En el arranque de la jornada de este jueves del megajuicio que se inició el 27 de septiembre de 2021 al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull alegó sobre la última de las causas que sentaron al extitular del Ejecutivo en el banquillo: el montaje de un parador playero en Mar del Plata en 2015.
Esa operación, aseveró el representante del Ministerio Público Fiscal, tuvo un hilo conductor que la une a la contratación de la productora Nelly Entertainment SA por $28 millones para promocionar la Cumbre Mercosur, que se realizó en 2014 en Paraná, y la publicación de una solicitada contra los fondos buitre: todo tiene que ver con todos, el “Sueño Entrerriano”, alegó Ramírez Montrull, la aspiración de Urribarri por convertirse en precandidato a Presidente de la Nación en 2015.
“Hay un denominador común, la desviación de poder, la parcialidad de los funcionarios públicos hacia intereses particulares, que confluyen en quien se desempeñaba como gobernador, y que tenía como objetivo la instalación y el posicionamiento de su imagen a nivel nacional”, señaló. “Dentro de las actividades para este posicionamiento, también tiene acciones de promoción turística, se instalaron casas de Entre Ríos en Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Córdoba, todo en el mismo momento. Estas instalaciones duraron muy poco tiempo. Se dejaron alquileres sin pagar y problemas con las locaciones de estas casas en distintas provincias. Todo como parte del mismo plan”.
La instalación del parador de Mar del Plata costó $14 millones, unos 1,7 millones de dólares, calculó el fiscal.
El cuñado Juan Pablo Aguilera .
Gerardo Caruso, titular de la empresa «El juego en que andamos».
Hugo Marsó, exministro de Turismo.
Corina Cargnel, contadora de las empresas que se adjudican a Aguilera.
En el trámite de contratación de “El Juego en que Andamos”, la firma elegida para montar ese parador que costó $14 millones, se observaron “las mismas irregularidades que con la contratación de Nelly Entertainment, y este es un modus operandi de una organización delictiva”, señaló Ramírez Montrull. La contratación y la selección del adjudicatario se dio de forma “clandestina” y luego se dio inicio a un expediente administrativo en el Estado para darle “apariencia de legalidad”.
Para probar el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, el fiscal aportó un dato: la adjudicación de la instalación y armado del parador de Mar del Plata a la firma “El juego en que andamos” ocurrió el 29 de diciembre de 2014, y el 3 de diciembre de 2015 se inauguró. “Ese dato es suficiente para probar las negociaciones incompatibles”, señaló.
En ese tiempo record, “El Juego en que Andamos”, la empresa de Gerardo “Foia” Caruso, una firma con un patrimonio de $60 mil y un promedio de ingresos mensuales de $47 mil, consigue, a 6 meses de haberse constituido como productora, la instalación del parador de Mar del Plata por un monto de 1,7 millones de dólares.
En esa contratación, dijo el fiscal, hubo “sobreprecios y esto fue así para asegurar (el pago de) los retornos. Esta era la intención”. La estrategia fue “reducir los plazos para que no haya oferentes, simular competencia, determinar el precio arbitrariamente. Todo esto porque ya estaba todo decidido”.
“Tuvieron que poner un precio acorde a las necesidades proselitistas”, dijo Ramírez Montrull, y después detalló las 181 llamadas que hubo entre Urribarri y el empresario Caruso, comunicaciones que empezaron mucho antes de que se haya resuelto la adjudicación, el 20 de octubre de 2014. “Hubo seis llamadas entre ambos, antes de que Caruso resulte adjudicado, y 2 llamadas el día de la adjudicación. Urribarri fue el que negoció todo”, planteó.
Aunque también hubo llamadas entre Caruso y el cuñado Juan Pablo Aguilera, Franco Urribarri, hijo del exgobernador, y Hugo Marsó, exministro de Turismo.
«Esta suma de irregularidades tiene su beneficio, el beneficio es la promoción de la imagen de Urribarri», y que configura el delito de negociaciones incompatibles con la función públilca, dijo. Y agregó que también se suma el delito de peculado. «Tiene un plus esta causa respecto de la causa Mercosur. Acá hay un retorno de dinero. No solo que el beneficio es la publicitación de la imagen, sino que hay retorno», afirmó. «Este esquema de retornos fue en forma clandestina», ilustró.
Ramírez Montrull detalló tres pagos de «retornos», por una suma total de $4,7 millones.
El montaje
«Venimos a mostrar todo lo que hicimos en Entre Ríos en estos siete años de gestión, en este lugar tan lindo y popular al que vienen a veranear miles de argentinos gracias a este modelo de crecimiento con inclusión social impulsado por Néstor y Cristina Kirchner”.
De ese modo, Sergio Daniel Urribarri se presentó el sábado 3 de enero de 2015 en la playa La Perla, de Mar del Plata, cuando inauguró el parador.
La contratación con la empresa de Gerardo «Foia» Caruso para instalar aquel parador se tramitó a través del expediente Nº 1656830, que inició el 5 de diciembre de 2014 el Ministerio de Turismo.
El 12 de diciembre de ese año se dictó el decreto Nº 4.804 que autorizó la “contratación de un servicio de instalación, montaje, logística y puesta en funcionamiento de un Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para el mes de enero de 2015”.
El 29 de diciembre de 2014, se dicta el decreto Nº 5.120 que aprobó “todo lo actuado en la Licitación Pública Nº 69/14” para instalar el mentado Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en Mar del Plata. Y adjudicó la contratación del servicio a la firma “El juego en que andamos SRL”, por un monto de $14.561.870, “por cumplir con los Pliegos de Condiciones, resultar el precio razonable y conveniente a los intereses del Estado y ajustarse a las característica del servicio requeridos de acuerdo a lo expresado en la oferta y la documentación aportada”.
La licitación resultó curiosa: se presentaron dos firmas nada más. “El Juego en que Andamos SRL” y “Castromil SRL”. Pero se rechazó la segunda “por no encontrarse inscripta en el Registro de Proveedores del Estado” y haber “cotizado por un precio más alto”. En su alegato de este jueves, el fiscal Ramírez Montrull dijo que se trató de una «competencia simulada», porque de antemano se sabía quién sería el adjudicatario.
Todo ese trámite, según Urribarri contó en una declaración pública que distribuyó a los medios tras su presentación en Tribunales cuando la causa penal estaba en trámite, incluyó la intervención de distintos organismos. Dijo que “así como la Contaduría General de la Provincia se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha la denominada cuenta general del ejercicio. Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público”.
Las dudas en torno a la rapidez del trámite y la falta de participación de organismos de control llevó al exsenador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) a presentar una denuncia en la Justicia. Así surgió el Legajo Nº 58383, caratulado “Urribarri Sergio Daniel, Marsó Hugo José María, Aguilera Juan Pablo, Cargnel Corina, Caruso Gerardo Daniel s/Peculado en concurso ideal con defraudación a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La acusación de la Fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.
Megajuicio: Aguilera financió el parador de Mar del Plata, dijo Caruso
Para el cometido, según la Fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al exdirector de Contenidos del “Fútbol para Todos”, Gerardo Caruso, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y la contadora de las empresas de éste, Corina Cargnel.
La operación se resume del siguiente modo: la Provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, “Castromil SRL” y “El Juego en que andamos SRL”. La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.
De modo que descartado el competidor –que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada gira una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del gobernador.
“El Juego en que andamos SRL”, de la que es socio gerente Gerardo ‘Foia’ Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los $14 millones que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800.
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La firma que integra Caruso, según la acusación de Fiscalía, también habría hecho un “retorno” de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por $ 2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.
Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.
Los trámites para contratar a “El juego en que andamos SRL” se iniciaron el 5 de diciembre de 2014, cuando el entonces ministro Hugo Marsó interesó a Urribarri la instalación del parador para difundir la marca Entre Ríos como destino turístico en Mar del Plata. En el expediente de la causa por el parador, se considera que esa solicitud fue justificada de forma “ficticia”, ya que la verdadera razón era promover la precandidatura de Urribarri.
Según la acusación, Urribarri y Marsó tuvieron el “aporte imprescindible” de Gerardo Caruso, socio gerente de la firma contratada y, entonces, director de Contenidos del Fútbol para Todos. Los investigadores entienden que “Foia” contó con “información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”, y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Y recalcan que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos.
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La firma tiene su sede en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, en manos de los fiscales hay un documento en el que se consignó el domicilio del entonces Secretario de Justicia Rubén Virué, quien renunció al cargo el 5 de junio de 2015.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.