El parador playero que el Gobierno instaló en Mar del Plata en el verano de 2015, dizque para promocionar turísticamente a la Provincia, fue utilizado como trampolín para el lanzamiento de la precandidatura a la Presidencia del entonces gobernador Sergio Urribarri. Esa es la hipótesis del Ministerio Público Fiscal que, desde el 27 de septiembre último, logró sentar en el banquillo al exgobernador, exfuncionarios y empresarios que fueron contratistas del Estado durante su administración.

Alfredo Bedriñan, el funcionario que junto con el exministro Hugo Marsó, avaló la instalación del parador.

 

Ese parador se inauguró el 3 de enero de 2015 y para su montaje la Provincia pagó más de $14 millones a la empresa El Juego en que Andamos SRL, del empresario Gerardo “Foia” Caruso, gerente entonces del programa Fútbol para Todos. Alfredo Manuel Bedriñan, que fue secretario de Turismo entre 2015 y 2017 –hoy es empleado de planta de la Cámara de Diputados-, testigo en la jornada de este lunes del megajuicio a Urribarri, contó cómo fue la contratación, por qué se contrató la instalación de un parador, negó que haya sido parte de la campaña de Urribarri y mantuvo, por momentos, tensos diálogos con los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull,  Patricia Yedro y Gonzalo Badano.

“La decisión de poner un parador en Mar del Plata la tomamos con el ministro (de  Turismo, Hugo) Marsó a mediados de 2015. La Provincia tuvo un crecimiento turístico exponencial en esos años en cantidad de camas, en cantidad de arribas, en atractivos turísticos. Había una política activa de Provincia y Nación de impulsar el turismo interno”, explicó. “Se instaló ese año porque un año récord para Mar del Plata”, agregó.

El exfuncionario y ahora empleado de la Cámara de Diputados defendió lo hecho con el parador. Explicó qué ocurrió tras el armado del parador con la foto del exgobernador Urribarri: antes de la inauguración, las gigantografías fueron retiradas porque, argumentó, no ese el fin de la iniciativa. Aunque después debió admitir que todo el parador tenía el sello de la Provincia, y también la leyenda “Gobernación Urribarri”.

-¿Hubo gigantografías (de Urribarri) en el parador? –preguntó el fiscal Ramírez Montrull.

-No, sucedió previamente a la inauguración. Yo estaba viajando a Mar del Plata el día anterior. Pero había un par de colaboradores del Ministerio que estaban en Mar del Plata y me enviaron imágenes de cómo iba quedando. Había gigantografías con la cara del exgobernador Urribarri. Automáticamente me comunico con el ministro, y digo que eso no puede estar ahí. Estaba la cara que sobresalía sobre la marca Entre Ríos. Eso no estuvo nunca después. Se sacó. No estuvo nunca mientras funcionó el parador. Cuando hicieron el armado, la colocaron.

Bedriñan aseguró que las palmeras que se instalaron en el parador de Mar del Plata no fueron sacadas del Palmar de Colón. “Le pregunté a Caruso, y me dijo que las habían comprado en un vivero, no sé si en Corrientes o en Formosa”, dijo.

-¿Recuerda cuántas palmeras fueron? –lo consultó e defensor Emilio Fouces.

.No sé, pero alrededor de 10 palmeras.

En realidad, fueron 30.  A un año de montado el parador, las 30 palmeras fueron retiradas por la Municipalidad de General Pueyrredón y mandadas a recuperación al vivero municipal “El Tala”, de Laguna de los Padres, en Mar del Plata.

«Gobernación Urribarri», la leyenda en el parador que se contrató para promocionar turísticamente a Entre Ríos

Aquel día

“Venimos a mostrar todo lo que hicimos en Entre Ríos en estos siete años de gestión, en este lugar tan lindo y popular al que vienen a veranear miles de argentinos gracias a este modelo de crecimiento con inclusión social impulsado por Néstor y Cristina Kirchner”.

De ese modo, Sergio Daniel Urribarri se presentó el sábado 3 de enero de 2015 en la playa La Perla, de Mar del Plata, cuando inauguró el parador.

La contratación con la empresa de «Foia» Caruso para instalar aquel parador se tramitó a través del expediente Nº  1656830, que inició el 5 de diciembre de 2014 el Ministerio de Turismo.

