Gustavo Tamay, responsable de Certificación de Publicidad en Vía Pública, declaró este lunes como imputado en el megajuicio que se le sigue en la causa “de la vaca”, en la que se investigó el supuesto direccionamiento de publicidad callejera entre 2010 y 2015, en la última parte del gobierno de Sergio Urribarri.
El curioso nombre con el que se hace referencia al caso se debe a que en la investigación la Fiscalía sostiene que se falsificaban certificaciones de publicidad en la ruta, y en ellas siempre aparecía repetida una vaca.
La tesis de la Fiscalía es que la simulación era así: una vez que se conseguía la contratación, se realizaba un diseño digital sobre el cartel donde debía aparecer la publicidad, y luego se presentaba el “photoshop” como comprobante para cobrar la orden de publicidad. El encargado de certificar dichos trabajos era Gustavo Tamay, quien estaba a las órdenes del ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez.
En este expediente, los imputados son: Urribarri, Báez, Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.
Tamay se sentó en el banquillo de cara al Tribunal y dio una extensa explicación sobre cómo ingresó al Estado y su rol en el área de Certificación de Publicidad callejera. «No fui partícipe de ningún delito, ni de desvío de fondos públicos, ni de falsificación y certificaciones ficticias. De nada de lo que se me acusa en este juicio», manifestó al término de su alocución.
Gustavo Tamay declaró como imputado este lunes.
En su comparecencia, señaló que ingresó al Estado en 1997, en la Subsecretaría de Turismo, con un contrato de locación de servicios; que luego fue despedido durante el gobierno de Sergio Montiel (UCR) y que trabajó durante un periodó de tiempo como maestranza en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Allí, se recibió como Martillero Público y fue reincorporado al Estado entrerriano en 2004 y que en 2007 se sumó al equipo de Báez en la Dirección de Información Pública, que luego se trasnformaría en el ministerio de Cultura y Comunicación.
Sobre su rol en el área de Certificación de Publicidad en Vía Pública, explicó: «Mi tarea era mirar distintos carteles publicitarios por las rutas de la provinica. Me alcanzaban una fotocopia de la orden de publicidad y yo aprovechaba cada viaje para ir mirando los carrteles mientras manejeaba y veía si se cumplia con la orden de publicidad».
Afirmó que «la mayoria de las veces no encontré ningun inconveniente» pero que «si había una tormenta los carteles se rompian o en otros casos los lugareños arrancaban los carteles para hacer ranchos, corrales o criadores de gallinas». Entonces, indicó que al regresar a Paraná «las empleadas de publicidad me acercaban el expediente que tenía que firmar en el que decía que yo me había constituido in situ en el kilómetro tal».
Megajuicio: perito habló de fotomontajes de cartelería publicitaria y del parador
En otro tramo, cuestionó el informe del bioingeniero Juan Francisco Rossi, perito del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y unos de los especialista que realizó cotejos comparativos entre las imágenes relativas a la campaña de Urribarri y las contrataciones pagadas por el gobierno provincial. «El 9 de noviembre el perito Rossi mostró la foto de de una contratación de la empresa Formato Urbano de julio a octubre de 2013. Según él, se usó la misma foto para una contratación de otro expediente. Rossi habló de manipulaciones, repeticiones, algunas cosas las dijo con sorna. Esos eran problemas de las fotos que presentaban las empresas, pero las fotos eran ilustrativas y la constatación la hacía yo recorriendo la ruta».
Enseguida, con la ayuda de Google Map, Tamay le mostró al Tribunal diferentes imágenes en la ruta en la que se veía la cartelería contratada por el Gobierno entrerriano. «Las campañas de cartelería estaban correctamente puestas», subrayó.
Luego se refirió a las fotos de la vaca, que aparece repetida en la certificación de distintas publicidades en ruta. «La foto de la vaca pagaba mucho más en términos de rating y en grandilocuencia en los medios. A mi no me dieron oportunidad de explicarlo», dijo y agregó que «era mas importante mostrar la foto de la vaca por todos lados que antes que mostrar lo que había sucedido y era que estaban los carteles como correspondía. Eran los tiempos en que la foto de la vaca causaba más repercución en los medios».
Finalmente, resaltó que «no tenía injerencia en contratación de publicidad estática ni en los contenidos. En relación a los carteles, mi tarea era aprovechar los viajes y mirar si estaba el contenido y si no estaban vandalizados. Lo hice de la mejor manera de posible y con total responsabilidad. No fui partícipe de ningún delito, ni de desvío de fondos públicos, ni falsificación y certificaciones ficticias. De nada de lo que se me acusa en este juicio».
El apoderado del PJ y el sueño entrerriano
Antes de Tamay, ante el Tribunal declaró como testigo Rubén Efraín Cabrera, apoderado del PJ Entre Ríos desde 1982. Entre otras cosas, Cabrera habló de la campaña «El sueño entrerriano», slogan de la candidatura de Urribarri. “Fue el slogan en una elección intermedia, 2013, que no tuvo mayor difusión. No tuvo éxito. Fue el hecho turístico más importante para la provincia. Tuvo mucha trascendencia, pero no tengo detalles”, aseveró.
“Urribarri no fue precandidato ni candidato a presidente. Hubo interés en posicionarlo a nivel nacional, pero no llegamos a imponer la precandidatura. Fue una cosa frustrada”, agregó ante las preguntas de los defensores.
Luego sostuvo que Juan Pablo Aguilera no tenía una imprenta y que de haberlo tenido «le hubiésemos peleado el precio, la forma de pago. Imprenta, él, nunca tuvo”. Cuando la Fiscalía le preguntó si conocía que la esposa de Aguilera, Luciana Almada, integraba la firma Tep, dijo desconocerlo.
Los delitos investigados en la causa «de la vaca» o imprentas consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
El 24 de mayo de 2018, apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.