SA Entre Ríos, la sociedad anónima editora del centenario matutino de la capital provincial, El Diario, otra vez ingresa en aguas turbulentas. En 2018, tras despedir sin indemnización a más de 80 trabajadores, se abrió a un concurso de acreedores.

El proceso se atravesó sin avances concretos que permitieran el salvataje de la firma. Es así que el juez a cargo del expediente, Ángel Moia, abrió una última instancia antes de la quiebra. Se trata del cram down power, una figura inédita para la jurisprudencia vernácula que permite a oferentes pujar por las acciones de la empresa en picada y también gestionar acuerdos con los acreedores.

En esta trama novelesca, apareció un poderoso grupo de medios rosarino pero que lejos de proponer acercamientos, ofertan arreglos a la baja que podrían terminar con una bandera roja ondeando en las propiedades más valiosas de SAER.

 

Parece un cuento de nunca acabar, aunque sin prisa, pero sin pausa, los márgenes para estirar la vida de El Diario son cada vez más estrechos.

Quizás el último capítulo de la historia de uno de los medios más importantes de Entre Ríos comenzó a escribirse en junio de 2018, cuando se ejecutó un despido masivo en tres tandas, que dejó en la calle a más de 80 trabajadores. Fueron echados con cuatro meses de sueldos atrasados y sin indemnización.

Inmediatamente, la empresa, SA Entre Ríos (SAER) se presentó en convocatoria de acreedores e inició un proceso para enderezar el rumbo y así evitar la debacle. Pero el haber tenido asegurada una millonaria pauta oficial no evitó que El Diario llegue a un punto de no retorno. El pasado 26 de julio, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9, Ángel Luis Moia, hizo saber que la empresa no logró alcanzar los acuerdos mínimos necesarios con los acreedores para salir de este proceso preventivo.

 

En todo este lapso, habrá que decirlo, hubo intentonas que no prosperaron. El dueño del grupo del diario El Litoral, Nahuel Caputto, tomó por un tiempo la administración del concurso de SAER. En la formalidad de los papeles, SAER es propiedad en un 66,6% de NEA Capital Creativo SA, cuya cabeza visible es el empresario televisivo de Rosario Ramiro Héctor Nieto. El otro 33,3%  está en manos de la familia Etchevehere, que componen Leonor Barbero Marcial –la viuda de Luis Félix Zahorí Etchevehere– y sus hijos: el ex secretario de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel; Sebastián y Juan Diego, ex delegado de Entre Ríos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

 

Caputto gestionó SAER a través del Estudio Jurídico Prono de la ciudad de Santa Fe con el objetivo de terminar por quedarse con la SA. Pero en el ínterin pasaron cosas que lo hicieron desistir del negocio. Lo que sí logró Caputto fue asegurar una auto transferencia del cobro de facturas por auspicios oficiales en El Diario para a su empresa, Artes Gráficas del Litoral (AGL). Lo hizo a través de Prono, a cuenta del pago por servicios que prestaba, como por ejemplo imprimir los ejemplares del matutino entrerriano en la planta que AGL posee junto a Clarín en Sauce Viejo, a pocos kilómetros de la capital santafesina.

 

Todo el poder a su señoría

Juez Ángel Luis Moia.

 

En esa misma resolución del 26 de julio, el magistrado también abrió un registro de oferentes para la adquisición de las acciones de la concursada. Se trata de un nuevo período en el cual capitales interesados se anotan para el salvataje de la empresa que, a esta altura, ya no pudo arribar a un mínimo de acuerdos que le permitieran salir del concurso. Esta etapa se conoce como cram down power. Es una figura tomada de la jurisprudencia norteamericana e introducida durante el menemismo con el objeto de incorporar otra chance que permita la supervivencia a la firma en crisis.

 

El mecanismo de cram down power otorga “poderes especiales” al juez. Le permite anotar interesados, evaluar propuestas de salvataje, y, llegado el caso, homologar acuerdos de pagos que “la rescatista” pudiera cerrar con el tendal de acreedores que todavía esperan algún pago por lo que le corresponde.

 

Así las cosas, en el último día que cabía la posibilidad de inscripción al registro de postulantes en el cram down, se presentó Gustavo Santiago Scaglione en nombre de Difutec SA, y con el patrocinio legal de Verónica Marina Mulone, peticionó ser tenidos en cuenta como rescatista. Este movimiento vino a poner a la luz algo que en rigor ya había comenzado a operarse en las sombras con aquellas infructuosas búsquedas de acuerdo de pagos que timoneó el estudio de abogados CMS de Rosario, antes que venciera el plazo denominado “período de exclusividad”. Asimismo, el ingreso de Scaglione da cuerpo a las versiones que señalan el interés de quedarse con El Diario del empresario rosarino de medios Orlando Vignatti, que lidera el grupo societario dueño de Ámbito, La Capital y el grupo de los periódicos Uno.

 

El blanqueo de estos nuevos actores en el escenario no torna la resolución más fácil y menos compleja.

 

Para que el cram down power permita sacar a SAER del concurso, una vez que el magistrado acepte a la rescatista –algo que se da por descontado–, se deberá acreditar en el juzgado un mínimo de acuerdos con los acreedores, y para esto tienen 20 días. Las deudas que tiene SA Entre Ríos se dividen en tres grupos: Los “créditos quirografarios”, los “créditos privilegiados” y los “créditos especiales”. Corresponden a tres tipos de compromisos, sean sueldos caídos, indemnizaciones, interés por mora y otras deudas reconocidas por la Justicia. Cada grupo de créditos requiere un piso de conformidades. En el caso de los quirografarios y los privilegiados, la rescatista debe alcanzar una mayoría del 50% más uno del número total de acreedores en cada categoría y el 75% del capital que corresponda en cada rubro para que así Moia pueda homologar los acuerdos para la totalidad de los demandantes. En el caso de los créditos especiales, que se compone básicamente por los montos netos de las indemnizaciones que no fueron honradas, se requiere una conformidad unánime. Es así que en este último caso, de haber un acreedor que no se encuentre conforme con la oferta de pago, puede solicitar la ejecución de bienes y en su defecto pedir finalmente la quiebra de la empresa.

 

Los abogados de CMS de Rosario ofrecían antes que venciera el período de exclusividad un pago del 45% de las acreencias reconocidas por la Justicia. Ahora como Difutec SA, ofrecen un 70%, sin intereses, pagaderos en cinco cómodas cuotas anuales. Aparentemente, la billetera de Scaglione no entiende de razones y se cierra cada vez más. Mientras tanto, el tiempo corre, y la sombra de la bandera de remate crece sobre los bienes inmuebles de SAER: la emblemática sede de Urquiza 1.110, casi intersección con calle Buenos Aires en Paraná (valuada en 2,2 millones de dólares); un galpón en avenida Zanni 1.591 (tasado en 480.000 dólares); un lote en el barrio privado La Ribera (de 95.000 dólares)  y otro terreno en el country Puerto Barrancas (56.000 dólares).

 

 

 

 

Silvio Méndez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora