El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos se metió en la polémica que se abrió tras la audiencia de recusación de los fiscales que investigan la causa de los contratos en la Legislatura, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y que tuvo su punto más álgido en el cruce que protagonizaron la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata con el defensor de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, Miguel Cullen, que derivó en la decisión de la magistrada de suspender el trámite y advertir al letrado con eventuales sanciones.
La audiencia del miércoles 11 tendrá su resolución el próximo miércoles 18, cuando la magistrada dé a conocer su opinión sobre el planteo recusatorio en el que se endilgó a los fiscales pérdida de «objetividad» en el trámite de la causa penal. Antes, el jefe de los fiscales Jorge García, y la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, habían sido denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento, también por el modo cómo se tramitó la causa de los contratos en la Legislatura.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos marcó posición pública y reivindicó «la independencia de la que gozan jueces, juezas y fiscales en el ejercicio de su función, en el absoluto convencimiento de que la independencia judicial, tanto hacia adentro del Poder Judicial como respecto de los poderes políticos y los medios de comunicación, constituye una garantía y resguardo para todas las personas, organismos y/o instituciones de nuestra Provincia”.
Fiscales recusados: fuerte crítica de la Asociación de la Magistratura
En ese marco, señaló que los procedimientos de recusaciones y enjuiciamiento “de los miembros de la Magistratura y representantes de los Ministerios Públicos no puede tener nunca por objetivo obstaculizar el ejercicio de las elementales funciones que la Constitución Provincial asignó al Poder Judicial”.
Ahora, el Colegio de la Abogacía le respondió a la entidad que nuclea a los magistrados y negó que «el justo ejercicio de la defensa atenta contra la independencia de jueces o fiscales y que sólo se pretende un mejor servicio de Justicia».
«Cabe recordar que fue por las denuncias y las pruebas presentadas por los abogados defensores en la causa “Beckman y otros” -como está caratulada la causa de los contratos, NdelR-, que se logró apartar a una fiscal que era parte de la investigación y compartía bienes jurídicos con uno de los imputados, quien además era amigo personal de su esposo. Algo que fue negado en una audiencia y luego comprobado por pruebas presentadas por los abogados, lo que generó el lógico, pero tardío, apartamiento de la fiscal en cuestión», en clara referencia al apartamiento de la investigación de la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche.
El Colegio de la Abogacía reiteró que «todos los actores del servicio de justicia deben bregar por un servicio de justicia de calidad que respete todas las garantías constitucionales y todas las figuras de nombramientos y de remoción de jueces fiscales. Y se reitera que no se busca ´obstaculizar´ ningún proceso, sino contar una Justicia transparente, ecuánime e independiente».
«En este sentido, y en relación a las audiencias realizadas en la última semana, coincidimos con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos que se debe garantizar la independencia de jueces y fiscales, pero también mejorar muchos aspectos para brindar una verdadera ´garantía y resguardo para todas las personas, organismos y/o instituciones de nuestra provincia´ ”, indicó la entidad que preside Alejandro Canavesio.
“Ha sido una característica de esta gestión apoyar el derecho del ejercicio de la abogacía”, afirmó Canavesio.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora