Los pedidos de jury al Procurador General Jorge Amílcar García y a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche adquirieron repercusión y generaron muestras de “preocupación” en el senado del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
García y Goyeneche fueron acusados por mala desempeño por su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Primero, la Procuradora Adjunta fue denunciada por el abogado Carlos Reggiardo, defensor del actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, investigado por enriquecimiento ilícito; luego, ambos, García y Goyeneche, fueron denunciados por el mismo hecho por los letrados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
El Jurado de Enjuiciamiento ya tiene resuelto abrirle causa a la Procuradora Adjunta, en una votación que resultó 6 a 1, y resta definir la situación del Procurador General, cuyo desempeño excede las facultades del organismo: sólo puede ser removido por juicio político. La denuncia cobra impacto y envergadura por cuanto las dos causas de más alto voltaje, la de los contratos truchos en la Legislatura y el megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri están tramitándose y esperan resolución judicial. Y la Procuración cumple un rol clave en la acusación.
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En el marco de las acusaciones a García y Goyeneche, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal hicieron conocer su “más profunda preocupación por la situación generada en la Provincia de Entre Ríos a partir de la denuncia incoada contra el Procurador General Dr. Jorge García y la Sra. Fiscal Adjunta Dra, Cecilia Goyeneche con la evidente pretensión de lograr obstaculizar la investigación de hechos gravísimos de corrupción generados en ámbitos del poder político provincial”.
“La apertura del proceso de Enjuiciamiento a la Señora Fiscal a partir de la invocación de una supuesta amistad y sociedad entre ella y uno de los acusados en tal investigación, no se erige en motivo legítimo de apartamiento de la magistrada, cuando ella ha desmentido las acusaciones y explicado claramente las circunstancias”, dice el pronunciamiento, y agrega: “El avieso propósito que encierra la denuncia, deja expuesta una situación de fragilidad institucional que, por lo grave, coloca en un escenario de riesgo al Ministerio Público Fiscal todo”.
En ese orden de ideas, señala que sin intentar “un análisis circunstanciado de los términos de la denuncia y las respectivas contestaciones, no se debe perder de vista el principio estructural que alude a la necesidad de interpretar restrictivamente las causales de apartamiento de los magistrados. Sin perjuicio de lo señalado, no podemos obviar que la conducta procesal de la Sra Fiscal en la causa de mención ha estado sistemáticamente encaminada de manera persecutoria y ha impactado en detrimento de la persona con quien se aduce posee una “sociedad” y mantiene una relación de amistad con su marido, al extremo de haber sido ella quien solicitara el allanamiento del estudio contable del mismo, generando de este modo la base de la acusación contra aquel”.
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“Llama la atención que quienes se dicen ´perseguir´ actos de corrupción y que deberían tener comunidad de intereses con quienes claramente han evidenciado una actitud persecutoria e investigativa importante en aras del descubrimiento de uno de los hechos de corrupción más importantes de la historia de la provincia- desfalco de más de U$S 50.000.000 y que vincula funcionalmente a un exgobernador y actual Embajador- , sea quienes, por el contrario , denuncian a los Titulares de la acción penal y pretenden con ello nulificar el proceso”, subraya.
Más adelante, apunta: “Poner en tela de juicio la integridad ética y moral de magistrados que, con esfuerzo y no pocos problemas, están tras el descubrimiento de semejante maniobra defraudatoria contra el Estado Provincial, exponiendo al Ministerio Público Fiscal y a sus miembros , sin motivos reales y comprobables , deja expuesta una situación de gravedad institucional que amerita una inmediata convocatoria a todos los Procuradores y Fiscales Generales de todo el país a constituirse en la Provincia de Entre Ríos y fijar públicamente su postura”.
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De la Redacción de Entre Ríos Ahora