Políticas para la República y quien fuera candidato a intendente en 2019. “Estamos en un contexto de extremas necesidades, de pocos recursos tanto en el sector público como en el privado, entonces hay que preguntarle a la ciudadanía si este gasto es la prioridad que tenemos”, señaló.
De ese modo, el dirigente se refirió al proyecto de ordenanza que ingresó este martes en el Concejo Deliberante de Paraná, con la firma de los concejales oficialistas Sergio Ganetto, Sergio Elizar y David Cáceres, que impulsa la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de los terrenos lindantes al Patito Sirirí, de propiedad privada y que salieron a la venta en 2020. Se trata de los terrenos delimitados por las calles Gregoria Matorras de San Martín, al Este; Manuel Alberti, hacia el Sur; Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955, al Noreste y Av. Laurencena al Norte.
Los ediles oficialistas se amparan en legislación local y aseveran que de avanzarse con el proyecto inmobiliario que se pretende concretar «podría poner en peligro la estabilidad de la barranca, generando un impacto urbano y ambiental negativo». Y agregan que ese sector del Parque es considerado por los paranaenses como de uso público. «En el imaginario colectivo, no hay límite alguno entre una porción y otra del terreno. Las y los vecinos se han apropiado históricamente de la zona, dándole la continuidad al Parque, y utilizándolo indistintamente para la recreación, el esparcimiento y la actividad física».
Pero desde Políticas para la República sostienen que la expropiación debe darse sobre la base de la consulta a los ciudadanos. Y que esa consulta «deberá ser convocada mediante un proyecto de ordenanza que deberá ser aprobado por el cuerpo legislativo». Respecto a la viabilidad operativa, desde Políticas para la República, proponen que se aproveche el despliegue logístico de las próximas elecciones nacionales para efectuar la misma, lo cual reduciría los costos que puede traer ejecutar este instrumento. El antecedente más reciente es el de 2005, cuando junto con las elecciones también legislativas de ese entonces se hizo respecto a la reforma constitucional que luego tuvo lugar en 2008. También en 2016 desde el Bloque del PJ en el Concejo Deliberante de la ciudad, se buscó, sin éxito, impulsar una consulta popular en torno al Nuevo esquema de circulación en calles céntricas de la ciudad, que estaba implementando la gestión de Sergio Varisco.
«El proyecto de expropiación confirma la propiedad privada de los terrenos, cosa que hace un año no era tan clara», aseguran. Sin embargo, desde Políticas para la República afirman que más allá de que se trate de un terreno privado, «el destino que pueden tener estos, está limitado por la legislación vigente, ya que según el Código Urbano de Paraná, este sector está catalogado como ´Área de la Costa´, siendo un distrito no reglamentado en sus aspectos constructivos ni de usos permitidos y por ende, no se puede ejecutar nada sin la aprobación de la Comisión Asesora del Código Urbano y del Departamento Ejecutivo Municipal».
“La llave para que algo ocurra o no en esos terrenos la tiene el municipio, ya que nada se puede hacer ahí sin la autorización del Ejecutivo Municipal”, afirmó Sánchez y se preguntó: “Si nada se puede construir ahí sin aprobación y la decisión es que este lugar debe ser preservado, eso abre preguntas importantes, ¿por qué diferentes administraciones anteriores, incluso compuestas por funcionarios que están hoy en funciones, como por ejemplo el arquitecto Federik, han habilitado el loteo del terreno en su momento? ¿Cuánto vale un terreno con una excelente ubicación pero en el cual no hay certeza de lo que se podrá construir allí? ¿Quién invertiría en unos terrenos con esas limitantes? ¿Acaso frente a esto, no le estaremos haciendo un favor a los propietarios que pretenden vender los terrenos?”.
También Sánchez mencionó que todos los paranaenses han visto cómo con el correr de los años fue el Estado, quien se ha encargado del mantenimiento de esos lotes, “Si bien no se puede considerar que el lugar es un espacio público de calidad, ya que no cuenta con infraestructura, veredas y otros elementos necesarios, hemos visto cómo ha sido el municipio quien ha estado al frente de las tareas de mantenimiento y parquización”, subrayó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora