El Ministerio Público Fiscal cerró hoy los alegatos acusatorios de clausura en el megajuicio que se sigue al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, con durísimas penas para los 13 imputados, y les imputó los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado (distraer fondos públicos para fines privados) en el marco de una investigación penal que reunió cinco grandes causas de corrupción.

El fiscal Gonzalo Badano expuso ante el tribunal conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón los pedidos de condena a cada uno de ellos. Al exgobernador Urribarri se le reprochan cinco hechos, y se le pidió la aplicación de la pena de 12 años de cárcel más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.

Al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, 10 años de cárcel; la misma pena para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. En tanto, a la contadora Corina Cargnel, contadora de las empresa Tep SRL y Next SRL, que se adjudican a Aguilera, la Fiscalía pidió 8 años de prisión. Además, como accesorio se pidió el decomiso de los bienes de Tep y Next, entre otros la propiedad de calle Racedo al 400.

 

Más pedidos de penas:

-Para el empresario Gerardo Caruso, de El Juego en que Andamos, que montó el parador en Mar del Plata, solicitaron5 años de cárcel.

-Para el exministro de Turismo, Hugo Marsó, pidieron 5 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.

-Para Gustavo Tamay, exResponsable de Publicidad en la Vía Pública del Ministerio de Cultura y Comunicación, solicitaron 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

-Para el empresario Germán Buffa, de la firma Global Means, solicitaron 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua.

-Para Gustavo Tórtul, exfuncionario de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

-Para el empresario Emiliano Giacopuzzi solicitó 4 años de cárcel, una multa e inhabilitación especial.

-Para el empresario Maximiliano Sena la pena pedida fue de 2 años e inhabilitación perpetua.

-Por último, para los hermanos Luciana (esposa de Aguilera) y Alejandro Almada pidieron 3 años de prisión condicional más multa e inhabilitación especial.

Asimismo, para cada uno de los imputados se solicitó la pena de multa de $90 mil que es lo máximo que permite el legislación, más las costas del juicio. También se solicitó el decomiso de diferentes bienes patrimoniales de los imputados.

Decomiso

Sobre el final de su pedido de pena, el fiscal Badano pidió el decomiso de aquellos bienes que siriveron para la comisión de los delitos. En al causa imprenta, pidió el decomiso de los bienes de la empresa Tep SRL: inmueble en calle Racedo 415; el inmueble de calle Racedo 409; vehículos (dos autos y una moto) registrados a nombres de la empresa; computadoras y CPU’s, una máquina de impresión.

Señaló finalmente que los inmubles sean destinados al Poder Judicial; los vehículos a la Policía de Entre Ríos; y los elementos informáticos al Consejo General de Educación (CGE) para ser asignados las instituciones aducativas.

Ademas se solicitó que los embargos que se dispusieron antes del juicio sean mantenidos hasta que la condena adquiera firmeza, «a los fines del pago de las costas, multa y reparación del daño».

 

Acusación

En el alegato acusatorio de apertura, el 27 de septiembre de 2021, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche, relató el perjuicio al erario público que provocaron estas cinco causas de corrupción que llevaron a juicio a Urribarri y el resto de los 12 imputados.

Urribarri, sus exministros Pedro Báez, extitular de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, responsable de la cartera de Turismo, otros funcionarios de menor rango, empresarios, amigos y famiiares, la acusación del Ministerio Público Fiscal es por cinco causas de corrupción, agrupadas en tres grandes expedientes. “Con mayor o menor éxito, en estos cinco  casos se procuró dar apariencia de regularidad a los procedimientos administrativos con el fin de encubrir la desviación de poder y la sustracción de dinero públicos”, sostuvo Goyeneche en su alegato.

Primero, fue la “causa de la vaca”: el dirección de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.

“Un delito continuado”, calificó la fiscal a la maniobra, que ocurrió entre 2010 y 2015. Durante esos años, señaló, “se desarrolló una maniobra sistemática destinada a favorecer a un grupo de empresas dedicadas a realizar publicidad estática en vía pública”. En esos años, y con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares. Goyeneche habló de “el dueño” para referirse al cuñado Aguilera, cuestión que “siempre se mantuvo oculta” para los organismos de control. “Tep y Next manejadas desde las sombras por Juan Pablo Aguilera, mientras que Montañana y Bustamante lo hacían con un previo acuerdo espureo de cartelización con el señor Aguilera”, lanzó.

Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, afirmó la Procuradora Adjunta.

La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa tuviera existencia real. Buffa era “una persona del entorno” de Báez, dijo Goyeneche, y por eso se “direccionó” el 1° de julio de 2011 una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares. “El carácter ilícito de esta contratación surge clara cuando se determina que al momento de recibir la pauta publicitaria, la empresa en cuestión, Global Means SA, no existía. Fue creada recién un mes y medio después, el 15 de agosto de 2011”, apuntó.

Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente del “Sueño Entrerriano”. Goyeneche dijo que esas investigaciones judiciales tienen un “denominador común, que es la desviación de poder hacia intereses particulares, vinculado con la idea de promover la imagen personal de Urribarri a nivel nacional con la aspiración de instalar su imagen como futuro candidato a Presidente de la República”.

El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del “Sueño Entrerriano”. La solicitada se publicó en 18 medios gráficos nacionales, “bajo la mecánica de la contratación directa por vía de excepción, a pesar de la inexistencia de urgencia que justificara esa vía”, planteó Goyeneche.

El cuarto caso, dentro del subíndice “Sueño Entrerriano”, alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. “En la misma línea de procurar instalar su imagen a nivel nacional con dineros públicos, vamos a demostrar que Urribarri y Baez sustrajeron de la partida presupuestaria para la Cumbre 28.400.000. “Esa suma fue aplicada para el beneficio personal de Urribarri en la difusión de 4 spots para instalar su imagen a nivel nacional”. Lo gastado equivale a 3.221.000 dólares. La contratación fue con “el supuesto objetivo” de difundir políticas públicas. Tres de los cuatro videos no aludieron al a Cumbre sino a la imagen de Urribarri, dijo Goyeneche. “Se direccionó la contratación de la difusión de los 4 spots a favor de Nelly Entertainment SA, del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, quien obtuvo suspensión de juicio a prueba en esta causa. El procedimiento de contratación fue una fachada a través de la cual se ocultó que se negoció directamente, brindando ventajas e información solo al empresario con quien se quería contratar Y dejando sin posibilidad de real competencia al resto”, señaló. Y aportó otro dato: los cuatro spots publicitarios fueron filmados fuera de la Provincia, sin ninguna intervención local que controlara el contenidos, antes incluso de que fuera designada Paraná como sede de la Cumbre del Mercosur. La filmación de los videos estuvo a cargo de la firma El Buey Solo SRL.

El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.

Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de un ación más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.

En ese marco, el 5 de diciembre de 2014 se inició expediente administrativo: el exministro de Turismo, Hugo Marsó, pidió la contratación del montaje del parador playero. Pocos días después, el 30 de diciembre, Marsó y Gerardo Caruso, responsable de la firma El Juego en que Andamos, firmaron el contrato para el parador. La firma no tenía experiencia, poseía un capital mínimo y no tenía domicilio en la Provincia: por eso, puso como domicilio la vivienda, en la ciudad de Larroque, del exsecretario de Justicia de Urribarri, Rubén Virué. Goyeneche dijo que antes y durante la contratación hubo “múltiples comunicaciones entre el propio exgobernador y el señor Gerardo Caruso, contactos que se iniciaron mucho antes que la gestión administrativa para la contratación. Se iniciaron el 20 de octubre de 2014 y siguieron hasta mayo de 2015. También Marsó se contactó con Caruso. El entorno, la familia Urribarri, también mantuvo contactos previos. A tal punto que su hijo Franco, Juan Pablo Aguilera y Caruso viajaron juntos a Mar del Plata en noviembre de 2014, un mes antes de publicarse la licitación para esta contratación. Este viaje fue abonado por Relevamientos Catastrales, la empresa del señor Diego Armando Cardona Herreros, que pertenece al círculo íntimo de Urribarri, imputado en dos causas”.

La sumatoria da una cifra que impacta: u$s 8.660.600, según la matemática del Ministerio Público Fiscal. Ese monto, a valores históricos -aún dolarizado- es el perjuicio total de las maniobras que le reprochan a Urribarri, sus parientes, sus exfuncionarios y los empresarios ligados a su gobierno.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora