El abogado José Velázquez, codefensor junto a Ignacio Díaz del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y representante del empresario Germán Buffa, acusó a la cúpula del Ministerio Público Fiscal de judicializar acciones adminsitrativas y «erosionar la conciencia democrática» con su política criminal que lleva al banquillo a políticos peronistas.

En su alegato de clausura del juicio que tiene como principal imputado al exgobernador Sergio Urribarri, Velázquez arrancó con una fuerte introducción, en la que apuntó directamente a la cúpula del Ministerio Público Fiscal y a la suspendida Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche.

«Los criterios de la política criminal del Ministerio Público Fiscal están erosionando la conciencia democrática, judicializando acciones surgidas bajo el voto popular. Venimos acá a exponer cuestiones administrativas y políticas en un ámbito que no corresponde. También tengo que insistir que esta política se constituye en una suerte de super moral, porque crea esos criterios para reprobar proyectos políticos, gestiones de gobierno e incluso en la causa imprenta, a reprobar una metodología de trabajo. Entiendo que estos excesos son posibles por la distorsión que impone ese principio de jerarquía absoluto. Humildamente entiendo que es necesaria una reforma del Ministerio Público Fiscal», señaló.

Luego afirmó que el criterio de la política criminal incluso «avasalla los valores de muchos fiscales probos», entre los cuales incluyó a los fiscales del juicio, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.

«Esta política criminal se ha autoconstruido por fuera de la Constitución para soslayar todo control jurisdiccional», reiteró y al referirse a la causa en la que le toca intervenir, señaló que comenzó con «una denuncia pública, luego una denuncia formal, seguido de allanamientos y lo que nunca puede faltar: filtraciones (a la prensa)».

En ese sentido, se quejó porque, aseguró, en la causa se enteró del procesamiento de su defendido a través de un sitio digital antes de que llegara la notificación formal judicial.

Más adelante, se refirió específicamente a la Procuradora Adjunta suspendida, Cecilia Goyeneche, -quien debe enfrentar un jury por presunto mal desempeño-. «Si alguien puso en duda este proceso y lo politizó fue Cecilia Goyeneche. Nada de lo que ha dicho ha sido verdad. Esa política de la cúpula del Ministerio Público Fiscal lo único que ha hecho es trabajar sobre la premisa del chisme, la fábula, el que dirán y la proyección del prejuicio», disparó.

Y ahondó: «Cuando se muestren pruebas sobre de qué deberes incumplidos hablamos, de qué infracciones, o las exigencias son las que imagina el Ministerio Fiscal. Si me acusan de algo, quiero que sea por incumplir un deber, no por capricho de política criminal o porque no les gusta mi gestión. Es importante marcar un límite porque mañana, de la misma manera que hoy explicamos cuestiones administrativas, esa política criminal parada en el pedestal moral dirá que es la ley y medida de las cosas. No me olvido que de la cúpula del MPF hicieron un control preventivo, y quien asuma ad hoc en el Jurado de Enjuiciamiento, causa penal. Denunciaron a los vocales del STJ, ¿qué deber incumplieron? Ninguno. Son los deberes imaginados por la cúpula del Ministerio Público Fiscal”.

“Si no les gusta la gestión o el proyecto político, está bien, armen un partido, preséntense y ganen las elecciones. Pero no lo hagan desde este lugar”, repitió, tal como lo había dicho en su alegato de apertura. “El derecho por Dios es uno solo, hay distintas ramas y tiene que haber diálogo entre todas las ramas. Acá parece que el derecho penal está aislado y no es así, es necesario ir a distintas normativas para entenderlo. Si no vamos a las distintas normativas, permitimos que ingresen los criterios del MPF”, añadió.

En esa línea, consideró que la Fiscalía trabaja «sobre cuestiones innatas en el metalenguaje social, de que todo político se sospecha corrupto. Y si es peronista es corrupto y si además es K, se agrava. Con esto justifican todo. Es necesario rescatar la racionalidad, volver a la Ley».

Tras esa introducción, resaltó que la Fiscalía no presentó prueba ni testimonial ni documental concreta que exponga que Urribarri y Báez se interesaron por beneficiar con contratos publicitarios para Tep y Next, empresas que se le adjudican a Juan Pablo Aguilera -cuñado de Urribarri.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.