El Colegio de Odontólogos de Entre Ríos dispuso, a través de una resolución interna, dispuso que todos los matriculados tendrán plazo hasta el 27 de diciembre para completar una declaración jurada en la que asuman el compromiso “de cumplimiento de la normas arancelarias vigentes”.
“Si el Círculo Odontológico al que Ud. Pertenece mantiene convenios que no cumplen con dicha norma, Ud debe solicitar que se lo excluya del padrón de prestadores de aquellas obras sociales y empresas de medicina prepaga cuyos aranceles no cumplen con los Mínimos Obligatorios de la Resolución N° 387/21 a fin de deslindar cualquier tipo de responsabilidad”; dice el mensaje que reciben los odontólogos.
Después, sigue una advertencia. “No enviar la Declaración Jurada y/o seguir prestando servicios sin respetar los aranceles odontológicos mínimos obligatorios implica un incumplimiento de las normas arancelarias con el consiguiente riesgo de sanción disciplinaria”, plantea el texto enviado a los profesionales.
La cuestión de los aranceles mínimo dividió aguas con las obras sociales, que rechazan la «presión» de los odontólogos. La advertencia de los odontólogos fue que quien no cumpla con esas nuevas tarifas quedará excluido del menú de prestadores a partir del 1° de diciembre.
Ante esa decisión, las obras sociales salieron a denunciar “maniobras coercitivas” de parte del Colegio de Odontólogos para “presionar por aranceles”.
En ese marco, representantes de distintas obras sociales de la provincia repudiaron la decisión del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, que determinó “coercitivamente y monopólicamente ejercer presión a sus colegiados para que cumplan estrictamente las disposiciones arancelarias dispuestas por esa institución”, informó el presidente del Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete.
Directivos de seis obras sociales (Iosper, Iosfa, Osuthgra, Luz y Fuerza, Amur y Jerárquicos) difundieron una carta abierta en la que rechazaron “todo acto que constituya abuso de derecho o de situación de dependencia económica o poder de negociación superior en detrimento de intereses de orden público como es el derecho a la salud”, contó Cañete.
El fuerte posicionamiento fue ante las notificaciones que hicieron algunos círculos que obligan a las Obras Sociales a “proceder al incremento de aranceles vigentes en virtud de la resolución 387/ 21 del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, que estableció los aranceles mínimos obligatorios, bajo el apercibimiento de suspender la prestación del servicio», precisó presidente del Directorio Obrero de Iosper.
En ese marco, contó que las Obras Sociales “poseen convenios vigentes con cada uno de los círculos odontológicos cuyos aranceles han sido fijados de común acuerdo en base al principio de libre contratación que establece la legislación, siendo los mismos dignos y ajustados a la realidad».
Además, subrayó que cada institución “privilegia por sobre todo el derecho a la salud de su población beneficiaria”, por lo que reivindican “el derecho a la libre contratación que rige nuestro ordenamiento jurídico, destacando que cualquier conducta que vulnere el mismo es inconstitucional”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora