La jornada número 16 del megajuicio que se sigue al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, disparó una serie de revelaciones en torno a los datos y la información contenida en dos computadoras -del tipo all in one– y un disco rígido externo hallados durante el allanamiento dispuesto por la Justicia el 1° de agosto de 2016 a las oficinas de las empresas Tep SRL y Next SRL, ubicadas en Racedo al 400, que el Ministerio Público Fiscal atribuye al cuñado del extitular del Ejecutivo, Juan Pablo Aguilera.
El bioingeniero Guillermo Fritz, del Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal (MPF), detalló durante siete horas de qué modo se peritaron esos equipos -el disco rígido fue hallado en los techos de una veciona de los talleres de las empresas que se atribuyen a Aguilera- y cuánta información relevante se encontró. La más relevante, carpetas a nombre de Aguilera, con información sobre la contratación de publicidad callejera; también datos vinculadas a la empresa de Jesús Bustamante, cuyo titular accedió a un acuerdo de juicio abreviado y aceptó que pagó coimas a Aguilera; y referencia a la titularidad de Aguilera de las empresas Tep SRl y Next SRL.
En cuanto al disco rígido, explicó que «se hizo una copia idéntica con bloqueador de escritura, que anula cualquier señal electrónica que puede hacer que se escriba algo en el disco». «Eso garantiza que no va a recibir ninguna alteración. Finalizado ese proceso, se verifica que la copia sea idéntica, se generan reportes de la información técnica y se adjuntan a nuestro informe final», agregó.
Luego señaló que una computadora all in one, secuestrada en Racedo, estaba configurada bajo el nombre de Juan Pablo Aguilera y que todas tenían un programa a través del cual se recibían mensajes de correo que quedaban almacenados en esa computadora. «Cada una de estas computadoras tenían instalada cuentas de correo electrónico. En la computadora marca Compaq, tenía confirgurada una cuenta de correo a nombre de Luciana Almada; la otra, marca HP, tenía configurada cuatro cuentas de correo electrónico, todas ellas a nombre de Corina Cargnel», precisó.
En otro tramo, leyó un documento, aparentemente de conformación de empresa, encontrado en una computadora de Cargnel en la que aparece el nombre de Aguilera ligado al capital social de la firma Tep SRL/Next SRL. El documento fue creado el 15 de abril de 2014, a las 12,36 y fue modificado el 16 de julio de 2014 a las 10,11.
Por su parte, los defensores le consultaron sobre su ideoneidad para el trabajo informático, con el fin de poner en cuestión si es adecuado para valorar los datos forenses. «Yo estoy a cargo del área de computadoras, no de los dispositivos móviles», explicó Fritz y volvió a referirse al proceso que realiza en las computadoras secuestradas.
Más adelante, el abogado Ignacio Díaz, defensor del exministro Pedro Baez, manifestó: «Queremos que este tribunal pueda valorar con justicia su idoneidad al respecto de haber realizado los informes que estamos analizando».
«Mis incumbencias la fijan mi Plan de Estudio del año 1993, de la carrera de Bioingeniería», respondió el profesional.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel Cullen, que defiende a a varios imputados -Almada, Tórtul, Giacopuzzi, Sena, Cargnel y Tamay- indagó sobre la normativa nacional en cuanto al manejo de efectos secuestrados y quiso saber sobre el conocimiento del profesional al respecto. El bioingeniero dijo estar al tanto, pero aclaró que en Entre Ríos se aplica otra metodología para intervenir.
Luego de siete horas de declaración, en donde el profesional respondió preguntas sobre el trabajo realizado en las computadoras, reconoció diferente tipo de documentos y explicó los procesos para copiar la información almacenadas en las máquinas, se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana martes.
Qué se dijo antes sobre el disco rígido
En la jornada del 12 de octubre fue la primera vez que se habló de aquel disco rígido «arrojado por la contadora Corina Cargnel», según describió la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, durante los allanamientos.
Ese día declaró Teresa Pot, una empleada doméstica que trabaja en la casa de una docente jubilada que habita en una vivienda ubicada en calle Irigoyen al 800, contiguo a los galpones de Tep SRL. La mujer, mientras hacía la limpieza de la casa, halló un adminículo que primero pensó que se trataba de un juguete, y con esa idea se la entregó a la dueña de casa. La propietaria de la vivienda, al enterarse que aquel 1° de agosto de 2016 se realizaba un allanamiento a los vecinos, acudió a la Policía y dijo que tenía algo para entregar.
“Era una cajita negra”, alcanzó a describir la empleada.
El tercer testigo de aquella jornada, el delegado judicial Ignacio Andrés Fariña, que participó del allanamiento a la firma Tep SRL, acudió a la vivienda de la docente jubilada, de apellido Brambilla, por indicación del fiscal Santiago Brugo. Allí recogió el “juguete”: se trataba de un disco rígido. “Nos entrevistamos con la señora Brambilla. La dueña de la casa nos informa que su empleada había encontrado en el momento que estaba realizando limpieza algo que en primera instancia habían pensado que se trataba de un juguete. Le pidió a la empleada que baje el juguete, que estaba en una canaleta del techo”, relató.
Cuando lo tuvo en sus manos, Fariña cayó en la cuenta de que se trataba de un disco rígido extraíble, “bastante sofisticado”.
El disco rígido hallado el 1° de agosto de 2016, eje del debate en la sexta jornada del megajuicio.
Maximiliano Sena.
¿Cuál es la hipótesis del Ministerio Público Fiscal respecto a cómo llegó ese disco rígido al techo de la casa de la docente jubilada Brambilla?
El lunes 27 de septiembre, en el alegato de apertura del megajuicio, la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche responsabilizó a la contadora Corina Cargenal de haber arrojado ese disco rígido. “La contadora era tan consciente de la ilicitud de este hecho que el día de los allanamientos, el 1° de agosto de 2016, en las oficinas de Racedo al 400, arrojó por el ventiluz de uno de los baños, un disco rígido. No se imaginó que la vecina de la casa lindera, convocó al personal policial y a los fiscales, y permitió el secuestro de ese disco rígido. Una vez que se abrió, se descubrió por qué lo arrojó. Era la caja negra de las maniobras ilícitas para la sustracción de dineros públicos”.
Aquel allanamiento se dio en el marco de la denominada «causa de la vaca», una de las tres grandes investigaciones penales que sentaron en el banquillo de los acusados al exgobernador Sergio Urribarri.
Emiliano Giacopuzzi.
La «causa de la vaca» busca explicar de qué modo se operó con las publicidades estáticas en vía pública para beneficiar a dos empresas que se adjudica a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL, y de con qué estrategia actuaban en forma “cartelizada” con las firmas Fernando Montañana y Jesús Bustamante para la distribución de las pautas publicitarias, en maniobras delictivas “en continuado” entre 2010 y 2015.
En esas maniobras de cartelización, se sustrajo del erario público la suma de $21,5 millones, que dolarizada al valor de entonces representaba 3.250.000 dólares.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de más de $20 millones a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”.
Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.