“El Estado tiene la función indelegable de garantizar los Derechos Humanos”, señaló la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), y de ese modo se sumó a la cadena de repudios hacia las declaraciones efectuadas a finales de 2021 por el jefe de la Policía, Gustavo Maslein, a propósito de un pronunciamiento de organizaciones sociales que condenaron los crecientes casos de violencia institucional en la fuerza.
«La verdad que estoy un poco cansado y abrumado por la cantidad de chicanas y críticas que recibimos de algunos sectores, que de una forma u otra tratan de vender esto que tienen armado ellos, y que existe una policía autoritaria, que no cumple con la Constitución y que comete delitos; nos posicionan como si estuviéramos en el pasado, 45 años atrás, como que somos unos brutos, unos ignorantes», había dicho Maslein.
«Es seguro que se pueden cometer errores, y este año hicimos 6.000 detenciones, y si hubo algo que investigar hacia adentro asumimos esos errores, y en la mayoría de los casos nos sirven para corregir, mejorar, para capacitar de mejor manera a nuestro personal. Pero por los dichos de estos grupos, pareciera que están apretando al Gobernador o la Ministra para crear una oficina de un comité sobre tortura. Al menos por la insistencia que dicen algunas situaciones que no son reales, es como que buscan ese fin».
Fue en respuesta al duro documento que emitió la la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), que reclamó al Gobierno que “frene el alarmante incremento de la violencia institucional”, cuestión que cobró vigencia con el hallazgo, el lunes 27, del cuerpo del joven José Luis González, de 22 años, cuya desaparición ocurrió el domingo 19 del actual, hecho en el que quedó bajo sospecha la intervención de funcionarios policiales de la Comisaría 8ª.
“Tanto en el caso de Iván Pérez como en el de Gabriel Gusmán, ambos víctimas de casos de gatillo fácil durante ésta gestión de gobierno, distintos funcionarios policiales con cargos en la fuerza policial admitieron en investigaciones judiciales que la Policía de Entre Ríos no recibe entrenamiento ni capacitación en manejo de armas de fuego, lo que es de una gravedad institucional sin precedentes y de lo cual ningún funcionario público ni legislador provincial ni poder del Estado solicitó informe sobre ello a la autoridad correspondiente ni ninguna otra acción que dé cuenta de la gravedad que esta realidad implica, al pretender justificar corporativamente la muerte de dos jóvenes en nuestra provincia por balas policiales”, señaló el pronunciamiento.
Agmer sumó su repudio hacia el jefe policial.
«Expresamos nuestro rechazo y repudio a las declaraciones del jefe de la Policía de Entre Ríos ante el reclamo de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos frente a la necesidad de revertir la violencia institucional en la provincia», dijo el gremio este sábado. «Maslein no puede desconocer la historia de las violaciones de los Derechos hHumanos en la Argentina y particularmente en Entre Ríos y la responsabilidad estatal en la comisión de aberraciones y delitos de lesa humanidad, aún en períodos constitucionales», subrayó.
«Es muy grave -alertó el sindicato docente- que un funcionario con el lugar de responsabilidad institucional y política como el que ocupa Maslein se sume al coro de las voces de la desmemoria y el negacionismo, que desembozadamente atacan a la lucha en defensa de los derechos humanos para garantizar impunidad y los privilegios de las clases que históricamente apelaron a regímenes dictatoriales y represión al pueblo para sostener su poderío político y económico».
Y completó: «Este pensamiento y este accionar no pueden tener lugar en el Estado de Derecho. Maslein debe retractarse, formarse en políticas de Derechos Humanos y velar porque la institución que dirige ponga celo en custodiar su cumplimiento; en toda su estructura y partiendo de los ámbitos de formación».
«El Gobierno de la provincia no puede permanecer impávido ante este tipo de pensamientos. Frente a esto exigimos un llamado de atención y medidas de reparación que garanticen el compromiso de las instituciones estatales con el respeto de los derechos humanos y los dictados de nuestra Constitución para cada entrerriano», subrayó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora<