El Procurador General Jorge Amílcar García dispuso el cese de Laura Irene Cattáneo como agente fiscal de la Unidad Fiscal Paraná por haberse acogido al beneficio de la jubilación ordinaria común. El cese operará a partir del 1° de octubre próximo.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos otorgó la jubilación a Cattáneo a través de la resolución N° 3.201, del 12 de julio.
Hasta ahora, Cattáneo tramitó una de las causas por corrupción de mayor impacto en la Justicia entrerriana: el enriquecimiento ilícito del exdiputado provincial y actual secretario general de la Unión del Personal de la Nación (UPCN).
José Ángel Allende acumuló cuatro investigaciones penales en la Justicia. El fiscal Leandro Dato tramitó la denuncia por amenazas en contexto de violencia de género por parte de la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el fiscal Álvaro Piérola, la denuncia por amenazas que le hizo a Allende el periodista Martín Carboni; y la fiscal Laura Cattáneo llevó adelante las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucró a Allende, su pareja Adriana Sattler, su exDiana María Cristina Traverso, y sus hijos, Julio, Victoria y Carolina Allende.
En la investigación que Cattáneo timoneó, la imputación fiscal dice: «Durante su desempeño como funcionario público del Estado provincial -Diputado Provincial-, desde el 10 de diciembre de 1999 hasta diciembre de 2016, José Ángel Allende, incrementó desproporcionadamente su patrimonio, utilizando para ello la intervención, como interpósitas personas, de Adriana Guadalupe Satler, Diana María Cristina Traverso, Julio Alejandro Allende, Victoria Allende y Carolina Allende y de la Persona Jurídica UPCN. Ello ocurrió a partir de la adquisición de bienes Inmuebles, Embarcaciones, Automotores, Inversiones en Plazo fijo y participación en sociedades, por montos que no se justificaron en el ahorro disponible para inversión en un total de pesos cuatro millones novecientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y seis pesos con catorce centavos ($4.983.146,14), lo que dólarizado equivale a la suma de dólares estadounidenses un millón sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con diecinueve centavos (U$S 1.069.841,19).»
El caso Allende y sus cuatro investigaciones penales están sin resolución en la Justicia. Dos acuerdos de juicio abreviado han sido rechazados. El caso está en apelación por parte de Fiscalía y la defensa del ex legislador en la Cámara de Casación Penal.
A mediados de octubre de 2020, cuando se trató por primera vez el acuerdo de juicio abreviado de Allende, la fiscal Cattáneo enfrentó una catarata de cuestionamientos de parte del tribunal -conformado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Alejandro Joel Cánepa-, que finalmente terminaría por rechazarlo.
Abreviado de Allende: rechazo de la ministra y dudas del tribunal
El presidente del tribunal, José María Chemez, le consultó a la fiscal Laura Cattáneo por qué la investigación sobre enriquecimiento ilícito abarca desde 1999, cuando asumió Allende como diputado, y se corta en 2016, cuando su función legislativa la siguió, de forma ininterrumpida, hasta diciembre de 2019. “Por qué no se amplió la imputación”, quiso saber.
“En su momento, se determinó que la imputación debía tener una fecha de corte, porque no había posibilidad de incorporar pruebas con fecha indefinida, y se estableció en 2016”, contestó la fiscal.
Y refirió “los problemas” que hubo para realizar la pericia contable sobre la contabilidad de Allende. Se pidió colaboración al Tribunal de Cuentas, pero el organismo dijo que la solicitud de colaboración debía hacerla el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Entonces, la Procuración elevó el pedido al STJ que, dos años después, todavía aguarda contestación. En ese contexto, se decidió dar intervención al área de Lavado de Activos de la Policía Federal.
Luego, Chemez puso el ojo en el monto del enriquecimiento que estableció el perito contable de la Procuración Héctor Enriquez. El juez dijo que el perito estableció un monto de enriquecimiento de 1,3 millones de dólares, pero que luego ese monto, en acuerdo con los defensores, se bajó a 1 millón de dólares. “Por qué razón se tomó ese monto menor, cuando el propio perito dijo que la defensa había acompañado facturas ilegibles para justificar gastos. Por qué se negoció un monto menor”, planteó.
Cattáneo aseguró que se llegó a ese monto entrecruzando datos que tenía la Fiscalía y aportes de los defensores sobre las actividades desarrolladas por Allende en paralelo a su labor legislativo: primero en servicios inmobiliarios y luego en “asesoramiento, dirección y gestión”.
El juez Alejandro Cánepa puso el dedo en la llaga: descubrió que en la contabilidad de los bienes de Allende la Fiscalía había pasado por alto uno de los tres departamentos que la familia incorporó a su patrimonio en el edificio de calle Cervantes 492. El cómputo fiscal enumeró las unidades del 10° A y 10° B. Pero detalla una operación de venta de uno de esos inmuebles que hizo uno de los hijos del exdiputado, Julio Allende, y que en la escritura se detalla la existencia de otro departamento, en un 6° piso, que el informe pericial no tuvo en cuenta. “Es un departamento no inventariado”, observó Cánepa. “A ese departamento, Julio Allende lo vende el 1° de febrero de 2017, un mes después del corte de la imputación, y se lo vende a una persona con quien convivía, porque tienen el mismo domicilio. Lo vende en $1,3 millones y destina 1 millón para comprar 60 mil dólares que deposita en una cuenta del Banco Nación. Es un departamento no inventariado. Es de 2011. Todas las inversiones de Julio Allende le fueron adjudicadas a su padre, José Allende, porque Julio no tenía modo de invertir”, apuntó.
El juez hizo otra observación: el monto de venta de ese departamento no inventariado fue superior a la cifra del enriquecimiento establecida por los peritos. “Y encima ese departamento queda afuera de la imputación”, agregó.
Ante esa enumeración de datos, la fiscal Cattáneo, algo atónica, no supo qué responder. Pidió convocar al perito Enriquez.
Otra observación que hizo Cánepa fue respecto del decomiso de las dos propiedades de Allende que prevé el acuerdo de juicio abreviado. Se refirió a la propiedad de calle Laprida, hoy ocupada por una escuela de capacitación de UPCN, y en manos de una mujer de avanzada edad. “El uso y goce de esa propiedad por parte del Estado va a estar condicionada a una condición incierta. ¿Qué pasa en el medio? Se ha tomado alguna medida de conservación? ¿O alguien va a pagar la restauración de ese inmueble?” , planteó.
La fiscal dudó. Y no terminó dando una respuesta.
La jueza Carolina Castagno la consultó por el motivo por el cual el acuerdo prevé dictar el sobreseimiento a la ex, la actual pareja y los hijos de Allende en el delito de enriquecimiento ilícito. “No se ha recolectado prueba que acrediten que ellos conocían el origen ilícito del enriquecimiento. Fueron instrumentos del señor Allende para poner algunos bienes a su nombre y en su beneficio”, respondió Cattáneo.
La jueza luego se dirigió al fiscal Dato y le consultó por qué el delito en el que se investigó la denuncia de la ministra de Salud es amenazas y no coacciones agravadas.
“La Fiscalía entendió que se adecuaba en lo previsto en el delito de amenazas”, respondió.
Jubilación Fiscal Cattaneo by Entre Ríos Ahora
De la Redacción de Entre Ríos Ahora