La Fiscalía de Estado no cesa en su determinación de quedarse con el trabajo de cobro de impuestos por vía judicial, tarea que hoy maneja la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a través de más de 100 procuradores fiscales en toda la provincia.
El Ejecutivo mantiene vigente la resolución N° 003 dictada por la Fiscalía de Estado el 14 de enero último, aunque el titular de ATER, Sergio Granetto, ha resistido su implementación tanto como ha podido. “Granetto no quiere darle los juicios a la Fiscalía, y ya hizo un informe que envió al Gobierno en el que dejó sentada su posición. Por ahora, todo sigue igual”, dijo una fuente de la Administradora.
De igual modo, el Gobierno publicó el lunes 28 de marzo en el Boletín Oficial el texto de la resolución firmada por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, lo cual da cuenta en forma inequívoca de su vigencia.
Rodríguez Signes se ampara en el artículo 209 de la Constitución Provincial, que establece que “el Fiscal es el representante en juicio de la Provincia”.
Pero además, argumenta que el decreto Nº 5.028, de 2011, fija que “será la Fiscalía de Estado el organismo encargado en forma exclusiva y excluyente de promover todas las acreencias judiciales para la recepción de las acreencias fiscales derivadas de multas y tasas que apliquen los organismos e impuestos determinados por la Dirección General de Rentas de la Provincia”.
Fiscal de Estado.
Así, la resolución de Fiscalía ordenó “dejar sin efecto toda disposición por la que se haya encomendado el cobro de acreencias fiscales a organismos y/o procuradores con anterioridad al dictado de la presente”.
Y que “todos los títulos derivados de certificados de deuda tributaría sean remitidos a la Fiscalía de Estado a partir del 1° de enero de 2016”.
Eso, de momento, no ha ocurrido.
El fiscal Rodríguez Signes recordó que, a pesar de lo que dispone el ordenamiento legal vigente, desde la ATER “nunca jamás mandaron un solo título para su ejecución a la oficina de apremios en Fiscalía. La oficina de apremios de Fiscalía recibe las multas de Defensa del Consumidor para su cobro, las de Medio Ambiente y las de Producción. Jamás vinieron ni los impuestos ni las multas de tránsito”.
Pero no bien se conoció aquella disposición de Fiscalía, el titular de la ATER salió a fijar posición en forma pública.
“En relación a las versiones que señalaron que la ATER habría cedido el cobro de sus acreencias fiscales en otros organismos, la Dirección Ejecutiva de la Administradora tributaria provincial aclara que no se ha considerado ninguna decisión en ese sentido por parte del equipo de gestión que asumió funciones el 4 de enero pasado. Puntualmente, se ha pedido información y se están realizando relevamientos que permitan aportar más transparencia a todos los procesos, de acuerdo con la claridad del mensaje, que ha dado el Gobernador en esa línea”, explicó Granetto.
“Precisamente –añadió–, se entiende necesario implementar todos los controles que correspondan sobre esta materia, logrando así el mayor grado de transparencia. Asimismo, es preciso contar con indicadores periódicos que acrediten el grado de eficacia y eficiencia con que los Procuradores Fiscales designados por el Poder Ejecutivo, llevan a cabo la labor de cobro judicial encomendada por la ATER”.
Y respecto de la intervención de la Fiscalía de Estado, apuntó, “y atento el pedido de informe de ese organismo, se señala que el mismo ha sido respondido, con importante información a los fines de un mayor y mejor control de lo actuado por los Procuradores Fiscales para el cobro por vía judicial”.
La situación, todavía sigue igual, y ATER no ha cedido nada a Fiscalía, que sigue plantada en sus trece, y con la determinación de hacer cumplir la ley.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.