La Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, sometida ahora a un jury por supuesto mal desempeño en la tramitación de la causa contratos truchos en la Legislatura, cargó contra dos de los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que integran el Jurado de Enjuiciamiento que deberá juzgar su conducta: los integrantes de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales Claudia Mizawak y Daniel Carubia.
«La verdad que la intervención de estos vocales claramente es determinante de la evolución de este proceso de enjuiciamiento hacia mí. No me cabe ninguna duda: las pujas lamentablemente, generalmente tienen que ver más con miserias personales que con otra cuestión. Pero lo cierto es que sí ha sido determinante la intervención de estos vocales. Y a mí me pone en una situación muy particular porque estos vocales han tenido una intervención previa en la causa contratos, (en la) que ya nos mostraron el nivel de interés que tienen en favorecer la situación de los imputados. Yo no me puedo olvidar cómo pasamos la Navidad de 2018 cuando, después de haberse dispuesto prisiones preventivas. Los primeros detenidos en la causa contratos fueron en septiembre; en seguida, a los 15 días, en octubre, se detienen otras personas, pero Juan Pablo Aguilera (cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, NdelR), el que ahora está siendo enjuiciado, fue detenido recién en diciembre, y se dispone la prisión preventiva el 15 de diciembre, y ahí cambió todo. Apareció una preocupación insólita que nunca tuvieron los jueces de la provincia, que el 24 de diciembre a la tarde, a través de un recurso de hábeas corpus, lo liberaran y pasara las fiestas en su domicilio. Esto a partir de la detención de esta persona, algo que no había ocurrido con ninguno de los anteriores, y esto por una decisión de la Sala Penal, pero no completa. El vocal (Miguel) Giorgio votó en disidencia de esa decisión que se llevaba por delante lo que había decidido la jueza natural de la causa, la jueza (Marina) Barbagelatta, la camarista (Carolina) Castagno, que había confirmado las prisiones preventivas. Y la Sala Penal, con estos dos vocales, generó que los liberen el 24 de diciembre a las 9 de la noche, aproximadamente. Entonces, ya ahí vemos una toma de postura. Por otro lado, no puedo dejar de señalar que la vocal Mizawak se ha excusado en todas las causas que interviene Urribarri o que está Urribarri imputado porque fue su abogada. Entonces, uno cuando ve que este enjuiciamiento está tan vinculado a los intereses de Urribarri, también esto genera una preocupación adicional y una mirada mucho más concreta sobre esta situación porque aquí evidentemente la doctora no ha sentido que esté afectada su imparcialidad, pero la verdad es que tengo muchas dudas sobre eso», dijo Goyeneche durante una extensa entrevista este miércoles por la noche en el programa Cuestión de fondo, de Canal 9.
Aunque el Jurado de Enjuiciamiento todavía no ha emitido su dictamen, ya trascendió que la votación de sus 7 integrantes es por abrirle causa a Goyeneche luego de la presentación que hicieran los abogados Carlos Reggiardo, primero, y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, después, y en la que involucran también al Procurador General, Jorge García, como superior de la Procuradora Adjunta.
Jury: suspenden a la Procuradora Adjunta y apartan al Ministerio Público Fiscal
Esa votación ya fue adelantada por Entre Ríos Ahora: el Jurado de Enjuiciamiento está integrado por 7 miembros: el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, los vocales del STJ Daniel Carubia, y Claudia Mizawak: los tres votaron por abrir causa a Goyeneche; también lo hizo el senador Armando Gay (Frente Creer); en cuanto a los miembros del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos rechazó la denuncia, mientas que su colega Sonia Rondoni votó por darle curso favorable. El último voto, del diputado provincial Gustavo Zavallo (Frente Creer) también se inclinó por abrirle causa a la Procuradora Adjunta.
La acusación
A Goyeneche se le reprocha su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, una investigación penal que se abrió en la primavera de 2018 y que busca desentrañar si realmente existió una «asociación ilícita» que distrajo millonarias sumas de dinero de las arcas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, mediante la celebración de contratos laborales con monotributistas que recibían una ínfima parte de lo pactado: el grueso tenía un destino que la pesquisa judicial de momento no pudo determinar. Uno de los investigados, Pedro Eduardo Opromolla, tuvo relación comercial con la Procuradora Adjunta.
Goyeneche estuvo coordinando la investigación de la causa de los contratos truchos desde el inicio , en la primavera de 2018, y hasta el 29 de mayo de 2019, cuando se apartó de la causa. «Los planteos de recusación, que se apalancaban en las ´noticias´ publicadas en base a la información que construía y hacía circular la propia organización investigada, eran articulados sosteniendo que la suscripta mantenía un vínculos comerciales o de sociedad con el imputado Pedro Eduardo Opromolla, lo que, con el pasar del tiempo, fue mutando para pasar a sostenerse en esos artículos de prensa, que mi esposo era socio del estudio contable Integral Asesoría (el que fue allanado el 3/10/18 y sus integrantes -Gustavo Falco, Pedro Opromolla y Guido Krapp, y también el Licenciado en Sistemas Nicolás Beber y el corredor Inmobiliario Renato Mansilla- acusados por el MPF)».
Durante los años 2010/2016 mi esposo Sr. Luis Sebastián Orlando Bertozzi se desempeñó laboralmente en el estudio de arquitectura de Gastón Grand y José L. Churruarín, en donde se realizaron algunos proyectos de construcción, con la estructura de fideicomisos. Esto condujo a que resolviéramos realizar inversiones en esos proyectos, sobre lo que acompaño documental, no sin antes aclarar que en la maledicente denuncia, se insiste en afirmar -falsamente- que documental vinculada a estos aspectos habría sido secuestrada casualmente en los allanamientos realizados en el estudio contable ´Integral Asesoría´ el día 3/10/18 (queriendo brindarle a sus elucubraciones, un sentido de ´descubrimiento´ de una verdad ocultada). Nada de ello es cierto pues ninguna documental vinculada con estos aspectos fue secuestrada en ningún allanamiento», dice más adelante.
Respecto a ese punto, señala que adquirió mediante un fideicomiso»el 50% indiviso de la Unidad Funcional sometida al régimen de propiedad horizontal que forma parte del edificio con domicilio parcelario en calle La Paz Nº 236, Unidad Funcional Nº 32, planta 11vo. Piso, superficie exclusiva: 39,83 m2. y Unidad Complementaria Nº III -baulera-, propiedad exclusiva 3,10 m2. El inmueble fue adjudicado por Escritura pública del 14/12/2016 (copia acompañada como prueba 1A)». Luego, agrega: «Posteriormente, en fecha 09/03/2017, adquirí el 50% indiviso restante a al CPN Pedro E. Opromolla, operación realizada por boleto de compraventa, con firma certificada por Escribano Público (Libro de Registros e intervenciones Nº XXX Acta Nº 158, Folio Nº 158 del escribano Humberto Gracia – se acompaña copia como prueba 1B).- La autenticidad y fecha cierta del instrumento se infiere no solo de la certificación notarial sino también de la constancia de pago del sellado correspondiente a dicho contrato, emitida por la oficina fiscal respectiva (ATER). A su vez, la titularidad del inmueble de referencia fue oportunamente denunciada en la respectiva declaración jurada de Bienes Personales (prueba 2C) y la presentada en el Poder Judicial».
El primer pedido de jury a Goyeneche fue planteado el martes 13 de julio último por el abogado Carlos Reggiardo por su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura.
Además de su remoción, el letrado solicitó que Goyeneche sea suspendida mientras se tramita la causa por presunta falta de idoneidad moral, mal desempeño de sus funciones, e incumplimiento de los deberes a su cargo.
El abogado oriundo de Victoria enumeró una serie de hechos, que respaldó con publicaciones periodísticas. En primer lugar, calificó de grave la actuación de la fiscal en una causa en la que se descubrió que tenía una relación comercial con Pedro Opromolla, uno de los imputados e integrante del estudio contable Integral Asesoría.
