El 2 de octubre de 2020, el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Paraná, Juan Carlos Coglionese, condenó al Estado provincial «a desalojar los inmuebles ubicado en calle Santa Fe n° 352/356 de esta ciudad de Paraná, en el término de 10 días, bajo apercibimiento de ser lanzado por la fuerza pública». En ese lugar funcionan las oficinas del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, y está justo a un costado de Casa de Gobierno.
La resolución de Coglionese fue consecuencia de una demanda que había iniciada la titular del inmueble, Silvia Mirta Zamero contra el Gobierno entrerriano: pidió que se ordenara el desalojo ante la falta de pago de alquileres vencidos. El 28 de junio de 2017, mediante decreto N° 1.839, el Estado aprobó el contrato de alquiler del inmueble donde funciona el Servicio Penitenciario. Vencido el plazo de contrato no hubo renovación ni pago, a pesar de que el edificio continuó siendo ocupado por la repartición provincial. El 15 de agosto de 2019, la mujer intimó formalmente por carta documento el desalojo. Como ese cometido no se consiguió, inició la demanda judicial.
Pero antes de que la sangre llegue al río, la propietaria y el Estado provincial consiguieron rubricar un acuerdo que evite situaciones enojosas. Aquella orden firmada por el juez Coglionese no fue llevada a la práctica. En vez de eso, y «considerando las diferentes circunstancias y atendiendo también las necesidades de la Dirección General del Servicio Penitenciario, las partes han arribado a un acuerdo integral. En ese orden, se convino que el proceso de desalojo quede abstracto, evitando así el deshaucio», según los términos contenidos en el decreto N° 1.841, del 26 de julio último.
Lo que se pactó fue «en concepto de indemnización por daños y perjuicios por la ocupación extracontractual del inmueble, se pagará a la Sra. Silvia Mirta Zamero la suma de $ 2.100.000, situación que traduce una quita del orden del 30% respecto a la deuda real actualizada. También, se pagará la suma de $ 531.942 en concepto de honorarios de las instancias prejudicial y judicial de ambos procesos. Ello comprende los honorarios a pagar en función del juicio por daños y perjuicios». La suma total, $2.631.942.
El decreto N° 1.841, publicado en el Boletín Oficial este jueves 30 de septiembre, alude a que «en el trámite obra dictamen de Fiscalía de Estado, según el cual este acuerdo resulta conveniente a los intereses de la Provincia, pues el paso del tiempo no hace más que incrementar de manera significativa el importe del rubro intereses respecto de un capital que efectiva e indudablemente se debe, todo lo cual -a su vez- coadyuva a aumentar las posibles costas judiciales. Además, desde el punto de vista del buen funcionamiento estatal, el
acuerdo transaccional viene a desactivar el peligro cierto referido al desalojo del inmueble donde actualmente funciona» el Servicio Penitenciario.
Luego, la norma señala que «en definitiva, celebrar un acuerdo global permitirá concluir un conflicto con importes convenientes a las partes y evitar dispendios administrativos y jurisdiccionales respecto a una necesidad clara y específica del Estado, como es asegurar el buen funcionamiento de sus dependencias».
El 7 de septiembre último, el juez Coglionese homologó «en todas sus partes el referido convenio, dándole al mismo el carácter de suficiente sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada».
Desalojo Servicio Penitenci… by Entre Ríos Ahora
De la Redacción de Entre Ríos Ahora