La grieta en el Poder Judicial, dijo hoy el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, es entre los jueces corruptos y los jueces que acatan la ley. Parafraseó así al juez Horacio Rosatti, y la referencia la hizo a viva voz ante los miembros de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que hoy, durante casi dos horas y media, lo escucharon, le preguntaron y le repreguntaron sobre la denuncia hecha por el abogado Carlos Reggiardo, un militante del Frente Renovador de Victoria.
Enseguida, les aclaró un punto: “No me fabriquen cuestiones de moral, porque no estamos hablando de cuestiones de moral”. De ese modo, pidió que quedara al margen de la investigación que llevan adelante los diputados un asunto que de su vida privada: un juicio por alimento de la madre de su hijo, radicada en los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En algún momento del intercambio con los legisladores, el presidente de la Comisión de Juicio Político, Diego Lara (Frente para la Victoria), le preguntó si había utilizado viáticos del Poder Judicial para viajar a hacerse un estudio de ADN por esa causa.
Chiara Díaz no lo dejó avanzar: le reprochó introducir en el debate un asunto que había sido excluido del juicio político, y lo enfrentó. “Con ese mismo criterio, yo podría decir que usted también tiene un juicio por alimentos para sus hijos. Y le podría recordar que usted quemó libro”, fustigó el presidente de la Sala Penal del STJ. Se refería a una dura acusación que pesa sobre Lara de su gestión como intendente de María Grande: haber mandado a quemar libros de la Biblioteca Municipal, un hecho que estalló públicamente en 2006.
Al inicio, Chiara Díaz, a quien los legisladores le otorgaron un tiempo de 30 minutos para hablar pero que se extendió por más de dos horas, dijo sentirse “sorprendido” por el trámite legislativo que, aseguró, ha sido manejado “pésimamente” tanto desde Diputados como de parte de la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, para quien no ahorró cuestionamientos.
“No se respetó el derecho de defensa que tiene toda persona, aún los delincuentes más atroces”, reprochó el juez. Y fue más allá. “Planteo que acá hubo cosa juzgada”, en referencia al trámite del juicio político en el que, según la Constitución, la Cámara de Diputados sólo debe investigar, y el Senado se constituye en cámara acusadora.
“Yo no fui a ningún lado robando viáticos”, dijo Chiara.
Lo dijo frente a la Comisión de Juicio Político, que integran: Diego Lara (presidente), Rosario Romero (secretaria), Pedro Báez, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán, Ángel Vázquez, por Frente para la Victoria; Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola, Esteban Vitor, por Cambiemos; y Gustavo Zavallo, por el Frente Renovador.
Como oyentes, a un costado, estuvieron los senadores Lucas Larrarte y Pablo Canali, también del Frente para la Victoria, y el diputado Alberto Rotman (Cambiemos).
La denuncia contra Chiara Díaz fue promovida por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, enrolado en el Frente Renovador, quien lo acusó de ausentarse de su despacho por los viajes que realiza para dar clases y también por la supuesta utilización irregular de viáticos.
La comisión habilitó el proceso de juicio político el martes 23 de noviembre, notificó al magistrado al día siguiente y le concedió un plazo de seis días para presentar su descargo. Además, libró una serie de medidas de prueba con diferentes oficios y solicitudes de informes a facultades, al mismo Superior Tribunal de Justicia, al Juzgado Nacional de Primera Instancia en la Civil Número 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empresas aéreas y al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El paso siguiente en el procedimiento de juicio político prevé que la Comisión, constituida como investigadora, elabore un dictamen que será elevado al pleno de la Cámara de Diputados. Para iniciar la investigación se necesita el voto de 23 legisladores y un quórum mínimo de 26 integrantes del cuerpo.
Luego, el cuerpo en pleno deberá elegir a cinco miembros que serán una especie de fiscales en el proceso de juicio político y serán los encargados de sostener la acusación ante la Cámara de Senadores, que es el órgano juzgador.
Chiara Díaz negó los cargos, “tengo prosapia familiar, mi padre fue juez de esta provincia”, y aseguró que “fui el primer juez de Instrucción de la democracia”. Luego, apuntó: “Estoy dispuesto a defender el apellido. No voy a permitir que alguien diga que soy un inmoral. Acá hay varios que tienen problemas de no pasar asistencia a los hijos. Pero no los voy a nombrar para no meterme en cuestiones privadas”.
“¿Quién tiene la autoridad para venir a decirme: ´Usted es un ladrón´? Yo no quiero denunciar al acusador, pero si es necesario, tengo los datos. Tengo los datos del secuestro de un auto. Tengo los datos de que ha estado internado en Santa Fe. Y varias cosas más. No me considero una mosca blanca (…). Pero ahora voy a plantear que a todos los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, empezando por la presidenta, se les haga la misma investigación que ustedes me hicieron a mí. Pero no para cambiar a los sujetos investigados”, planteó.
Dijo que Mizawak “cree que por ser presidenta del Tribunal no tiene que rendir cuentas, en el sentido de decir que se va a Montevideo, como se fue hace poco, pero después hay que convalidar los gastos. Yo creo que en el Tribunal todos, desde la presidenta, debemos decir para qué viajamos”.
“Yo no soy un delincuente. Hay muchos de los que figuran en estas actuaciones que sí lo son, que tienen condena firme, y que a lo mejor no les importa que se les diga una cosa u otra. A mí sí me importa”, apuntó.
“Pero si se deciden a hacer la acusación, por favor háganla respetando mi derecho de defensa”, planteó más adelante.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.