En 2019, el Jurado de Enjuiciamiento había resuelto rechazar un primer pedido de enjuiciamiento de Reggiardo contra el Procurador General Jorge García.
El Jurado de Enjuiciamiento se declaró competente y desestimó denuncia contra el Procurador General de la Provincia, Jorge García, que había sido denunciado por mal desempeño el 21 de noviembre de 2018 por el abogado Carlos Reggiardo.
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió por mayoría declararse competente para entender en la causa originada a partir de la denuncia del abogado Carlos Guillermo Reggiardo contra el Procurador General de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amilcar Luciano García.
Los entonces jueces Emilio Castrillon, Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Roberto Beherán y Jorge Campos entendieron que el organismo que integran era competente para tratar el tema, en tanto los jurados Diego Lara y Ángel Giano consideraron que debía tramitarse “el juicio político” ante la Legislatura provincial.
Asimismo se resolvió, por unanimidad, desestimar 12 de los 13 cargos denunciados por Reggiardo contra el Procurador García, entendiendo que no tenían entidad suficiente para formar causa.
En tanto, por mayoría, Lara, Giano, Carubia, Carlomagno y Beherán desestimaron el cargo denunciado contra García por no haber acusado al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Rossi (art. 27. Ley 9283), quien fue sometido al Jurado de Enjuiciamiento, mientras que Castrillon y Campos entendieron que por este motivo debió declararse admisible la denuncia y disponer la formación de causa (art. 20 y 24 leyes 9283/9513).
Lo que resolvieron los jurados fue la admisibilidad del planteo contra el jefe de los fiscales. Y lo que resolvieron fue rechazar la acusación que había formulado el abogado Carlos Reggiardo, el mismo que había motorizado el juicio político al exvocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz, proceso que devino abstracto tras la renuncia del magistrado.
El pedido de jury al Procurador fue presentado el 21 noviembre de 2018. En el escrito, el abogado Reggiardo pidió “la apertura del procedimiento de remoción del fiscal denunciado, ordenando la suspensión y oportunamente la destitución” del jefe de los fiscales, y fundó esa petición en una serie de planteos, como “falta de idoneidad”, “incumplimiento del deber de acusar” en el jury al juez Carlos Rossi, sometido a investigación por su actuación en la liberación del femicida de Micaela García, Sebastián Wagner; también por “denegatoria del derecho de acceso a la información”; por la designación de fiscales auxiliares sin dar intervención al Consejo de la Magistratura; por “tráfico y abuso de influencias”; y, entre otros reproches, por “operaciones de prensa”.
Ahora, mientras el Jurado de Enjuiciamiento tramitaba la denuncia de Reggiardo contra Goyeneche, hubo una segunda presentación: los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron ante el Jurado de Enjuiciamiento sendos pedidos de jury -con la accesoria de apartamiento temporal de sus funciones mientras dure la investigación- del Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y de la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche.
En un texto de 100 páginas, Pagliotto y Mulet desarrollan sus cargos contra el Procurador y la Procuradora Adjunta, a quienes reprochan mal desempeño, incumplimiento de deberes funcionales y graves desórdenes de conducta, lo que también podría llegar a constituir, eventualmente, conductas tipificadas en el Código Penal, lo cual abriría la posibilidad de iniciar una Investigación Penal Preparatoria a ambos altos funcionarios.
A Goyeneche le endilgan su participación en la causa Contratos en la Legislatura, siendo a la vez socia de uno de los investigados. «Concretamente se acusa a la Dra. Cecilia Andrea Goyeneche por las causales previstas en el art. 15º inc. 6 y 9 de la Ley Nº 9283 y al Dr. Jorge Amílcar Luciano García de estar encuadrado en la causal del art. 15º inc. 4° y 9° de la citada ley -falta de vigilancia del movimiento general de la causa a cargo de su subalterna, y de no ejercer los inexcusables deberes a su cargo al no apartarla para que continuara con la investigación» de la causa Contratos, expediente «del cual objetivamente surgía que tenía intereses y como se desarrolla más abajo en este memorial, comportamiento omisivo que también encuadra en mal desempeño en sus funciones, a tenor del inc. 9 del art. 15º de la ley de enjuiciamiento».
Las declaraciones
A continuación, el reportaje televisivo a Goyeneche que reprodujo el sitio Análisis Digital.
-¿Fue notificada de la resolución del tribunal de jury, donde se le inicia el proceso y queda suspendida en el cargo por seis meses?
-No fui notificada formalmente, estoy enterada desde hace un mes, más o menos. Me vengo enterando de diferentes avances de esa resolución a través de los medios de comunicación, tengo noticias de que existe, pero formalmente no me notificaron hasta ahora.
-¿Cómo entiende esta postergación, día a día?
-Es realmente una situación insólita y sorprendente. Hoy (por el miércoles), de hecho, el Procurador presentó una nota pidiendo ser notificado formalmente. Pero todavía tampoco hemos tenido noticia de eso, así que veremos si mañana (por este jueves) ocurre este evento tan esperado. Entiendo que tiene que ver con que una vez que me notifiquen empieza a correr un plazo de seis meses, que es un plazo fatal, en ese tiempo se tiene que desarrollar todo el proceso, y probablemente quieren ganar tiempo.
-Qué es lo que más le sorprendió del supuesto contenido de esa resolución, donde además se desplazaría de la acusación al Ministerio Público Fiscal? ¿No se está violando una Ley?
-Claro que sí. De la resolución me sorprendió, además de la filtración a la prensa, dos cosas: una es el comunicado que emitieron el viernes pasado los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia que integran el Jurado de Enjuiciamiento. Esa decisión de salir a contestar o decir cosas en la prensa a través del Servicio de Información del Poder Judicial realmente es muy sorprendente, porque se da en un momento que, en principio, es un momento sagrado para un juez, el momento de la deliberación para emitir una sentencia. Si pensás lo que pasa en un jurado, los aíslan, no los dejan acceder a los medios de prensa y acá tenemos un tribunal que se saca la toga y sale a decir cosas en la prensa. Y la segunda cuestión que es absolutamente sorprendente y que nos deja pasmados es la decisión de ir por la ilegalidad de excluir al Ministerio Público Fiscal. Tenemos noticias de buena fuente que esto es lo que se ha decidido: reemplazarlo por un fiscal ad hoc, que no existe. La Constitución expresamente prevé que las subrogancias dentro del Ministerio Público Fiscal se resuelven dentro del organismo. Hay más de 100 fiscales en la provincia y hay dos leyes que establecen que la acusación en el jurado de enjuiciamiento la hace el Ministerio Público Fiscal, entonces que se decida excluir a un organismo es muy, pero muy preocupante.
-O sea que, de cumplimentarse esta resolución y ese punto, y si hay alguien que acepta ese cargo, también estaría entrando en una ilegalidad.
-Desde luego. Es muy fácil, hay que leer las leyes, el Código Penal, y nos vamos a encontrar con cosas que no se pueden hacer.
Jury: los vocales del STJ hablan de «operaciones mediáticas»
-El doctor Carubia pasó por situaciones parecidas, como cuando Montiel pidió el juicio político de Carlín, Chiara Díaz y Carubia, y hubo reacciones de la misma manera porque es lógico, ustedes como fiscales están en una entidad como todo profesional, y por allí los Colegios se preocupan por su gente.
-Va más allá de eso. Estamos en la escena del debate público, que creo que es absolutamente legítimo que nos demos de un pedido y una decisión de enjuiciamiento que se hizo explícita desde el primer momento. Hay una norma en la Ley del Jurado de Enjuiciamiento que establece que la denuncia es secreta y que es una violación de secreto si esto se comunica, y nosotros tenemos acá que pasó todo lo contrario. Desde la propia institución que está encargada de este juzgamiento. Entonces, sorprenderse porque hay una respuesta pública a eso, que pone en cuestión si estamos dentro de lo razonable o si acá hay intromisión dentro de lo que son las investigaciones por corrupción, este es el debate que se está dando.
-¿Alguna vez pensó que podría encontrarse en esta instancia? Con un jury a la espera de la fecha de audiencias; con una suspensión en su cargo, que la dejará fuera de un Megajuicio histórico contra Urribarri y varios de sus colaboradores y familiares, que se esperó y se trabajó por más de cinco años.
-Uno cuando decide asumir un cargo como este, donde sabe que se va a enfrentar a infinidad de sectores del poder, hemos tenido causas de las más diversas características. Uno piensa que pueden pasar cosas como esta, que va a haber reacciones, sobre todo cuando uno se encuentra con causas como las que estamos llevando, que tienen una enorme cantidad de prueba. Nos encontramos con organizaciones criminales que tienen pocas posibilidades de salir indemnes de esto porque la prueba que hay es muy trascendente y entonces uno no puede dejar de pensar que la reacción va a ser de este tipo.
-Acá hubo dos presentaciones contra usted y el Procurador Jorge García ¿En qué considera que se equivocó, de lo que le cuestionaron y en qué no?
-Yo soy fiscal, y trabajo dentro de un organismo que tiene un orden de actuación que está establecido por las leyes. No somos jueces. Tenemos un deber de actuar con objetividad, pero no juzgamos si no que tenemos un deber estrictísimo de imparcialidad, como tienen los jueces. En esta actuación objetiva que tenemos los fiscales, la Ley nos impone el deber de apartarnos de una investigación en casos en que algunos de los factores que enuncie la poca ley genera una grave afectación a esta regla de objetividad que es llevar la investigación de manera correcta. Y aquí lo que ocurrió, en la causa contratos, se puede ver a través de los resultados y a través de lo que está pasando hoy en día. La investigación fue llevada de manera correctísima, nosotros consideramos que no existía ningún motivo que implicara una grave afectación al deber de objetividad y por eso llevamos la causa como la llevamos, en mi caso coordinando la tarea de los dos fiscales de la causa y los resultados están a la vista: la causa está remitida a juicio.
-Hay un punto en cuestión que es el vinculado al imputado Opromolla. ¿Cómo explica los cuestionamientos al respecto?
-Tres años hace que venimos discutiendo esto, que se ha mantenido a nivel mediático una serie de infamia que han presentado sobre esto, y los cuestionamientos son muy fáciles de explicar. Yo tenía el deber de actuar con objetividad, y los resultados están a al vista. Imaginate que una investigación penal no es algo que uno abre la ventana, ve el sol y dice “es de día”. Una investigación penal es un proceso donde va descubriendo cosas, más en este caso que fue un hallazgo casual a partir del trabajo de un policía, que cumpliendo sus funciones de manera correctísima descubrió esto, y la Policía llegó a un domicilio, el juez ordena el allanamiento, y se encuentra enorme cantidad de pruebas, cajas y cajas de documentación, cuadernos con detalles insólitos de cada uno de los contratos truchos que cobraban de 10 años para atrás. El descubrimiento de esa verdad y la aparición de un personaje y otro en la causa, son 32 los imputados, es algo que va ocurriendo en un período de tiempo. A los 15 días, Opromolla estaba siendo allanada en su estudio contable, se secuestraron todas las computadoras, todos los teléfonos de los presentes en el lugar, a fin de año estaba siendo indagado, se lo imputó a él y a todos sus socios del estudio contable, así que realmente no hay nada para ocultar ni nada que haya quedado mal hecho, en virtud de ninguno de estos cuestionamientos, que son un gran armado para mantener la posibilidad de cuestionar la propia causa.
-Las denuncias -en las que se podrá estar o no de acuerdo- fueron realizadas el 14 de julio, por Reggiardo y el 2 de agosto, por Pagliotto y Mulet, fundamentalmente por hechos de la causa contratos, que estalló en septiembre de 2018 ¿Usted cree que se esperó el tiempo exacto para presentar las denuncias, a los efectos de que estas cosas se resuelvan en medio del juicio a Urribarri, tal como sucedió? El juicio se inició el 27 de septiembre y la fecha se conocía tiempo antes, obviamente.
-Coexistieron dos factores allí. Las denuncias son una reacción a la decisión de los fiscales de remitir a juicio (la causa de los contratos truchos en la Legislatura), que fue notificada el 1° de junio de 2021, un documento con muchísima información, y con pedidos de pena sumamente abultados para todos los imputados, un documento que es realmente aplastante en cuanto al relato de la maniobra descubierta. Seis o siete días después estaban anunciando los abogados que nos pedirían el jury al Procurador y a mí. Presentaron un documento que decían que era la preliminar y lo concretan un me después. Claramente esto fue una reacción a la remisión a juicio y a la necesidad de favorecer a los imputados en esa investigación. Recordemos que se trata de personas que están vinculadas a la investigación, son defensores a través de sus estudios jurídicos, y amigos. Y después lo que pasa con el juicio a Urribarri. Creo que había una idea muy firme que no se hacía, que iba a suspenderse por la situación de Covid y los defectos que tenía Tribunales, se nombraron cantidad de defensores, uno de los defensores fue nombrado como relator de la Sala Penal (Guillermo Vartorelli, NdelR) unos días antes y esto generó una situación de zozobra donde plantearon la suspensión a raíz de eso, y quedó trunco. Luego tuvimos que litigar y pelear muchísimo en varias audiencias la necesidad de empezar el juicio. El Tribunal se mantuvo firme en esto y se decidió empezar el juicio, pero creo que lo que paso es que el juicio a Urribarri lo que genera es un enorme impulso a este pedido de enjuiciamiento. Hay dos decisiones distintas, la de abrir el enjuiciamiento y la de suspender. Claramente esta decisión de suspender es absolutamente ilegítima. La suspensión de un fiscal de una investigación tiene que ver con la necesidad de salvaguardar una situación, no se suspende a alguien de sus funciones porque sí. Y esto tendría que tener una relación con la infracción que se atribuye, que es no haberme inhibido hace tres años atrás, pero me suspenden ahora en el medio de la investigación y de la acusación de un juicio importantísimo por corrupción. Realmente es para pensarlo.
-Pagliotto y Mulet presentaron muchas causas por delitos de corrupción, donde tuvimos algo que ver, por lo cual tenían una relación con los fiscales y también con ustedes, el Procurador García y usted. Pero acá queda claro que algo se rompió definitivamente. A su entender ¿qué se rompió?
-Yo nunca tuve una relación con ninguno de los dos, ni personal ni profesional, nunca. Ellos son abogados que representan intereses de parte, y en esa representación de intereses tuvieron un momento en que los intereses que pretendían representar, ya sea porque los representaban o porque se estaban postulando para ello, tenía que ver con la formulación de denuncias. Yo, todas las denuncias que he visto, que han formulado, consistían en traer a Tribunales recortes periodísticos. A veces compraban la revista Análisis y la traían, o a veces simplemente la imprimían. Pero la verdad es que eran investigaciones periodísticas que traían a Tribunales, a veces llegaban a tiempo y el mismo día que salía lo presentaban y otras veces incluso llegaban tarde y la causa estaba abierta en virtud de la misma publicación. Entonces, esto tiene que ver con un interés de ese período de tiempo. Luego aparece la causa contratos y aparece un amigo personal de estas personas, me refiero a Alfredo Bilbao, uno de los principales imputados, porque era el eje de la recaudación, porque estaba en un punto neurálgico entre los que cobraban los cheques y hacían todo este trabajo menor y las figuras más altas de la organización criminal. Ellos tenían un vínculo con ellos, y de hecho el estudio Pagliotto se constituye en el estudio de la defensa de Bilbao. A partir de allí cambian los intereses y lo otro es algo del pasado. Un denunciante presenta una denuncia, pero aquí estamos en otro interés mucho más importante que es el de lograr la absolución de esta persona o de lograr que la causa fracase para beneficiarlo. Cuento una anécdota para tener dimensión de esto. Tenía una suerte de oficina que servía para la recaudación que tenía Bilbao en calle Alameda de la Federación y Córdoba, lindero al estudio jurídico de Mulet, en el cuarto piso de ese edificio de la esquina. Cuando se va a hacer el allanamiento ¿qué pasa? Habían pasado 15 días del descubrimiento del banco, se llega al lugar, estaba todo cerrado, no había nadie, estaban llamando al cerrajero, viendo si rompían la puerta para entrar, y en ese momento aparece Mulet con la llave del lugar para abrirles y franquearles la puerta a los que tenían que hacer el allanamiento. Para que se entienda que había un vínculo que significa que hay acá una intervención interesada.
-¿Y qué le dolió más de todo este proceso de votación en su contra?
-Doler no sería el término, es muy incómodo o muy desagradable el tema del manoseo y esto de que vayan informado que ya tenemos los cuatro votos, los cinco votos, que difundan esto es una situación institucionalmente desagradable, porque por empezar yo tengo afecto por la institución, a mí no me gusta que pasen estas cosas en Tribunales y no me gusta que pasen esas cosas en la sociedad tampoco. Después de tres años de escarnio público constante la verdad que dolor no.
-A su entender ¿cuánto incidió el hecho de que, en frente, en la propia justicia, estaban los vocales de la Sala Penal, Daniel Carubia y Claudia Mizawak? Digo, porque Carubia hace años tiene una puja personal con la cúpula del Ministerio Público Fiscal -aunque no sé muy bien por qué- y Mizawak aparecía cuestionada por sus vinculaciones con los empresarios de la construcción que actualmente están imputados en la causa de corrupción en la Cumbre del Mercosur.
-La verdad que la intervención de estos vocales claramente es determinante de la evolución de este proceso de enjuiciamiento hacia mí, no me cabe ninguna duda, las pujas lamentablemente, generalmente tienen que ver más con miserias personales que con otra cuestión. Pero lo cierto es que sí ha sido determinante la intervención de estos vocales. Y a mí me pone en una situación muy particular porque estos vocales han tenido una intervención previa en la causa Contratos que ya nos mostraron el nivel de interés que tienen en favorecer la situación de los imputados. Yo no me puedo olvidar cómo pasamos la Navidad de 2018 cuando, después de haberse dispuesto prisiones preventivas. Los primeros detenidos en la causa contratos fueron en septiembre, en seguida, a los 15 días, en octubre, se detienen otras personas, pero Juan Pablo Aguilera, el que ahora está siendo enjuiciado, fue detenido recién en diciembre, y se dispone la prisión preventiva el 15 de diciembre, y ahí cambió todo. Apareció una preocupación insólita que nunca tuvieron los jueces de la provincia, que el 24 de diciembre a la tarde, a través de un recurso de hábeas corpus lo liberaran y pasara las fiestas en su domicilio. Esto a partir de la detención de esta persona, algo que no había ocurrido con ninguno de los anteriores, y esto por una decisión de la Sala Penal, pero no completa, el vocal Giorgio votó en disidencia de esa decisión que se llevaba por delante lo que había decidido la jueza natural de la causa, la jueza Barbagelatta, la camarista Castagno que había confirmado las prisiones preventivas, y la Sala Penal, con estos dos vocales, generó que los liberen el 24 de diciembre a las 9 de la noche, aproximadamente. Entonces ya ahí vemos una toma de postura. Por otro lado, no puedo dejar de señalar que la vocal Mizawak se ha excusado en todas las causas que interviene Urribarri o que está Urribarri imputado porque fue su abogada, entonces uno cuando ve que este enjuiciamiento está tan vinculado a los intereses de Urribarri, también esto genera una preocupación adicional y una mirada mucho más concreta sobre esta situación porque aquí evidentemente la doctora evidentemente no ha sentido que esté afectada su imparcialidad, pero la verdad es que tengo muchas dudas sobre eso.
-Urribarri dijo en un comunicado que él no tiene nada que ver con el jury en su contra ¿Usted considera que esto que le está sucediendo es parte de la estrategia de defensa de Urribarri?
-Me parece que es bastante claro. No hay que ser demasiado lúcido para ordenar las piezas y llegar a esa conclusión. De todos modos, si nosotros lo vinculamos específicamente con la causa que se está llevando adelante en Tribunales, nos encontramos con una causa donde queda todo expuesto y el Ministerio Público Fiscal está muy conforme con las cuestiones que va a poder probar al culminar el proceso. Entonces, creo que la defensa penal no es lo prioritario y está yendo por otro lado.
-¿Recuerda cuáles fueron los juicios por corrupción más resonantes que le tocó intervenir?
-Yo he intervenido en varios, los más importantes, que intervine en diferentes instancias, son los dos que se llevaron adelante contra el senador Pacayut, esencialmente el de Puerto Ibicuy, intervine en la parte final, de la Casación ante el STJ, una causa sumamente difícil porque se procuró la prescripción constantemente. Después he intervenido en instancias recursivas, como mi cargo está en la etapa de los recursos, en casi todos, en muchísimas causas de corrupción.
-No se equivocaron con la estrategia del juicio abreviado que le aplicaron a José Ángel Allende y que no se pudo concretar?
-La verdad que, si uno piensa quién era Allende hace unos años y qué es lo que pasó a partir de todas estas investigaciones penales, y el poder que tiene hoy en día dentro del arco político, uno ve que en realidad han tenido una relevancia importantísima. Nosotros pensamos que era lo mejor. Uno cuando analiza la posibilidad de un abreviado cuenta tiempo, chances de argumentos defensivos, resultados posibles reales, entonces desde la parte técnica nos pareció la mejor solución. Hoy podría estar condenado.
-¿No se equivocaron partiendo en dos a la causa contratos, primero una etapa y luego la otra, donde aparecen los responsables políticos de esta historia?
-La pregunta sería qué hubiera pasado si no la partiríamos en dos ¿no? Son causas donde uno pone en juego muchas cosas y la idea es que nosotros tenemos que proseguir para garantizar que la investigación llegue a buen puerto, que es llevar la causa a juicio, validar la prueba, mostrar la prueba, que los jueces entiendan de qué se trata la acusación, llegar a una sentencia condenatoria. Todo eso es un proceso que lleva tiempo y a mí me parece que fue la mejor decisión dentro de las decisiones posibles. Ahora estamos en un proceso de enjuiciamiento, pero es el segundo en relación a la causa contratos.al Procurador García le pidieron un jury de enjuiciamiento al mes de iniciada la causa contratos.
-¿Usted entiende que la cuestión de fondo en la embestida contra usted y el Procurador García pasa por los coletazos de la causa Contratos y sus derivaciones políticas?
-Yo creo que sí, claro que sí.
-¿Usted cree que los abogados urribarristas, con usted suspendida, no pedirán la nulidad de las pruebas del Megajuicio y por ende propiciar la caída del juicio o considera que no hay margen para ello?
-Por supuesto que lo van a pedir, no cabe ninguna duda de que lo van a pedir. Lo que deberían tener en cuenta es que en Entre Ríos hay jueces probos, que pasaron y validaron sus cargos a través de un proceso de rendir en el Concejo de la Magistratura y para conseguir que eso sea eficiente, deberían tener otro perfil de jueces. No hay margen, pero por supuesto que lo van a pedir.
-¿Qué efectos produjo en los fiscales la denuncia en su contra y el hecho que se haya avanzado hasta el jury y hasta su suspensión?
-En la Fiscalía tenemos muy claro para qué estamos, así que lo que produjo en los fiscales es, en muchos, una sensación de indignación, pero sobre todo de revalidación de para qué estamos en este lugar.
-¿Alguna vez pensó en bajar los brazos en esta historia? Porque son pocos los que han llegado hasta acá. Recordemos que acá se fueron Carlos Chiara Díaz y el propio Emilio Castrillón, ante planteos y avances de juicio político ¿está preparada para esta etapa que se le viene?
-Cuando uno asume un cargo de la responsabilidad que yo tengo, no lo asumo para estar un rato o para estar hasta que alguien me levante el dedo, no, naturalmente que lo voy a transitar y habrá que ver qué es lo que se decide finalmente. No creo que pueda ser un escenario de destitución, pero si así ocurre tendrá cada uno que hacerse cargo de sus decisiones.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora