El abogado Marcos Rodríguez Allende, defensor de Juan Pablo Aguilera, aseguró que el Ministerio Público Fiscal no pudo probar en el juicio que su defendido sea el verdadero propietario de las firmas Tep y Next, beneficiarias de contratos de publicidad en la vía pública entre 2010 y 2015.
Lo dijo en su alegato de clausura en el megajuicio en el que se discuten presuntos delitos contra la Administración Pública durante la gestión del exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri.
Tras un extenso alegato en la causa de las Imprentas, en el que cuestionó las pruebas de Fiscalía y los informes traídos a juicio, solicitó la absolución de Aguilera por los delitos de partícipe necesario de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, para lo cual Fiscalía pide una pena de 10 años de prisión.
Y también peticionó la absolución de Almada, a quien le achacan los mismos delitos pero en carácter de partícipe secundaria y piden la pena de 3 años de prisión de carácter condicional, y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Si bien el principal acusado del megajuicio es el exmandatario, su cuñado, Aguilera, es señalado como una pieza importante en el entramado de presuntos direccionamientos de fondos para promocionar la imagen de Urribarri como precandidato a presidente.
«Hay una enorme confusión cuando se habla de negociación incompatible con la función pública y una enorme confusión de los fiscales al intentar querer demsotrar que las empresas Tep y Next eran de Juan Pablo Aguilera», arrancó y agregó luego que en el juicio «nadie pudo decir que Aguilera era dueño de las empresas”.
La tesis de la Fiscalía es que Aguilera era el dueño yde las firmas y que las mismas «fueron creadas para negociar con el Estado». «Aguilera era el integrante oculto. Jamás podía haber sido cara visible porque tenía incompatibilidad para contratar con el Estado y actuaba por intermedio de sus testaferros», dijo la fiscal Patricia Yedro en su alegato del 14 de febrero, y en esa figura englobó a la mujer de Aguilera, a su hermano, el funcionario de la Cámara de Diputados Alejandro Almada, y sus dos amigos, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena.
Sin embargo, este jueves el defensor de Aguilera refutó a la fiscal y enumeró una serie de «graves irregularidades” en la investigación. Además, se quejó de que la Fiscalía no convocó al juicio a testigos de relevancia en la investigación de la causa de las Imprentas, como aquellos civiles que presenciaron los allanamientos en las instalaciones de Tep y Next.
En la primer aparte de su alocución, el letrado hizo referencia al inicio de la causas: que en diciembre de 2015 surge una publicación periodística -de la revista Análisis, a la cual no mencionó-, y que luego dos abogados presentaron una formal denuncia penal. Otra vez, sin mencionarlos, se refirió a los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
Más adelante, al cuestionar la prueba producida para el juicio, se enfocó en el disco rígido hallado el 1° de agosto de 2016 en las oficinas de Racedo al 400, de la firma Tep. “Yo no puedo decir que el disco extraíble fue plantado o no fue plantado. Lo que puedo decir es que hubo muchas irregularidades e incongruencias que no se aclararon con los testigos en el debate”, planteó.
Al igual que los demás defensores, Rodríguez Allende solicitó que no se tengan en cuenta los informes de los bioingenieros del Ministerio Público Fiscal, quienes analizaron diferentes pruebas documentales. El abogado sostuvo que no eran idóneos para presentarse como peritos yhabló de ejercicio ilegal de la profesión.
Asimismo, también peticionó anular informes de comunicaciones por entender que se violó la intimidad de los imptuados y porque fueron obtenidos por la Fiscalía sin fundamentación avalada por un juez de Garantías. «Nuevamente se viola la Ley que establece que las informaciones suministradas por telefonías, especificamente ante requerimiento de fiscales sin intervención de juez competente, constituye una injerencia a la vida privada», sostuvo.
Más tarde reiteró que «no hay ninguna prueba que demuestra la interferencia de Juan Pablo Aguilera en el esquema público» de contrataciones de publicidad estatal.
Al finalizar, solicitó las abosluciones de Aguilera y Almada y ratificó las exclusiones probatorias de los informes de los bioingenieros de la Fiscalía.
El lunes, Rodríguez Allende continuará con su alegato en el marco de la causa Parador, donde también está imputado Aguilera.
Acusación
La Fiscalía sostiene que las empresas Tep y Next fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial; y que entre 2010 y 2015 se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares.
Y agregan que de ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.