“Claro que afecta a los derechos humanos la corrupción”, dijo, en el alegato de clausura del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, el lunes 27. “Y esta afectación a los derechos humanos se da a veces de manera directa. Lo sabemos en Argentina a través de algunos casos paradigmáticos: recordemos los hechos de corrupción que precedieron al incendio del boliche República de Cromañón; a la tragedia de trenes en Once; o aquí, en nuestra Provincia, los hechos de corrupción que precedieron a las 17 muertes que causó el accidente en el cruce de rutas 127 y 12, en la zona de Los Conquistadores, luego de que se sustrajeron los dineros destinados a la iluminación de ese lugar”; afirmó.

Pero también, agregó, afecta la corrupción los derechos humanos de forma indirecta por la desviación de fondos del Estado, que dejan de estar destinados al bien común, “y se interesa solamente por el lucro individual”, y ahí dio el ejemplo Goyeneche de la causa del Puerto Ibicuy, caso por el que resultó condenado el exsenador del PJ Abelardo Félix Pacayut. “En Latinoamérica, la corrupción le cuesta a los países entre el 8% y 10% del PBI. Claro que la corrupción afecta los derechos humanos”, apuntó.

A Urribarri, sus exministros Pedro Báez, extitular de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, responsable de la cartera de Turismo, otros funcionarios de menor rango, empresarios, amigos y familiares, la acusación del Ministerio Público Fiscal es por cinco causas de corrupción, agrupadas en tres grandes expedientes. “Con mayor o menor éxito, en estos cinco  casos se procuró dar apariencia de regularidad a los procedimientos administrativos con el fin de encubrir la desviación de poder y la sustracción de dinero públicos”, sostuvo Goyeneche en su alegato.

Luego, hizo una descripción “cronológica” de las causas que se reprochan a Urribarri & Cía en el megajuicio. Primero, fue la “causa de la vaca”: el dirección de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.

“Un delito continuado”, calificó la fiscal a la maniobra, que ocurrió entre 2010 y 2015. Durante esos años, señaló, “se desarrolló una maniobra sistemática destinada a favorecer a un grupo de empresas dedicadas a realizar publicidad estática en vía pública”. En esos años, y con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares. Goyeneche habló de “el dueño” para referirse al cuñado Aguilera, cuestión que “siempre se mantuvo oculta” para los organismos de control. “Tep y Next manejadas desde las sombras por Juan Pablo Aguilera, mientras que Montañana y Bustamante lo hacían con un previo acuerdo espureo de cartelización con el señor Aguilera”, lanzó.

Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, afirmó la Procuradora Adjunta.

La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa tuviera existencia real. Buffa era “una persona del entorno” de Báez, dijo Goyeneche, consiguió el direccionamiento el 1° de julio de 2011 de una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares.

Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente del “Sueño Entrerriano”.

El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del “Sueño Entrerriano”.

El cuarto caso, dentro del subíndice “Sueño Entrerriano”, alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. Lo gastado equivale a 3.221.000 dólares. La contratación fue con “el supuesto objetivo” de difundir políticas públicas. Tres de los cuatro videos no aludieron a la Cumbre sino a instalar la imagen de Urribarri, entonces embarcado en llegar a la Presidencia de la Nación.

El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.

Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de un ación más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.