El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos rechazó el pronunciamiento del Consejo Federal de Política Criminal que cuestionó a la institución del Jury de Enjuiciamiento a miembros del Ministerio Público Fiscal.
Al cabo de su encuentro en Santa Fe, el Consejo Federal de Política Criminal hizo público un comunicado en el que consideró que “resulta inapropiado y ajeno a la naturaleza del instituto, la pretensión de enjuiciar a los miembros del Ministerio Público Fiscal en razón de cuestionamientos vinculados con sus opiniones jurídicas. La corrección de posibles desaciertos de esta índole, tiene remedios procesales establecidos en las normas de rito, y su solución resulta ajena al procedimiento de remoción de los fiscales. La cuestión se agrava cuando los pedidos de enjuiciamientos resultan contemporáneos a la investigación y juzgamiento de personas vinculadas a la vida política, como sucede en las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe, por ejemplo”.
La referencia es a los pedidos de jury que enfrentan el Procurador General Jorge García y la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, a partir de las presentaciones de los abogados Carlos Reggiardo y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet en torno a la intervención que tuvieron los funcionarios en la tramitación de la causa de los contratos truchos en la Legislatura.
“Entendemos que esta figura institucional, garantizada por ley, es parte de la vida democrática de las instituciones entrerrianas y no creemos apropiado manifestar que existe un “cuestionamiento infundado y malicioso hacia los Ministerios Públicos Fiscales en razón del despliegue de su actividad investigativa”, sino que se solicita investigar ciertas irregularidades en una investigación en particular, planteó el Colegio de la Abogacía.
La entidad planteó que resulta “oportuno proceder a rechazar cualquier acto o manifestación que pudiera interpretarse como de presión antes que los integrantes del Jury dicten el fallo conforme a derecho, a las pruebas reclutadas y a la convicción ética y moral de sus integrantes, entre los cuales hay dos matriculados de este Colegio”.
“El Colegio de la Abogacía sostiene que el Estado de Derecho debe funcionar con todas las garantías constitucionales vigentes y el pleno funcionamiento de las instituciones más allá que esto incomode a sectores corporativos del poder judicial”, señaló.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora