El exsuperministro Pedro Ángel Báez se sentará hoy frente al tribunal que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón para contar su verdad de los hechos por los cuales fue sentado, el 27 de septiembre último, en el banquillo de los acusados en el marco del megajuicio que se sigue al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri.
Báez acompañó a Urribarri como ministro de Cultura y Comunicación, y a excepción de la causa por el montaje del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, a un costo de $14 millones para la Provincia, está imputado en cuatro de las cinco causas que integran el megajuicio. En la jornada de este jueves, la número 23 del proceso penal más relevante por causas de corrupción en Entre Ríos, se espera que declare entre 2 a 3 horas frente al tribunal, en el amplio salón de actos del Superior Tribunal de Justicia.
El megajuicio ocurrió luego de la suspensión, en 2020, de tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y que, por distintos planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa: el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial.
Son tres causas de corrupción acumulados, y de ahí el nombre de megajuicio: N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
A Urribarri, sus exministros Pedro Báez, extitular de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, responsable de la cartera de Turismo, otros funcionarios de menor rango, empresarios, amigos y familiares, la acusación del Ministerio Público Fiscal es por cinco causas de corrupción, agrupadas en tres grandes expedientes.
Primero, fue la “causa de la vaca”: en el que se imputa el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de la acusación de Fiscalía, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y colaboración para llevar adelante la maniobra de la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná.
La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa tuviera existencia real. Acá también se acusa de un direccionamiento: el 1° de julio de 2011 el Gobierno elaboró una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares. Al momento de la contratación Global Means SA, no existía, señala el Ministerio Público Fiscal. Fue creada recién un mes y medio después, el 15 de agosto de 2011.
Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente del “Sueño Entrerriano”, vinculado con la idea de promover la imagen personal de Urribarri a nivel nacional con la aspiración de instalar su imagen como futuro candidato a Presidente de la República”.
El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del “Sueño Entrerriano”. La solicitada se publicó en 18 medios gráficos nacionales.
El cuarto caso, dentro del subíndice “Sueño Entrerriano”, alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. “En la misma línea de procurar instalar su imagen a nivel nacional con dineros públicos, vamos a demostrar que Urribarri y Baez sustrajeron de la partida presupuestaria para la Cumbre 28.400.000. Lo gastado equivale a 3.221.000 dólares. La contratación fue con “el supuesto objetivo” de difundir políticas públicas. Tres de los cuatro videos no aludieron a la Cumbre sino a la imagen de Urribarri, sostiene Fiscalía. El procedimiento de contratación fue una fachada a través de la cual se ocultó que se negoció directamente, brindando ventajas e información solo al empresario con quien se quería contratar, sentencia Fiscalía. La filmación de los videos estuvo a cargo de la firma El Buey Solo SRL.
El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.
Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de un ación más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.
En ese marco, el 5 de diciembre de 2014 se inició expediente administrativo: el exministro de Turismo, Hugo Marsó, pidió la contratación del montaje del parador playero. Pocos días después, el 30 de diciembre, Marsó y Gerardo Caruso, responsable de la firma El Juego en que Andamos, firmaron el contrato para el parador. La firma no tenía experiencia, poseía un capital mínimo y no tenía domicilio en la Provincia: por eso, puso como domicilio la vivienda, en la ciudad de Larroque, del exsecretario de Justicia de Urribarri, Rubén Virué. Goyeneche dijo que antes y durante la contratación hubo “múltiples comunicaciones entre el propio exgobernador y el señor Gerardo Caruso, contactos que se iniciaron mucho antes que la gestión administrativa para la contratación. Se iniciaron el 20 de octubre de 2014 y siguieron hasta mayo de 2015. También Marsó se contactó con Caruso. El entorno, la familia Urribarri, también mantuvo contactos previos. A tal punto que su hijo Franco, Juan Pablo Aguilera y Caruso viajaron juntos a Mar del Plata en noviembre de 2014, un mes antes de publicarse la licitación para esta contratación. Este viaje fue abonado por Relevamientos Catastrales, la empresa del señor Diego Armando Cardona Herreros, que pertenece al círculo íntimo de Urribarri, imputado en dos causas”.
La sumatoria da una cifra que impacta: u$s 8.660.600, según la matemática del Ministerio Público Fiscal. Ese monto, a valores históricos -aún dolarizado- es el perjuicio total de las maniobras que le reprochan a Urribarri, sus parientes, sus exfuncionarios y los empresarios ligados a su gobierno.
Foto: Gentileza Análisis Digital
De la Redacción de Entre Ríos Ahora