La Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) de Paraná convocó al acto que tendrá lugar este domingo, a las 18,30, en el Camping David Ben Gurion, sobre Avenida de las Américas, en recuerdo de la memoria del fallecido fiscal Alberto Nisman.
“Plantamos un árbol en memoria del fiscal Nisman a 7 años de asesinato”, dice la convocatoria, que lanzó la DAIA y la Asociación Israelita de Paraná.
El 18 de enero de 2015 encontraron muerto al fiscal Alberto Nisman en su departamento de Puerto Madero. Fue a los pocos días que presentara una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios por el presunto encubrimiento de los imputados iraníes en la causa por la voladura del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85muertos y 300 heridos.
Nisman era titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA.
El expediente judicial que se originó a partir de la muerte de Nisman no sólo pasó por distintos juzgados, sino por distintos fueros del Poder Judicial. Se inició en el juzgado a cargo de Fabiana Palmaghini y la fiscalía de Viviana Fein, en el fuero ordinario de la Justicia porteña. Se caratuló como “muerte dudosa” y al día siguiente del hecho, el decano de la morgue judicial, luego de realizarse la autopsia, le informó a Fein, que estaba a cargo de la investigación, que no hubo intervención de terceros en la escena.
El único imputado en la causa era el asesor informático Diego Lagomarsino, por haber entregado un arma a una persona que no tenía portación. Su defensa abonaba la hipótesis del suicidio, mientras que la querella, representada por la jueza federal y ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, sostenía la hipótesis del homicidio y pedía que la causa pasara al fuero federal.
En mayo de 2015, la junta médica que analizó el caso, conformada por 10 peritos del Cuerpo Médico Forense, dos de la Policía Federal, uno de la defensa de Lagomarsino y dos por la querella, concluyó que no había indicios para sostener que se trató de un homicidio. Los dos representantes de Arroyo Salgado no firmaron el informe.
Sin embargo, hacia fines de 2015 Palmaghini desplazó a Fein y se hizo cargo de la investigación. En marzo de 2016, la magistrada declaró la incompetencia del fuero ordinario y envió el expediente al fuero federal, como pedía la querella y el fiscal de Cámara, Ricardo Saénz. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón: en septiembre de 2016 sostuvo que se trataba de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones y que por eso debía investigarlo el fuero federal.
El expediente se trasladó a Comodoro Py y el sorteo dejó la investigación en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Eduardo Taiano. En este tramo de la investigación, a cargo de Taiano, se encomendó la realización de un nuevo peritaje pero en este caso se eligió a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina. El estudio realizado por esta dirección concluyó que la muerte de Nisman se trató de un homicidio.
El expediente tiene 5 procesados: Lagomarsino, como partícipe necesario del presunto homicidio de Nisman por haberle entregado el arma; y cuatro custodios del ex fiscal por “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La causa todavía no fue elevada a juicio y en la instrucción del expediente aún no se determinó quiénes fueron los autores materiales del presunto homicidio.
La denuncia presentada por Nisman antes de morir tramitó inicialmente en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, luego de que el juez Ariel Lijo se declarara incompetente en el expediente. Nisman sostenía que existía un acuerdo entre las autoridades argentinas e iraníes que, presuntamente, tenía el objetivo de hacer caer las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los imputados iraníes en la causa por el atentado a la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertes el 18 de julio de 1994.
Sin embargo, Rafecas desestimó la denuncia por “inexistencia de delito”. Lo mismo hizo un mes más tarde la Sala I de la Cámara Federal porteña. El caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. En esta instancia el fiscal Javier De Luca no sostuvo la apelación, por lo que el caso fue archivado.
En paralelo, se originó una causa en la que se investigaba al ex canciller Héctor Timerman por presunta traición a la patria, originada en una conversación telefónica con el ex presidente de la AMIA Guillermo Borger en la que previamente a la firma del memorándum Timerman admitía que el atentado había sido cometido por los iraníes. Con este material, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió la reapertura del caso. Rafecas y la Cámara Federal lo negaron, pero ante la Cámara de Casación la apelación la sostuvo la DAIA, que actuaba como querellante.
La Sala IV de Casación ordenó reabrir la causa y apartó a Rafecas y a los jueces de la Cámara Federal del expediente. El caso fue sorteado y cayó en el juzgado de Lijo, pero a los pocos meses el juez federal Claudio Bonadio, que llevaba la causa contra Timerman por las conversaciones telefónicas, pidió la conexidad y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, le envió el expediente de la denuncia de Nisman para que investiguen las dos causas juntas.
En diciembre de 2017 Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Fernández de Kirchner, cuya detención no se concretó porque la ex presidenta ya había sido electa senadora y tenía fueros. Sí fueron detenidos Carlos Zannini, Luis D’Elía y Fernando Esteche, entre otros, y a Timerman, que padecía un cáncer por el que falleció a fines de 2018, se le concedió la prisión domiciliaria.
El caso fue elevado a juicio oral y meses más tarde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 revocó las detenciones de Zannini y D’Elía. A fines de 2019, luego de su asunción como Vicepresidenta, el Tribunal Oral revocó la prisión preventiva de Fernández de Kirchner.
El juicio aún no comenzó y no tiene fecha de inicio. En 2020 el Tribunal Oral citó a declarar como testigos a dos personas que no habían sido consultadas en la etapa de instrucción: Ronald Noble, secretario general de Interpol al momento de la firma del memorándum, y su encargado de asuntos jurídicos en el organismo, Joel Sollier. Los testigos debían declarar el 5 y 19 de octubre último, pero, según explicó Noble, Interpol envió una nota a él y a la Justicia argentina en la que señala que “cualquier testimonio suyo es violatorio de sus obligaciones como ex secretario general”. Esto provocó la suspensión de la citación.
Con información de Chequeado
De la Redacción de Entre Ríos Ahora