Los gastos de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que realizó en Paraná en diciembre de 2014, están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. En particular, se investiga la «razonabilidad» del precio pagado a la productora Nelly Entertainment SA, del empresario Jorge «Corcho» Rodríguez, $28,4 millones, para difundir en medios de todos el país 4 spots, que el Ministerio Público Fiscal dice que fueron, antes que para difundir el encuentro de Presidentes del Mercosur,  para instalar la figura del exgobernador Sergio Urribarri en su plan por convertirse en candidato a presidente para suceder a Cristina Fernández de Kirchner, en lo que se llamó el «Sueño Entrerriano».

La cuestión se ventiló este jueves, en la décimotercera audiencia del megajuicio que se sigue a Urribarri en el marco de tres causas por supuestos hechos de corrupción. «Nosotros, en ese control posterior, estamos analizando la razonabilidad del precio abonado. Se enviaron 33 oficios dirigidos a conocer el costo que se había abonado por estas publicidades y se realizaron otras medidas tendientes a verificar el efectivo cumplimiento de la promoción», explicó hoy ante el tribunal que juzga a Urribarri -que integran José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- la abogada Nanci Rocío Vinagre, actual fiscal de cuentas del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. La funcionaria firmó, el 28 de noviembre de 2014, un dictamen que habilitó  la contratación ante un pedido formulado por el entonces ministro de Cultura, Pedro Báez, y el ya fallecido titular de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Félix Céspedes.

En diciembre de 2014 se realizaron dos cumbres en Paraná. La llamada Cumbre Social se realizó los días 11 y 12 de diciembre y reunió a militantes de organizaciones políticas y sociales de América del Sur. En tanto, la Cumbre de Presidentes del Mercosur se dio entre el 13 y el 17 de diciembre. A la cita asistieron Nicolás Maduro (Venezuela), José Mujica (Uruguay), Dilma Roussef (Brasil), Horacio Cartes (Paraguay), Evo Morales (Bolivia) y la anfitriona del cónclave, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Ley N° 10.327, promulgada el 20 de octubre de 2014, declaró de interés la 47° Cumbre del Mercosur, y facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, entre otras operaciones. Mediante esa ley se creó la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, que fue facultada para realizar contrataciones directas, es decir, sin hacer licitaciones públicas.

El coordinador general de la Unidad Operativa fue Hugo Félix Céspedes, y el coordinador contable, Gustavo Javier Tortul. El primero se desempeñaba entonces como subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, y el segundo sigue al frente de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación.

El ente también estuvo integrado por el empresario Miguel Marizza, presidente de Caballi S.A. Lo hizo en representación de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Precisamente, la firma de Marizza cobró un monto de $11.722.585 por diferentes trabajos durante el cónclave de presidente de la región. Así consta en las planillas que el entonces gobierno de Urribarri remitió en marzo de 2015 a la Legislatura, donde informó que el evento insumió, en total, $84.577.000,29.

Los spots del escándalo

 

En la causa del “Sueño Entrerriano”, una de las tres que llevó a juicio a Urribarri, se agrupan otras tres investigaciones; una de esas es la que desnuda el peculiar procedimiento que se llevó a cabo en la Administración para conseguir contratar, en tiempo récord, a una firma publicitaria, Nelly Entertainment SA, del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, para la difusión de cuatro videos para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que tuvo lugar en diciembre de 2014 en Paraná.

Pero esos videos, según la tesis del Ministerio Público Fiscal, fueron en realidad encargados para potenciar la figura de Urribarri y no para contar de qué venía la Cumbre del Mercosur. .

Dice la imputación fiscal sobre ese hecho: «A través de la gestión realizada en el Expediente Administrativo Nº 1656798 iniciado con fecha 25 de noviembre de 2014, se sustrajo de la partida presupuestaria asignada a las erogaciones para la organización de la Cumbre Mercosur (DA 988) -cuya administración y disposición estaba a cargo de Sergio Daniel Urribarri en su carácter de Gobernador de la provincia de Entre Ríos- la suma de $ 28.400.000, la que fue aplicada para su beneficio personal a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015”.

Agrega al respecto: “Concretamente, en el marco del expediente mencionado, el exgobernador Urribarri, dictó el Decreto Nº 4800/14, de fecha 9 de diciembre de 2014, mediante el cual autorizó la contratación por la suma de $31.460.000 para la difusión nacional de cuatro spots publicitarios de su gestión de Gobierno. Con el fin de soslayar procedimientos de contratación pública y los controles respectivos, se encuadró tal contratación en el marco de la Ley 10.327 (art. 2), pese a no ser necesaria ni inherente para la realización de la 47 Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (Mercosur). A tales fines se direccionó la contratación de la difusión nacional de los cuatro spots referidos, a favor de la empresa Nelly Entertainment SA en la persona de su presidente Jorge Ernesto Rodríguez, quien además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”.

En la causa están también imputados el exministro de Cultura, Pedro Ángel Báez, y los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Félix Céspedes y Gustavo Tórtul.

La tramitación de la contratación del «Corcho» Rodríguez y su empresa Nelly Entertainment SA fue contada en 2015 por este portal.

 

 

 

 

 

La Ley 10.327 promulgada el 20 de octubre de 2014, que declaró de interés la 47ª Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de ese año en Paraná, facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria para realizar eventos inherentes al encuentro de los jefes de Estado de la región.

La autorización legal permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, etcétera, pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre. Sin embargo, el Gobierno Provincial contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de $28 millones con la firma Nelly Entertainment, para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.

O sea, buena parte de ese gasto se habría usado para pagar el “Sueño Entrerriano” de Urribarri y la instalación de su figura en el orden nacional, hasta que su candidatura terminó opacada por Daniel Scioli.

 

Así, la contratación no podría enmarcarse en la autorización legislativa del artículo 2º de la Ley 10.327, porque por más amplio que fuera dicho salvoconducto, solo uno de los vídeos que se subió a las redes tenía relación directa con la Cumbre: un material fílmico en el que Urribarri aparece brindando un saludo de bienvenida a los presidentes. Los otros tres se refieren pura y exclusivamente a propaganda sobre la gestión del por entonces precandidato a Presidente.

Pero esa no sería la única particularidad llamativa del Expediente Nº 1656798, iniciado el 25 de noviembre de 2014 a instancias del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, e identificado “Área Técnico-Administrativa – Dirección General De Despacho – Subsecretaría de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos – Secretaría de Comunicación –Ministerio de Cultura y Comunicación – Poder Ejecutivo”.

Otra peculiaridad es el ritmo vertiginoso de su tramitación. Si bien es razonable que se trataba de gestiones que requerían de cierta celeridad, es llamativo, para cualquiera que haya realizado alguna vez un trámite en la Administración Pública Provincial, que en cinco días hábiles (27 y 28 de Noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables.

Corresponde aclarar que los diez funcionarios encargados de los controles previos de la actividad estatal dictaminaron sobre un proyecto del disuelto Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por contratación directa, pero no deja de llamar la atención de cualquier experto en vericuetos administrativos la agilidad puesta de manifiesto por dichos organismos en el caso en particular.

 

Pero, quizás por ese frenético derrotero del expediente, ninguno de los controladores advirtió tampoco que el exministro de Cultura no aclaraba si la difusión sería local o nacional, como tampoco especificaba en su pedido el plazo de la campaña, el monto de la contratación, el presupuesto estimativo, los horarios, canales, programas, redes, o demás detalles adonde se pretendía incluir el material referido a “políticas públicas”, detalles de importancia, dado que si bien la Ley 10327 autorizaba a la contratación directa, en su artículo 8ª mandaba aplicar expresamente la Ley de Contabilidad y los principios del derecho administrativo, que establecen topes, formas y garantías para los eventuales participantes de cualquier proceso de contratación con el Estado.

Con todas esas maratónicas autorizaciones, el exministro Báez avanzó y el 4 de diciembre resolvió interesar a los medios de comunicación y agencias de publicidad para que propongan un esquema para la difusión de los cuatro spots “inherentes” a la Cumbre, en el exiguo plazo de 4 días. Dicha invitación a ofertar fue realizada en “El Diario” de Paraná, y en ningún otro medio escrito local ni nacional. El viejo diario que fuera radical y ahora está en manos de empresarios amigos del Gobierno Provincial demostró tener una llegada inusitada, ya que logró el interés de cuatro empresas de Buenos Aires que el 9 de diciembre presentaron sus ofertas entre las 7.10 y las 9.55 horas.

Con las ofertas a las vista, Báez y los funcionarios de su ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos, exigencias sólo conocidas por ellos, ya que no había un precio testigo que pudiera establecer que $31 millones era una cifra adecuada, como así tampoco había un pliego de condiciones mínimas para explicar a los interesados cuáles eran las necesidades de difusión del Poder Ejecutivo Provincial. Tan poca referencia tenían los oferentes, que una de las propuestas se olvidó de enmarcar la contratación en la Cumbre del Mercosur y se presentó para difundir los spots “para publicitar los logros de los 7 años de gobierno”.

Así las cosas, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en “El Diario”, recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13 horas, con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el exministro Pedro Báez, el exgobernador Sergio Urribarri y la directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.