Ricardo Barreiro fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Integraba un organismo del Estado que controlaba a su empresa. El jardinero K, además, ya tiene fecha para comparecer ante la Justicia entrerriana, procesado por el delito de falsificación ideológica de documento público: será en mayo de 2017.
Ricardo Barreiro, ex jardinero de la familia Kirchner, acumula compromisos impostergables con la justicia: ahora fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas porque integró un organismo del Estado que debía controlar a una empresa de la que era dueño.
Este martes Infobae publicó que el juez federal subrogante de Río Gallegos, en Santa Cruz, dio por probado que Barreiro fue contratado en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), entidad que debía supervisar, y eventualmente denunciar a la empresa Jet Paq, de la que Barreiro era socio.
El acusado fue el jardinero de la casa de El Calafate de Néstor y Cristina Kirchner. Cuando el matrimonio llegó a la presidencia, Barreiro obtuvo en octubre de 2003 su primer contrato para que Jet Paq opere en el aeropuerto de El Calafate.
La compañía logró la prórroga del contrato hasta enero de 2011 para actuar como agente de cargas y de ventas del transporte de cargas de cabotaje e internacional de Aerolíneas Argentinas y de Austral.
Pero a partir del 1 de septiembre de 2004 Barreiro fue contratado en el ORSNA, el organismo encargado del control de los aeropuertos de todo el país. Específicamente cumplió funciones en el aeropuerto de El Calafate, primero en el ámbito de la Gerencia de Análisis Económico y Usuarios y luego en la Gerencia de Regulación Económica Financiera y Control de Calidad.
Barrerio fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que tiene una pena de uno a seis años de prisión, y recibió un embargo de 100 mil pesos.
EN LA PROVINCIA.
El 15 de mayo Barreiro tiene una cita con la justicia entrerriana. Es que el jardinero K tendrá que comparecer en la causa que lo tiene como procesado del delito de falsificación ideológica de documento público.
La causa está en manos del juez Correccional Nº 1 de Paraná, Pablo Vírgala. El empresario kirchnerista está procesado por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público, que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión.
A Barreiro se le imputa haber introducido datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de ser funcionario provincial. Y es que el empresario también ostentaba el cargo ad honorem como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que dependía del Ministerio de Cultura y Comunicación.
El sitio RíoBravo.com reveló en 2013 que el “Jardinero K” tenía un cargo en la administración de Sergio Urribarri. En rigor,
El 15 de agosto de 2012, mediante el Decreto Número 2.693, Barreiro fue designado en el Ceicer por el entonces gobernador Urribarri y su ministro Pedro Báez (hoy diputado provincial por el FpV). El 7 de noviembre de ese mismo año el ex mandatario firmó el Decreto Número 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, pero que nunca utilizó. Lo llamativo es que Barreiro figuraba (y figura con el número 4.711) en el Registro de Proveedores del Estado desde el 15 de octubre, es decir, dos meses después de ser nombrado “coordinador” de Cultura. Es en ese trámite de registración en donde “el ex jardinero” sostuvo que no era funcionario o empleado provincial.
En diciembre de 2012, su empresa RP Transporte SA le cobró al Estado provincial 220.000 pesos para trasladar estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires). La licitación fue realizada por el Ministerio de Turismo, que en ese momento estaba a cargo de Hugo Marsó.
La causa comenzó a investigarse tras la denuncia realizada por el abogado Guillermo Mulet en mayo de 2013. El letrado pidió que se investigue cómo fue nombrado por el Ministerio de Comunicación y Cultura y luego contratado para dar un servicio al Estado.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora