Sergio Avero, exfiscal de Estado durante la administración del exgobernador Sergio Montiel, entre 1999 y 2003, fue citado a declarar como testigo en la causa por estafa que envuelve a la familia del exministro de Agroindustria de Mauricio Marci y extitular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. Avero, que representó a Construcciones del Paraná, una de las empresas de los Etchevehere, está citado para el lunes 27, a las 18, por la jueza de la causa, Carola Bacaluzzo.
La causa penal que investiga la denuncia por estafa presentada en 2013 por Dolores Etchevehere contra su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial y sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, sumó la declaración de abogados y escribanos que han intervenido en investigaciones judiciales y trámites sucesorios. Ya estuvieron en Tribunales los abogados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik.
Los Etchevehere denunciados pidieron que se cite a declarar en la causa a los escribanos José Luis Zuffiaurre, Sandra Iampolsky y Ana Julia Vergara, que tuvieron participación en el trámite sucesorio, y también a los abogados Sergio Avero, Santiago Yofré Solanet, Andrea Saxer, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, que han representado a distintos miembros de la familia.
El 21 de septiembre último, y a fin de dilucidar la “pertinencia y utilidad” de esas declaraciones la jueza Bacaluzzo solicitó al Juzgado Federal de Paraná la remisión de la causa que inició Dolores Etchevehere en el fuero federal bajo la figura de “extorsión” contra su familia. Una copia de ese expediente fue remitido por la Justicia Federal el 14 de octubre. “De dichas copias surge que la señora Dolores Etchevehere denunció a sus hermanos y a su madre por la comisión del delito de extorsión producto de la violación a los derechos garantizados en la Ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres, habiéndose ejercido en su contra violencia económica y psicológica”, señala la jueza en una resolución a la que accedió Entre Ríos Ahora.
Y agrega: “Específicamente, Dolores Etchevehere imputa a Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere y a Leonor María Magdalena Barbero Marcial el haber doblegado su voluntad para que el 31 de agosto de 2018 firmara un acuerdo privado de adjudicación y partición de herencia e incluso cuestiona la cesión de las acciones de Las Margaritas SA a Mirus y les enrostra también diversas maniobras defraudatorias y extorsivas con el objetivo de despojarla de sus derechos hereditarios mediante la utilización de actos intimidatorios, abuso de poder, tráfico de influencias y violencia psicológica y económica”.
“Emerge evidente de lo antes expuesto que lo relativo al acuerdo del 31 de agosto de 2018 y las diferentes vicisitudes que denuncia la señora Dolores Etchevehere respecto a la firma son sucesos ajenos a este proceso penal y son objeto de otra investigación radicada en el Juzgado Federal de Paraná”, concluyó la magistrada.
Luego, y a fin de “justificar la petición bajo análisis, el defensor de los encartados alude a que los profesionales propuestos como testigos han intervenido en los pleitos y en la redacción de varios escritos, acuerdos e instrumentos notariales – sin precisar en qué pleitos y escritos actuaron- que involucran a la Sra. Dolores Etchevehere y a sus defendidos, sosteniendo que los testimonios ofrecidos tienen una ´importancia superlativa´ y resultan relevantes, pertinentes y oportunos en función del hallazgo de la verdad, como fin del proceso penal”.
En ese maco, y “más allá de los genéricos fundamentos en que se apoya el pedido del letrado, prima facie correspondería hacer lugar a lo solicitado por el Dr. Pagliotto y sus pupilos a fin de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio, que implica que todo imputado de haber cometido un delito debe contar con la posibilidad de emplear todas las herramientas y mecanismos adecuados para defenderse, de exponer su hipótesis del caso y proponer medidas de pruebas que sustenten su teoría del caso”.
Pero la jueza dispuso que “deviene imprescindible -antes de efectivizar el llamado a prestar declaración testimonial de los profesionales y a fin de que los testigos puedan ser interrogados exahustiva y profundamente acerca de su intervención en la redacción de escritos, acuerdos, instrumentos notariales y que la prueba propuesta resulte útil para el descubrimiento de la verdad- que se interrogue a la denunciante y querellante particular, Señora Dolores Etchevehere y a los imputados: Leonor María Magdalena Barbero Marcial, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, acerca de si relevan a los abogados Yofré Solanet, Saxer, Federik y Lambruschini y a los Escribanos Zuffiaure, Iampolsky y Vergara, de su obligación de guardar secreto profesional”.
En el marco de esa causa, este lunes, a las 17, hará su cuarta declaración indagatoria la mamá de los Etchevehere, Leonor Barbero Marcial.
La mujer ya había declarado en dos oportunidades: el 12 de marzo y el 20 de abril. Se esperaba una tercera para el 30 de abril. Pero en medio ocurrió que el juez de la causa, Carlos Hugo Ríos, contrajo Covid-19, y no pudo recuperarse: falleció a principios de junio último.
Denuncia Etchevehere: la causa que casi naufraga por decisión fiscal
El juez que tomó a su cargo el caso, Juan Hipólito Carlin, dispuso una serie de aplazamientos. La continuidad de las indagatorias, que empezaron con los hijos de Etchevehere en octubre de 2020, se había suspendido. En mayo pasado, y por segunda vez, la Justicia frenó el trámite que debía cumplir Barbero Marcial en la causa penal que enfrenta a raíz de la denuncia por estafa.
El 4 de mayo, el juez subrogante Juan Hipólito Carlin emitió una resolución en la que dispuso que ese trámite se cumpliría el 9 de junio. Pero tampoco pudo darse en esa fecha. El lunes 17 de junio el magistrado firmó un nuevo escrito en el que comunicó que la indagatoria no tendría lugar hasta que «las condiciones sanitarias» lo permitieran.
Esa indagatoria había sido programada para los días 5 y 9 de agosto, pero el abogado de la familia Etchevehere, Rubén Pagliotto justificó el pedido de aplazamiento en dos motivos: sus propios problemas de salud, y los de Barbero Marcial, de 84 años, a quien su cardiólogo recomendó 10 días de reposo. Debió declarar el 13 de octubre, pero un informe de la médica Lilian Inés Pereyra, del Departamento Médico Forense del Poder Judicial, dictaminó que no podía ser sometida a factores estresores por el término de 30 días. El último turno, entonces, había sido el 19 de noviembre pasado.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora