En otro capítulo de su alegato de clausura en el megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, el abogado Miguel Ángel Cullen sostuvo que el Ministerio Público Fiscal endilgó delitos a sus defendidos sin pruebas y consideró que se invirtieron los roles en el proceso: ahora es el acusado quien debió demostrar su inocencia, y no la Fiscalía la culpabilidad de los mismos.
En la causa imprenta -también conocida como ‘De la vaca’-, Cullen representa al empleado legislativo Alejandro Almada, a los empresarios Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y a la contadora Corina Cargnel. Además, también defiende al funcionario Gustavo Tortul en la causa por la contratación de la firma Nelly Enterteinment, del empresario Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, para la difusión de cuatro spots sobre la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014. Su otro defendido en este caso era Hugo Céspedes, quien falleció el 11 de octubre de 2021.
En primer lugar, Cullen se refirió a la causa de las imprentas. En esta, Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, a su vez cuñado de Urribarri, Sena y Giacopuzzi, han sido sindicados por la Fiscalía como “prestanombres” en su hipótesis acusatoria respecto a que las firmas Tep SRL y Next SRL, de abultados contratos con el Estado entrerriano en la segunda administración Urribarri. Tep y Next, ha dicho Fiscalía, tuvo un manejo “cartelizado” de la publicidad del Estado en vía pública, un mecanismo de la que habrían tomado parte también las empresas Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamente, de Paraná. Y se aseguró que una pieza clave en el entramado era la contadora de las firmas Corina Cargnel.
Cullen lamentó que en el proceso se hayan llevado a cabo «atropellos» por parte de la Fiscalía, en lo que consideró una causa plagada de irregularidades. «No se ha acreditado ningún acto ilícito de Corina Cargnel. Se basaron en extracción de datos y no hay ni un papel firmado, nada comprometedor. Esos datos no decantan en la solución que pretende la acusación».
Asimismo, dijo que en la causa «no hay un solo mensaje entre ella y algún funcionario» y que la acusación trata de «alimentar el monstruo, lo ilícito y lo ilegal en la cabeza de Cargnel» porque según la tesis fiscal ella coordinaba los retornos en las contrataciones del Estado. No obstante, Cullen afirmó que la acusación ni siquiera se detuvo a investigar si hubo un sobreprecio en la contratación de cartelería para que luego se realicen los retornos.
Al respecto, Cullen sostuvo que en «cuatro meses de debates y con 70 testigos, nadie escuchó hablar sobeprecios. Ni siquiera se invesigó. Si tengo que acusar que hubo un retorno tengo que investigar que hubo sobreprecio. Esto es, si el Estado pagó más de lo que tenía que pagar y lo hizo a sabiendas de que pagaba más porque quería facilitar el retorno».
Megajuicio: Cullen defendió a Aguilera con el recuerdo de la Inquisición
Sin embargo, advirtió que «no estuvo nunca en discusión el monto que pagó el Estado por ordenes de publicidad. Nunca estuvo en discusión el valor de los carteles, la licitud de cada una de las contrataciones. Lo que estaba en discusión era la titularidad de las empresas y ver si existía una cartelización».
La tesis fiscal habla de una cartelización de las empresas dedicadas a la publicidad callejera con el fin de quedarse con gran parte de las contrataciones estatales. Sobre ese punto, Cullen señaló que lo único que se vio en el juicio es que los empresarios trabajaban de forma conjunta y que ello es habitual en cualquier rubro.
«La realidad es que se trataba de asociaciones empresariales donde se hacían división de trabajo. Uno imprimía, oto hacía la lona y otro pegaba los carteles en la ruta», subrayó.
Enseguida, aseveró que «si hubiese sido para beneficiar a Juan Pablo Aguilera, el año 2015 debió ser el de mayor explotación y fue el año donde Tep dejó de facturarle al Estado. Además, la lógica indicaría que no se le pagaría al año, sino enseguida; y que además no se dejaría de pagar ningún contrato, pero en 2014 le quedó una deuda de $1.2000.000 para cobrar a Tep».
Al finalizar de alegar por este expediente, aseguró: «Estamos volviendo a un estado donde basta la acusación para condenar y el acusado debe probar su inocencia. La causa de las imprentas es por lejos el paradigma de todo lo que no se debe hacer en un Estado de Derecho».
Causa Mercosur
Luego de un cuarto intermedio, el abogado Cullen siguió haciendo su alegato en la causa por la contratación de cuatro spots que se difundieron para la Cumbre del Mercosur de 2014, que se realizó en Paraná. En este expediente defendió a Hugo Félix Céspedes, exCoordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, quien falleció el 10 de octubre de 2021 a poco de iniciar el juicio; y a Gustavo Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa.
En primer lugar, el letrado se refirió a Céspedes como un hombre de bien, quien trabajó durante cuatro décadas en el Estado y que era de consulta permanente sobre diferentes acciones administrativas. Además, en diferentes momentos habló de una sinrazón de la imputación contra Céspedes y Tortul.
A ambos la Fiscalía los acusó de haber sido partícipes necesarios del delito de peculado y de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal. La muerte de Céspedes deriva en su sobreseimiento, por lo cual Fiscalía pidió que Tortul sea condenado a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
«Hay un desprecio por la garantía del debido proceso, porque el daño que se causa trayendo a esta gente a juicio. Ese desprecio se trata de remediar ofreciendo una condena condicional. En el medio se murió Hugo Céspedes. La orfandad probatoria respecto de Tortul es tan abrumadora que no sólo no se probó ninguna intervención ilícita ni que haya tenido conocimiento de que había una empresa de que se llamaba Nelly. No sabía que había una empresa que se llamaba la Aldea y muchos menos quienes eran los socios y quienes habían hecho los spots. Lo único que hicieron Tortul y Céspedes fue cumplir con las obligaciones que le habían encomendado cuando se creó la Unidad Operativa Mercorus. Cumplieron su trabajo a destajo», se explayó Cullen.
Enfatizó además que ambos «se dedicaron a algo que los ponía orgullosos y buscaron la mayor transparencia y la mayor probidad en la administración de los fondos». «Hicieron control de gastos que implicó que la Provincia se ahorre más de 3 millones de pesos y fueron traíods hoy a la picota como delincuentes», cerró.
Enseguida, el letrado adelantó que realizará su alegato de clausura en la causa Parador en la audiencia del jueves. A su término, continuará alegando Marcos Rodríguez Allende, defensor de Juan Pablo Aguilera.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.