La situación en la Escuela Agrotécnica N° 39 Villa Urquiza está lejos de haberse resuelto. La decisión del Consejo General de Educación (CGE) de cederle 4 hectáreas del área productiva del establecimiento educativo a la Municipalidad de Villa Urquiza para que pueda construir allí un playón polideportivo mereció el reproche de la comunidad educativa.

La negociación transitó por los carriles de las reuniones que concluyeron de manera abrupta: el CGE acordó el comodato con el Municipio de Villa Urquiza sin participación de la Escuela de Villa Urquiza. El caso, entonces, derivó para su resolución en la Justicia con un recurso de amparo, que fue rechazado en primera y en segunda instancia.

No obstante, la posición contraria a la cesión de esas tierras se mantiene firme en la escuela. Ahora apelaron a una herramienta que el propio CGE había puesto a diposición pero que nunca llevó a la práctica: la constitución de una mesa de diálogo entre las partes. El rector de la Escuela Agrotécnica, Francisco Reyes, lo planteó en una nota que elevó a las autoridades educativas el 25 de febrero.

El docente pidió “una mesa de conciliación” y un dato clave: conocer “información concreta de la localización de estas hectáreas cedidas dentro del lote mayor”.

La petición es consecuencia de la renión que mantuvieron con delegados de la Escuela de Villa Urquiza tres vocales políticos del CGE el 28 de diciembre: Griselda di Lello, Exequiel Coronoffo y Humberto Javier José. Ese día los funcionarios asumieron ante autoridades de la Escuela N° 39 Agrotécnica de Villa Urquiza “relatar la situación planteada” al presidente del organismo, Martín Müller, “y solicitar una reunón con el secretario de Gobierno (del Municipio de Villa Urquiza) a fin de gestionar los mejores resultados para la institución educativa”.

En ese encuentro pidieron la “recisión del comodato firmado” el 25 de noviembre de 2021.

 

Curiosamente, esos tres vocales que prometieron transmitir la inquietud de la comunidad educativa al titular del CGE son los mismo que firmaron, junto a Müller, la resolución N° 4.267, dictada el 25 de noviembre último, que aprueba  un comodato por el cual se quitan 4 hectáreas, de un lote mayor, de las 29 hectáreas,  de la Escuela Agrotécnica N° 39 Villa Urquiza y se las ceden a la Municipalidad, a partir de una petición del intendente, el radical Manuel Tennen, con el objetivo de construir allí un polideportivo. El comodato es por 20 años. El predio total de la escuela tiene 72 hectáreas, y fue la primera escuela agrotécnica de Entre Ríos.

El 1° de diciembre, la entonces rectora Andrea Giordano elevó una nota al supervisor Fabián Schiebert y le hizo notar que las novedades del acuerdo entre el CGE y la Municipalidad lo supieron a través de las redes sociales e hicieron notar que las autoridades de la escuela fueron excluidas de las negociaciones que se llevaron adelante en el último tiempo y que derivaron en la firma del comodato por 20 años.

El caso se dirimió el Tribunales, también. Pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de amparo que había presentado un gruop de padres de la Escuela N° 39 Agrotécnica de Villa Urquiza contra la resolución del Consejo General de Educación (CGE) que dispuso quitar un predio de 4 hectáreas de la institución educativa y cedérselo a la Municipalidad de Villa Urquiza para llevar adelante un proyecto del intendente radical Manuel Tennen: la construcción de un playón polideportivo.

Los padres acudieron a la vía del amparo contra la decisión del CGE que, a través de la resolución N° 4.267, dictada el 25 de noviembre de 2021,  cedió en comodato por 20 años al Municipio de Villa Urquiza 4 hectáreas de la institución escolar para que se construya allí un playón polideportivo.

