La puesta en marcha de una Oficina Anticorrupción municipal fue un anuncio fuerte del actual gobierno de Paraná. Junto con la palabra honestidad, fue un eje sobre el que el intendente Sergio Varisco asentó buena parte del discurso de asunción, de diciembre pasado. Y en ese marco, reafirmó la decisión de crear una Oficina Anticorrupción, donde los ciudadanos puedan plantear “cualquier sospecha” en el manejo de lo público.
En el Concejo Deliberante, la iniciativa de instaurar el organismo surgió en la primera parte del año desde el bloque de la segunda minoría, UNA-Frente Renovador.
La concejal Silvina Fadel es la autora de un proyecto de ordenanza de conformación en el ámbito de la ciudad de Paraná de una Oficina General Anticorrupción Municipal. Pero la iniciativa no avanzó, quedó estancada en la comisión de Legislación, donde debía ser analizada y los concejales participantes debían emitir dictamen.
Nada de eso ocurrió, según señala Fadel, y la iniciativa terminó pasando al archivo en la sesión del 20 de octubre pasado debido al vencimiento de los plazos para su tratamiento, fijados por el reglamento del Cuerpo.
No se trató en comisión, asevera la autora del proyecto, que enmarca el fracaso en dos cuestiones: por un lado, en un sesgo de mezquidad por el hecho de que se trató de una iniciativa promovida por la segunda minoría, compuesta por sólo dos ediles: ella y Luís Díaz.
Y por el otro, en la asistencia discontinúa de concejales al trabajo de comisión.
Lo cierto es que ahora, dice Fadel, debe esperar un año para insistir con el proyecto. Es que, de acuerdo al Reglamento interno del Concejo, los proyectos de ordenanza deberán tener tratamiento por parte del Cuerpo dentro de los sesenta días hábiles de ingresados al mismo. En el caso de aquellos que por sus características necesiten de un estudio o dictamen técnico particular, podrá prorrogarse el plazo fijado, solo por treinta días más. Vencido el plazo, la Secretaría del Concejo Deliberante dará cuenta de la situación, debiendo resolverse en la primera Sesión Ordinaria posterior a la expiración del lapso de tiempo en cuestión.

En resumen, el proyecto en cuestión transitó sin éxito los noventa días hábiles estipulados por el reglamento para ser tratado en comisión.
Y así terminó en el archivo.

Qué proponía el proyecto

La propuesta de Fadel consta de ocho capítulos y 58 artículos, a lo largo de los cuales fija pormenorizadamente las características de la oficina, su funcionamiento, alcance, procedimientos y elección de las autoridades. Se plantea un organismo con autonomía funcional, como ente autárquico, dirigido por fiscales.
Dicho ente tendrá como objeto “velar por la prevención, investigación, sanción y exigir la reparación de las conductas antijurídicas y que contraríen con el cumplimiento a la legislación vigente en materia de corrupción por parte de los agentes públicos, funcionarios públicos, empresarios y particulares”.
Y fija que el ámbito de aplicación comprende a: la Administración Pública Municipal, Entes Centralizados y Descentralizados, Entes Autárquicos, Sociedades donde haya participación y/o vinculación de cualquiera de éstos.
La edil fundamenta la propuesta en que es obligación de los ediles, en vista de los más de treinta años de democracia, “lograr que aquellos institutos o instituciones que aun no han sido creadas en nuestro Municipio como la conformación de la Oficina General Anticorrupción Municipal, funcionen y cobren la relevancia y utilidad que el ciudadano busca y que el sistema político requiere”.
Pero todo eso, ahora, deberá esperar.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.