El abogado José Velázquez, que defiende a Pedro Báez, exministro de Comunicación y Cultura, cuestionó nuevamente a la Fiscalía al término de la octava audiencia del megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri.

«Ante la debilidad de las pruebas y la inexistencia de delitos, se pretende introducir al debate cuestiones que son absolutamente normales en la administración pública como maniobras sospechosas», dijo Velázquez a través de Twitter.

El testimonio principal de la audiencia de hoy fue el de Florencia Della Ghelfa, empleada del área de facturación del Ministerio de Comunicación, quien dio cuenta de cómo se realizaban los expedientes por contrataciones de publicidad en vía pública y cómo se relacionaba con los proveedores, muchos de los cuales eran los representantes de las firmas Tep, Next, Formato Urbano, que la Fiscalía vincula con Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri; y las de Hugo Montañana y Jesús María Bustamante.

En su larga testimonial, explicó por qué se comunicaba frecuentemente con la contadora de las imprentas Tep, Next y Formato Urbano, Corina Cargnel (imputada en la causa); y reconoció que en algún momento recibió pagos por colaborar con los trámites de certificación.

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También afirmó que la cartelería en las rutas era certificada «in situ» por Gustavo Tamay, encargado de ello en el ministerio que dirigía Báez, y que las fotos que se presentaban en los expedientes -con las cuales se demostraba que los carteles habían sido instalados- eran sólo «ilustrativos» de que el trabajo se efectuó. También entendió normal que algunas certificaciones de las que se ocupaba Tamay aparecieran firmadas por Báez.

Al finalizar la audiencia, cerca de las 16, el abogado de Báez, José Velázquez, señaló: «Asistimos hoy a una puesta en escena de la Fiscalía en la cual, ante la debilidad de las pruebas y la inexistencia de delitos, se pretende introducir al debate cuestiones que son absolutamente normales en la administración publica como maniobras sospechosas».

En ese sentido, manifestó que «todas las firmas del exministro que hoy se exhibieron en audiencia son la condición burocrática normal en los circuitos administrativos del Estado para que los expedientes avancen, y se sobreentiende que cuando un expediente llega a la firma de un Presidente Municipal, un Ministro o un Vicegobernador es porque se han cumplido con los requisitos para que con la firma de la autoridad política y administrativa el expediente pase a otra instancia».

Por otra parte, cuestionó a la Fiscalía por la postura que tomó con la testigo que dio cuenta del proceso de certificación de publicidades: «No es otra cosa lo que hoy se exhibió con lenguaje circuspecto pretendiendo transformar una acto administrativo absolutamente normal en algo sospechoso. El exministro fue un funcionario probó y comprometido, recibía en su despacho cientos de expedientes y, si era necesario, pasaba largas horas firmándolos a fin de evitar demoras. La testimonial principal de hoy, aportó luz al procedimiento administrativo y las formas de relacionarse los proveedores con el Estado».

Finalmente, manifestó que también se echó luz sobre el carácter de las fotos «que solo eran ilustrativas, representativas» y que «lo que verdaderamente importaba es la certificación in situ del funcionario encargado». «Este juicio se parece más a una discusión administrativa que penal», concluyó.

Acusación en la causa de las imprentas

En el alegato de apertura del juicio, el 27 de septiembre, la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, detalló de qué modo se operó con las publicidades estáticas en vía pública para beneficiar a dos empresas que adjudicó al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL, y con qué dinámica actuaban en forma “cartelizada” con las firmas Fernando Montañana y Jesús Bustamante para la distribución de las pautas publicitarias, en maniobras delictivas “en continuado” entre 2010 y 2015.

En esas maniobras de cartelización, sostuvo que se sustrajo del erario público la suma de $21,5 millones, que dolarizada al valor de entonces representaba 3.250.000 dólares.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de más de $20 millones a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura Pedro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”.

Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.

El megajuicio

En el debate participan los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Los defensores son Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Miguel Cullen, Marcos Rodríguez Allende, Emilio Fouces, Ignacio Díaz y José Velázquez.

Los imputados son Sergio Urribarri, actual embajador en Chipre e Israel; Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación; Juan Pablo Aguilera, empleado del Senado; Gustavo Tamay, empleado de Turismo; Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi; Alejandro Almada, Luciana Almada, pareja de Aguilera; Gustavo Tórtul, empleado del Gobierno de Entre Ríos; Germán Buffa, comerciante; Gerardo Caruso, empresario; Hugo Marsó, exministro de Turismo; y Corina Cargniel.

El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: el N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y  N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.

 

 

 

Foto: Análisis Digital

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.