 

Nota Escuela Agrotécnica by Entre Ríos Ahora

“La resolución N° 4267/21 fue dictada por el funcionario en ejercicio de sus funciones con inobservancia de las formas y límites constitucionales y legales, ya al aprobar el comodato dispone del bien dándole al mismo otro fin al previsto por el plexo normativo, por cuanto el comodato se suscribe para la instalación de un complejo polideportivo, contrariando la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26058 y sus reglamentaciones a la cual la Provincia de Entre Ríos adhiere en todos sus términos mediante Ley Provincial 9673 y Ley de Educación Provincial N° 9890”, dice el texto del amparo que se presentó con el patrocinio del abogado Alfredo Britos.

Pero el juez Moia entendió que no había afectación de las labores productivas con la cesión de esas tierras -tareas, que, agregó, podrían mudarse a otro sector del predio- y que incluso el playón polideportivo podría ser utilizado por la propia escuela para las clases de educación física de sus alumnos.

En primera instancia, el juez Moia rechazó la apelación por una cuestión formal: el planteo de los abogados Juan Pablo Gareis y Alfredo Britos fue hecho fue de los plazos legales previstos. El mismo criterio sostuvo el STJ, en un fallo que firmaron los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Juan Ramón Smaldone. Los representantes legales de los padres de los alumnos de la Escuela Agrotécnica de Villa Urquiza consideraron «absurda y arbitraria» la decisión del juez Moia que, explicaron, «atenta gravemente contra derechos y garantías constitucionales y convencionales básicos como son el debido proceso legal, el acceso a la jurisdicción y la defensa en juicio, más aún considerando el interés superior de los niños afectados, que se encuentra consagrado en la Convención de los Derechos del Niño».

Argumentaron que  la sentencia fue dictada el  8 de febrero, les fue notificada ese día a las 20,23. Esa resolución «fue anoticiada por los profesionales suscriptos a cada uno de los reclamantes originarios, los cuales tenían domicilio fuera de la ciudad de Paraná y localizados en zonas rurales, a quienes los patrocinantes aducen haber tenido serios inconvenientes para anoticiarlos, debido a que en los lugares donde habitan estas personas no poseen servicios adecuados de conexión, sea de internet y de telefonía celular».

Resaltan los letrados, detalle la resolución del STJ, que «ha sido para ellos todo un inconveniente serio en comunicarse con los actores para anoticiarlos del decisorio en crisis de manera acabada y los consecuentes efectos, como asimismo cumplir con el plazo exiguo de 24 hs. consagrado por la ley provincial de procedimientos constitucionales, específicamente con su art. 16, para interponer el recurso de apelación, y por ello se encontraban demorados en un par de horas aproximadamente (22,17 hs. del día 9 de febrero de 2022), tal como surge del certificado digital de interposición de la apelación que adjunta».

Destacaron además que «la decisión del juez de grado de declarar extemporáneo el recurso interpuesto, mediante resolución del 10 de febrero de 2022, con fundamento en el exiguo plazo consagrado del art. 16 de la Ley Provincial N° 8369, agravia el debido proceso legal y defensa en juicio, por la mera circunstancia de excederse un par horas en la interposición de aquél, más aún, considerando las circunstancias que los justiciables no son de la ciudad de Paraná, sino que viven en zonas rurales con claras deficiencias de comunicación telefónica y de conectividad de internet, como ser Villa Urquiza, Colonia Avellaneda, Seguí, claramente zonas no urbanas».

En su voto, el vocal Carubia señaló que «la articulación extemporánea de su recurso (acto para el cual sólo se requiere la simple manifestación de la voluntad recursiva, prescindiéndose de toda otra solemnidad) resulta inexcusable y la inadmisibilidad del mismo en la especie se constata ajustada a derecho y a las concretas circunstancias del caso, debiendo rechazarse el recurso directo bajo examen; sin costas, en razón de no verificarse contención en la instancia».

A esa posición adhirieron los vocales Mizawak y Smaldone y por eso el STJ rechazó el recurso directo de apelación contra la resolución del juez Moia.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora