El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná rechazó el pedido de suspensión del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri en razón del cuadro de miningitis que lo mantiene internado en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. Los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón aceptaron el planteo de la Fiscalía, y resolvieron apartar a Montañana, que será juzgado cuando se recupere, en juicio separado.
La resolución del tribunal mereció duros reproches de los defensores Emilio Fouces y Miguel Cullen, que anticiparon que recurrirán ante la Cámara de Casación Penal.
El abogado Emilio Fouces, defensor del empresario uruguayense Fernando Montañana, imputado en la denominada «causa de la vaca», pidió formalmente al tribunal que suspenda la realización del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri en razón de que su defendido se encuentra internado en el Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, en principio con diagnóstico de meningitis, aunque a la espera del resultado del hisopado.
Fouces dijo que no hay modo que avance el juicio sin su defendido siguiendo el debate. Ante ese planteo, la fiscal Patricia Yedro pidió que se rechace el planteo. «Desde la Fiscalía, más allá de lo sorpresivo del planteo, si bien el diagnóstico del señor Montañana resulta incierto, porque no se establece plazos, pedimos que se pueda establecer si puede seguir el debate de forma virtual. Pero acá un interés mayor, que es respetar los plazos razonables para juzgar a las personas imputadas, muchas de ellos funcionarios públicos, que están más que interesados en que su situación procesal se resuelva prontamente», señaló.
«El señor Montañana es un particular. No es el caso del resto de los funcionaros. Este juicio no admite más dilaciones. Si se determina que Montañana no puede comparecer, vamos a pedir que se lo aparte de la causa y que el juicio siga. Y Montañana será llevado a juicio por separado», completó Yedro.
De las cinco causas penales que conforman el megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri -que se inicia este lunes 27-, una se destaca por el nombre hilarante que adquirió conforme fue avanzando la investigación en Tribunales. Se llama, sin demasiada solemnidad, «La causa de la vaca», y esa denominación tiene una explicación.
“La causa de la vaca” tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.
La escena ocurrió en una sala del Poder Judicial la mañana del 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia que presidió el exjuez Humberto Oscar Franchi: ayudado por una pantalla de video, el fiscal Santiago Brugo -entonces a cargo de la investigación penal preparatoria que investiga el desvío de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri en beneficio de su cuñado, Juan Pablo Aguilera- empezó a proyectar imágenes.
Lo que más llamó la atención fue la foto de una vaca adelante de un cartel con propaganda del Estado. La vaca, la misma vaca, se repetía en muchos otros carteles. Las fotos eran, en teoría, la certificación de que el servicio de publicidad se había prestado, de que el cartel publicitario se había plantado al costado de una ruta, al ingreso de alguna ciudad. Entonces, esa foto se incorporaba al legajo de pago, y se extendía el cheque al proveedor, en este caso, la empresa del cuñado de Urribarri.
Todo era así, y el encargado de certificar que los trabajos se habían hecho según lo pautado era Gustavo Tamay, funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación que comandaba Pedro Ángel Báez.
Pero en el ínterin ocurría una avivada: los chequeos eran ficticios, según la tesis del Ministerio Público Fiscal, pero los pagos, reales. La hipótesis que aquella mañana de noviembre de 2016 expuso el fiscal Brugo es que no lo hicieron, que simularon haber ido y constatado, y que así y todo firmaron los pagos de las órdenes de publicidad. La oratoria de Brugo es sólida, esa solidez que se permite transitar el sendero de la hilaridad. “Las fotos son repetidas”, afirmó el fiscal Brugo en aquella audiencia ante el juez Franchi, y como prueba, dijo, hay “una vaca” que se repite en todas las fotos.
“Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”.
No hubo necesidad de ningún análisis de ADN a la vaca: el modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.
Pero la causa “Aguilera Juan Pablo s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” no buscó, precisamente, debatir sobre la existencia o no de la misma vaca, sino el desvío de publicidad oficial en provecho de las empresas que se atribuyen al cuñado del gobernador, Tep SRL y Next SRL, durante el período 2010 y 2015, y que involucra una suma superior a los $24 millones que salieron de las arcas del Estado.
La vaca, la misma vaca, en todo caso fue sólo un ardid para llevar adelante la maniobra delictiva, entienden los fiscales.
El fiscal Brugo ya no está en la causa, pero la vaca quedó incorporada para siempre en esta investigación penal.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
Quién es Montañana
Aunque prefirió no dar notas sobre el tema, Fernando Montañana negó las acusaciones. Consultado por El Miércoles Digitalsus únicas declaraciones fueron las siguientes: «Como empresa decimos que esas acusaciones son falsas, y preferimos no profundizar en el tema porque en el verdadero lugar que importan las pruebas, opiniones y todo es en el Juzgado. No nos interesa entrar en el juego mediático».
Montañana, quien cumplirá 39 años en marzo, fue indagado en la causa en septiembre de 2017, hace ya más de dos años. Su padre, Hugo Alberto Montañana, fue el fundador de la empresa que hoy le toca dirigir. Los fiscales de la causa pidieron para él 6 años de prisión efectiva. Aunque hasta hace poco lo representaban los abogados uruguayenses Félix Pérez y Sebastían Arrechea, en el juicio oral será defendido por el profesional paranaense Emilio Fouces.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora