En las 18º audiencias del megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, a quien se acusa de haber financiado su aspiración a precandidato a presidente en 2015 con fondos públicos, los abogados pidieron al Tribunal que no se admita como prueba el disco rígido secuestrado el 1º de agosto de 2016 hallado en un allanamiento a las imprentas que Fiscalía vincula con Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario.
La Fiscalía rechazó la petición y calificó a los defensores de incurrir en «mala fe procesal». El Tribunal, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, define el lunes.
En primero lugar, la audiencia, que comenzó a las 9,30 y se extendió hasta pasadas las 17, contó con el testimonio del bioingeniero Fernando Ferrari, quien se desempeña en el Gabinete Forense del Ministerio Público Fiscal, y que trabajó en la extración de información de celulares secuestrados a varios imputados de las causa de las imprentas.
En su extenso testimonio, en la que explicó cuestiones procedimentales y técnicas sobre su trabajo, el profesional leyó mensajes reveladores entre Luciana Almada y su esposo, Aguilera, en el que asoma nuevamente que las firmas pertenecían a éste último.
También leyó conversaciones entre la imputada Corina Cargnel -contadora de Formato Urbano y de Juan Pablo Aguilera- y los publicistas Fernando Montañana y Jesús Bustamante -quien en 2018 hizo un acuerdo de juicio abreviado por esta causa y recibió una condena condicional-.
Uno de los mensajes más reveladores, fue el que envió Almada a uno de los números registrados a nombre de Aguilera. “Cuando vos coordines algo con Corina -Cargnel- y me metan a mí, mínimamente infórmenme a mí. Porque te recuerdo que no tengo nada que ver con tu empresa”, reclamó la mujer.
En otra conversación, le dijo: “Por un mail a la inmobiliaria me entero que se decidió el cierre de Villaguay. Perfecta decisión y comunicación. Ah, cierto que a mí no me tenían que contar nada. Un títere en tus negocios”.
Tras la declaración de Ferrari, la contadora Cargel -imputada en el caso- pidió la palabra para aclarar una serie de chats de 2015 que se exhibieron en la audiencia, en la que habla de transferencia de dinero con los empresarios Jesús Bustamante y Hugo Montañana.
“En las (conversaciones) que le pido a Montañana y Bustamante si me pueden transferir, queda asentado que es para cubrir el banco sino los cheques se rebotan. Son operatorias comerciales que si no se hacen traban o general conflicto. Además los montos son inferiores. 13 mil pesos, 15 mil pesos para los números de la empresa esos son ínfimos. Girar al descubierto y pedirle a un cliente que me transfiera 15 mil pesos quiere decir que estoy en menos 15 mil y si no deposita, me rebotan los cheques. Si mi cliente accede y me transfiere, quedo en cero y no es que quedo con plata. No sé si conocen cómo se manejan empresas, el giro comercial, la diaria con los bancos y los empleados”, manifestó.
El disco rígido, clave en el debate
Tras el testimonio del bioingenieron y las braves palabras de Cargnel, los abogados defensores tomaron la palabra y, uno a uno, pidieron al Tribunal que no admita la incorporación como prueba del disco rígido hallado en un allanamiento a las imprentas relacionadas con Aguilera y adujeron todo tipo de presuntas irregularidades con respecto a ese elemento secuestrado. La Fiscalía rechazó la petición y calificó a la conducta de los abogados como una «mala fe procesal» ya que entendió que la prueba fue acordada en la etapa de elevación a juicio.
El abogado Miguel Ángel Cullen, defensor de varios imputados, planteó que de la declaración del bioingeniero Guillermo Fritz, del Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal, quien declaró el lunes 8, surgieron unas serie de irregularidades a la hora de incorporarse el disco externo como evidencia. El especialista contó que participó del allanamiento a las oficinas de calle Racedo 415 y que se ocupó de todo el procedimiento que involucrara el secuestro de dispositivos de almacenamiento o computadoras. Respecto al disco, dijo que supo de el elemento mucho tiempo después cuando trabajaba en la evidencia en el Gabinete Forense.
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Cullen planteó que Fritz era el encargado de velar por todo el material secuestrado, que tenía que ver con computadoras o almacenamiento de información, y que el disco fue secuestrado por un subinspector Gastón Montepeloso y sin la presencia de un delegado judicial.
Además, afirmó que «no se sacaron fotos al momento del secuestro para ver la integridad del disco ni la hora que se informó de su existencia».
Por otra parte, manifestó que la empleada doméstica que encontró el aparato dijo que fue a las 10 de la mañana y que «hay una ventana de dos horas» entre ese hallazgo y la incorporación en la lista de efectos secuestrados.
Por otra parte, el letrado planteó que los 13 mil documentos encontrados en el disco pudieron haber sido alterados, puesto que en el sistema que registra la evidencia figura que los archivos «fueron modificados el 10 y 26 de abril de 2017».
Finalmente, sostuvo que el disco fue incautado sin cumplir con el protocolo para evitar cualquier adulteración de la información.
A su petición se sumaron los abogados Raúl Barrandeguy, Emilio Fouces, José Velázquez y Marcos Rodríguez Allende. Estos dos últimos agregaron otros cuestionamientos: el primero dijo que los bioingenieros que vienen declarando en el juicio -Juan Rossi, Guillermo Frtiz y Fernando Ferrari- no son idóneos para analizar cuestiones de índole informáticas y que sus opiniones, además, son interesadas por ser empleados de la Fiscalía; mientras que el segundo pidió que se realice una pericia independiente sobre el disco para establecer si fue modificado.
Por último tomó la palabra la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, quien cuestionó en duros términos a los defensores, a quienes acusó de haber incurrido en «mala fe procesal».
«Los defensores consintieron la prueba en la etapa de elevación a juicio; la tuvieron en su poder y pudieron solcitar las medidas para controlar esa prueba, pero resulta que pasado el tiempo esa prueba es inválida. Al consentirla dijeron que esa prueba es válida. Esto es mala fe procesal», dijo.
En relación a la fecha de los archivos del disco rígido, que la defensa dice que fue modificada, explicó que el bioingeniero Frtiz dio cuenta que se trabajó sobre una «imagen forense» (una copia) y no sobre el disco por lo que la fecha corresponde a esa «imagen forense» que se grabó cuando se trabajó con el material durante la investigación.
En cuanto al presunto quebrantamiento del protocolo de resguardo del efecto secuestrado, dijo que el abogado Cullen citó el protocolo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que no se aplica en la provincia.
«El efecto secuestrado número dos tiene un contenido simbólico muy fuerte y por eso los defensores se oponen acerrimamente a su incorporacioón», completó.
Tras ello, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, cuando continúen desfilando testigos y se resuelva la controversia con el disco rígido.
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El lunes 27 de septiembre, en el alegato de apertura del megajuicio, la Procuradora Adjunta responsabilizó a la contadora Corina Cargenal de haber arrojado ese disco rígido. “La contadora era tan consciente de la ilicitud de este hecho que el día de los allanamientos, el 1° de agosto de 2016, en las oficinas de Racedo al 400, arrojó por el ventiluz de uno de los baños, un disco rígido. No se imaginó que la vecina de la casa lindera, convocó al personal policial y a los fiscales, y permitió el secuestro de ese disco rígido. Una vez que se abrió, se descubrió por qué lo arrojó. Era la caja negra de las maniobras ilícitas para la sustracción de dineros públicos”.
Aquel allanamiento se dio en el marco de la denominada «causa de la vaca», una de las tres grandes investigaciones penales que sentaron en el banquillo de los acusados al exgobernador Sergio Urribarri.
La megacausa
La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye los siguientes expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $28 millones; la difusión en diferentes medios de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones, y la presunta contratación amañada de la firma “Global Means”, en 2011.
La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”. Los delitos que se le imputan a Urribarri son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.
Además de Urribarri, también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de aquel y exsecretario del bloque de senadores del PJ; Gustavo Javier Tórtul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera; Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y al empresario Germán Buffa, de Global Means. Durante el juicio falleció el imputado Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.