El megajuicio que sentó en el banquillo de los acusados al dos veces gobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel Sergio Daniel Urribarri transita sus últimas jornadas. Cerrada la etapa de testimoniales y de presentación de pruebas por parte del Ministerio Público Fiscal y los defensores, este martes, lo que sigue es una instancia clave: la lectura de los alegatos de clausura de la acusación y de la defensa.
La Fiscalía, representada por los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, iniciará el lunes 14 la etapa de los alegatos que se extenderían hasta el martes 15. Si esas dos jornadas no fueran suficiente para la acusación, continuarían el jueves 17, según el esquema tentativo que maneja el tribunal que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón.
De cuántos días insuma el alegato de Fiscalía dependerá la fecha de inicio de los alegatos de la defensa, compuesta, entre otros, por los abogados Miguel Cullen, Raúl Barrandeguy, Marcos Rodríguez Allende, Emilio Fouces y José Velázquez.
El megajuicio -el principal imputado, el exgobernador Urribarri, se molestó por ese calificativo en su declaración de este lunes- incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: e N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, plantea la acusación.
La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa tuviera existencia real. Buffa “una persona del entorno” de Báez, según la Fiscalía, consiguió el direccionamiento el 1° de julio de 2011 de una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares.
Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente del “Sueño Entrerriano”.
El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del “Sueño Entrerriano”.
El cuarto caso, dentro del subíndice “Sueño Entrerriano”, alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. Lo gastado equivale a 3.221.000 dólares. La contratación fue con “el supuesto objetivo” de difundir políticas públicas. Tres de los cuatro videos no aludieron a la Cumbre sino a instalar la imagen de Urribarri, entonces embarcado en llegar a la Presidencia de la Nación.
El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.
Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de un ación más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.
En ese marco, el 5 de diciembre de 2014 se inició expediente administrativo: el exministro de Turismo, Hugo Marsó, pidió la contratación del montaje del parador playero. Pocos días después, el 30 de diciembre, Marsó y Gerardo Caruso, responsable de la firma El Juego en que Andamos, firmaron el contrato para el parador. La firma no tenía experiencia, poseía un capital mínimo y no tenía domicilio en la Provincia: por eso, puso como domicilio la vivienda, en la ciudad de Larroque, del exsecretario de Justicia de Urribarri, Rubén Virué. Goyeneche dijo que antes y durante la contratación hubo “múltiples comunicaciones entre el propio exgobernador y el señor Gerardo Caruso, contactos que se iniciaron mucho antes que la gestión administrativa para la contratación. Se iniciaron el 20 de octubre de 2014 y siguieron hasta mayo de 2015. También Marsó se contactó con Caruso. El entorno, la familia Urribarri, también mantuvo contactos previos. A tal punto que su hijo Franco, Juan Pablo Aguilera y Caruso viajaron juntos a Mar del Plata en noviembre de 2014, un mes antes de publicarse la licitación para esta contratación. Este viaje fue abonado por Relevamientos Catastrales, la empresa del señor Diego Armando Cardona Herreros, que pertenece al círculo íntimo de Urribarri, imputado en dos causas”.
El exgobernador Urribarri desacreditó las acusaciones en su contra y habló de un «tridente» que motorizó las denuncias y la acusación, conformado por la oposición, un sector de la prensa y parte de la Justicia.
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“Ninguno, ninguno de los actos que desde hace 6 años se vienen ventilando, desmenuzando y analizando, ninguno de esos actos se realizó violando ninguna ley. Pero sí esos actos se realizaron haciendo uso del poder conferido por ese voto popular”, dijo sobre las cinco causas penales que integran el megajuicio. “Como hombre de la democracia y de la política, jamás me opondría ni me opondré a la revisión de mi gestión, de nuestra gestión, por parte de quien sea porque tengo muy en claro que nuestro desempeño como funcionario público y más aún cuando ejercemos cargos electivos como el que yo ejercí. Siempre estamos sujetos estamos al análisis permanente de los organismos de control, de los organismo legales, de la opinión pública, de la prensa, y por supuesto del Poder Judicial”, afirmó en su declaración vía zoom desde Israel.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora