La última edición de la revista “Análisis” da detalles de un caso que siempre se supo soto voce pero del que muy pocas veces se habló en forma pública, y con detalles: la bicicleta financiera que funcionó en el Senado de Entre Ríos durante el gobierno de Sergio Urribarri.
En el centro de la escena queda, como en otros casos de corrupción que ya investiga la Justicia, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, actual funcionario del Senado.

En marzo último, la revista ya había hablado de la “mesa de dinero” que funcionó en la Cámara Alta.
“El cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, es quien más comprometido aparece en las causas por corrupción iniciadas en diciembre último, tras la publicación de Análisis. En los últimos años cobró 32 millones de pesos del Estado, a través de dos empresas que inventó con familiares directos; invirtió otros millones en un negocio productivo en cercanías de General Campos y concretó inversiones inmobiliarias de importancia. Fue uno de los ´cajeros´ de Sergio Urribarri en el frustrado sueño presidencial y pese a haber estado implicado en una mesa de dinero en el Senado, en la anterior gestión -que lo llevó a ser desplazado-, retornó al mismo cargo, donde sigue manejando dineros públicos a gusto y placer”, señaló entonces la revista.
Y agregaba: “Juan Pablo Aguilera es el secretario de la Cámara de Senadores de la provincia, un cargo que ya ocupó y del cual salió casi eyectado en la anterior administración, después de aparecer en algunos episodios poco claros de manejo de fondos legislativos, en una especie de mesa de dinero, en la propia Legislatura -sí, aunque resulte increíble-, donde se cambiaban dólares y se hacían otros negociados, con gente de dentro y fuera del Estado entrerriano. Al tema lo sabía mucha gente -quizás demasiada-, pero todos prefirieron mirar para otro lado para que no les hiciera de boomerang y terminara en una causa en la justicia. En el medio hubo amenazas, mejicaneadas y hasta actos intimidatorios, por lo cual alguno de los componentes de ese mecanismo espurio tuvo que abandonar Paraná e incluso estar por un tiempo fuera del país. Claro que no estaba solo para llevar adelante esas fechorías: siempre lo secundó su sobrino Mauro Urribarri, que era el prosecretario del Senado y ahora es ministro de Gobierno de la provincia, tras la asunción de Gustavo Bordet”.
En la edición que hoy está en la calle de “Análisis”, el título de tapa es: “La mesa de dinero que nadie investigó”.
Dice que entre 2012 y fines de 2013 “funcionó una mesa de dinero en el Senado entrerriano, donde se movían unos 30 millones de pesos mensuales. En la oficina del entonces funcionario, Mauro Urribarri (actual ministro de Gobierno), se cambiaban miles de dólares por semana y de las operaciones participaban funcionarios, ministros, integrantes del Poder Judicial y conocidos empresarios”. Y agrega que el “encargado de las operaciones -que dependía del actual ministro de Gobierno y de su tío Juan Pablo Aguilera en el Senado- se tuvo que fugar del país por las amenazas y atentados domiciliarios, después que se cayó el negocio. Siempre se ocultó la historia y nunca nadie investigó nada”.
Esta semana el nombre de Aguilera sonó fuerte en Tribunales. Una causa que llevan adelante los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro desnudó de qué modo Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez, direccionaban las contrataciones de publicidad hacia la empresa del cuñado, Tep SRL.
La resolución que firmó Yedro al abrir la causa dice que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.
Y agrega: “Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad”.
Según la fiscal Yedro, la conducta “descripta puede ser encuadrada –prima facie y en el limitado marco cognoscitivo de la presente– en las figuras de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Fraude a las Administración Pública, Peculado, Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y/o Falsificación de documentos públicos (art. 265, 174 inc. 5 en función del artículo 172, 261, 248, 249 y 292 del Código Penal Argentino, sin perjuicio de las relaciones concursales que en su momento se constaten”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.