La situación en la Justicia de los abogados Martín Navarro y Viviana Almada es compleja: en estos momentos, hay tres actuaciones distintas que se tramitan, y aunque avanzan de modo autónomo, están relacionadas entre sí. Y tienen como punto de unión un proceso de guarda con fines adoptivos de dos hermanos, de 7 y 11 años, que se inició en octubre de 2013.

Navarro fue, hasta hace una semana, asesor legal de la Defensoría del Pueblo de Paraná, cargo que perdió luego de que se viera envuelto en un escándalo. El viernes 2, a primera hora de la mañana, dejó estacionada su camioneta Toyota en calle Alem, frente al área de Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná, y fue hasta las oficinas de la Defensoría, ubicadas a media cuadra de ahí, sobre Monte Caseros.

Había salido de su casa con los dos niños que tiene en guarda preadoptiva. Sólo que bajó con uno, la niña de 7 años; el nene, de 11, quedó adentro del vehículo. En la única explicación que se conoce por el incidente, le dijo al defensor del Pueblo, Luis Garay, que el chico tenía sueño y quería dormir. Que lo dejó en el auto, durmiendo, con la recomendación de que cuando se despertara, bajara del auto –las puertas abiertas, sin llave—y se dirigiera a la Defensoría.

Navarro empezó su día de trabajo. Realizó trámites en el Colegio de Abogados y en Tribunales y cuando volvió a la Defensoría, se encontró con la punta del ovillo.
Los empleados municipales que advirtieron la presencia del chico adentro del vehículo, solo, durante horas, hicieron lo que entendieron que debían hacer: llamaron al 911 y también al teléfono 102, la guardia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

La intervención del Copnaf derivó en una situación más grave que el simple abandono de un niño en un vehículo. Surgió entonces la sospecha de que el chico habría sido víctima de maltrato. Entonces, el paso siguiente fue dar intervención a la Justicia. La secretaria de la Defensoría General de la Provincia, Lorena Calí, empezó a actuar y, tras la revisión del niño por parte de un médico forense, hizo la presentación de una denuncia penal ante la fiscal de turno, Paola Farinó.
El caso después derivó a la fiscal Natalia Tafarel, que tomó la decisión de aplicar, por 90 días, una medida restrictiva: Navarro/Almada no pueden acercarse a los niños, ni a la vivienda adonde ahora están alojados al cuidado de una familia guardadora. La carátula del expediente judicial de momento habla de “lesiones leves”.

Pero además, el Copnaf dictó una medida de protección excepcional para los niños mientras se tramita la causa penal y perdure la exclusión del hogar del matrimonio que pretendía la adopción de los dos hermanos. El plazo es por 60 días, prorrogable por un plazo similar, según explicó Ariel Villanueva, director de Protección de Derechos del Copnaf. En ese caso, el control de la aplicación de la medida está a cargo de la titular del Juzgado de Familia Nº 2, María Victoria Solari.

Hay una tercera intervención, que es la del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante, que lleva adelante el proceso de adopción, antes a cargo de María Eleonora Murga, ahora bajo la responsabilidad de Ana Cristina Quinteros Fagetti. Luis Lescano, el defensor de Menores de Diamante, fue el encargado de colaborar en la denuncia penal contra Navarro/Almada, por lo cual se prevé que ahora impulse la revocación de la guarda preadoptiva dispuesta por la exjueza de Familia de Diamante, ahora titular del Juzgado de Familia Nº 3 de Paraná, María Eleonora Murga.

Aunque Navarro ha dicho que confía en que todo se resolverá a favor suyo, y que los niños volverán a su casa. El defensor general Maximiliano Benítez hizo pública cuál fue la postura del Ministerio Pupilar en el trámite de adopción que gestionó primeramente la jueza Murga, y dijo que “hubo una clara oposición al otorgamiento de la guarda”.

Pero en el Juzgado que hasta diciembre de 2015 atendió loa jueza Murga, no se atendieron los dictámenes técnicos y se avanzó con el proceso de guarda. “El período de vinculación empezó el 1º de octubre de 2013, y la guarda preadoptiva, se inició el 11 de diciembre de 2014. En el medio, en febrero de 2014, ya la gente del Registro de Adoptantes y el equipo técnico del Juzgado de Diamante, en conjunto con el Ministerio Pupilar, habían dicho que no era apto esto, y se sugería que cese la vinculación”, recordó Benítez.

A esos dictámenes se agregó un nuevo informe, esta vez de la entonces defensora de Diamante, Noelí Gabriela Ballhorst, que también desaconsejó la vinculación entre los dos niños y el matrimonio de abogados, y argumentó que sería para evitar “mayor sufrimiento para ellos, y eventualmente ser incorporados a otra familia”.

“Y así, los informes siguieron, y se continuó diciendo lo mismo –recordó el defensor general–. No obstante eso, se otorgó igual la guarda”.

Desde Diamante no se han tenido novedades de momento, aunque la causa penal avanza, y en breve se espera que los niños brinden su testimonio en cámara Gesell.

Fuente: El Diario.