El 12 de diciembre de ese año se dictó el decreto Nº 4.804 que autorizó la “contratación de un servicio de instalación, montaje, logística y puesta en funcionamiento de un Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para el mes de enero de 2015”.

El 29 de diciembre de 2014, se dicta el decreto Nº 5.120 que aprobó “todo lo actuado en la Licitación Pública Nº 69/14” para instalar el mentado Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en Mar del Plata. Y adjudicó la contratación del servicio a la firma “El juego en que andamos SRL”, por un monto de $14.561.870, “por cumplir con los Pliegos de Condiciones, resultar el precio razonable y conveniente a los intereses del Estado y ajustarse a las característica del servicio requeridos de acuerdo a lo expresado en la oferta y la documentación aportada”.

Una de las 30 palmeras que plantaron en la arena de la playa de Mar del Plata.

 

 

La licitación resultó curiosa: se presentaron dos firmas nada más. “El juego en que andamos SRL” y “Castromil SRL”. Pero se rechazó la segunda “por no encontrarse inscripta en el Registro de Proveedores del Estado” y haber “cotizado por un precio más alto”.

Todo ese trámite, según Urribarri contó en una declaración pública que distribuyó a los medios tras su presentación en Tribunales cuando la causa penal estaba en trámite, incluyó la intervención de distintos organismos. Dijo que “así como la Contaduría General de la Provincia se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha la denominada cuenta general del ejercicio. Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público”.

Las dudas en torno a la rapidez del trámite y la falta de participación de organismos de control llevó al exsenador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) a presentar una denuncia en la Justicia. Así surgió el Legajo Nº 58383, caratulado “Urribarri Sergio Daniel, Marsó Hugo José María, Aguilera Juan Pablo, Cargnel Corina, Caruso Gerardo Daniel s/Peculado en concurso ideal con defraudación a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La acusación de la Fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.

Para el cometido, según la Fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al exdirector de Contenidos del “Fútbol para Todos”, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y la contadora de las empresas de éste. Los imputados por peculado, fraude al Estado y negociaciones incompatibles fueron citados a declarar en el siguiente orden: el 4 de diciembre será la indagatoria a Aguilera y la contadora Corina Cargnel; el 11, la de Marsó y Caruso; y el 15 será el turno de Urribarri. En principio, Marsó y Urribarri estaban citados para el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, respectivamente, pero lograron aplazar la indagatoria.

La operación se resume del siguiente modo: la Provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, “Castromil SRL” y “El Juego en que andamos SRL”. La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.

De modo que descartado el competidor –que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada gira una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del gobernador.

“El Juego en que andamos SRL”, de la que es socio gerente Gerardo ‘Foia’ Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los $14 millones que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800.

La firma que integra Caruso, según la acusación de Fiscalía, también habría hecho un “retorno” de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por $ 2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.

Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.

Los trámites para contratar a “El juego en que andamos SRL” se iniciaron el 5 de diciembre de 2014, cuando el entonces ministro Hugo Marsó interesó a Urribarri la instalación del parador para difundir la marca Entre Ríos como destino turístico en Mar del Plata. En el expediente de la causa por el parador, se considera que esa solicitud fue justificada de forma “ficticia”, ya que la verdadera razón era promover la precandidatura de Urribarri.

Según la acusación, Urribarri y Marsó tuvieron el “aporte imprescindible” de Gerardo Caruso, socio gerente de la firma contratada y, entonces, director de Contenidos del Fútbol para Todos. Los investigadores entienden que “Foia” contó con “información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”, y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Y recalcan que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos.

La firma tiene su sede  en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, en manos de los fiscales hay un documento en el que se consignó el domicilio del entonces Secretario de Justicia Rubén Virué, quien renunció al cargo el 5 de junio de 2015.

Ese dato llamó la atención a los investigadores al momento de analizar la documentación referida a la firma que integra Caruso. La dirección de la vivienda particular de Virué es calle Las Heras 207 en la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú, y aparece en la documentación presentada en la provincia por “El Juego en que andamos”. La acusación fiscal consideró ese dato como ficticio.

Según supo Entre Ríos Ahora, Virué declaró como testigo en la causa hace dos semanas y aclaró por qué su domicilio aparece vinculado a la firma de Caruso. El exfuncionario señaló que se la habría proporcionado su hijo Fernando Virué, un periodista deportivo que trabajó como asistente de producción en “Fútbol para Todos”, donde “Foia” era su jefe.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.