El megajuicio que sentó en el banquillo de los acusados al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, dos de sus exministros, Pedro Báez, de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, de Turismo, y a otras 10 personas, entre ellos su cuñado, Juan Pablo Aguilera, empezará a cerrarse este martes: será el turno para que los 13 imputados -todos, o alguno de ellos- hablen por última vez ante el tribunal y se defiendan de los cargos que pesan en su contra.

La jornada de este martes será relevante también porque se conocerá una decisión clave: la fecha en la que se conocerá la sentencia. El tribunal, que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, después de oír las últimas palabras de los imputados declarará cerrado el debate, y anunciará la fecha de adelanto de veredicto. Esa novedad se espera que ocurra dentro de los diez días hábiles posteriores al cierre, por lo que podría ocurrir en los primeros días de abril.

Es oficial: suspendieron el juicio a Urribarri y unificaron las causas

A esta instancia el megajuicio se llegó luego de la decisión adoptada por la Justicia el 13 de agosto de 2020 cuando decidió agrupar las tres grandes causas contra Urribarri en un solo expediente y así dar lugar al megajuicio: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del  Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, se quedó durante 5 años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones; y el pago a la productora Nelly Entertainment de $28 millones para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.

El megajuicio arrancó el 27 de septiembre, con 15 imputados. Pero desde el vamos se bajó al empresario uruguayense Hugo Montañana, que por problemas de salud no pudo participar de los debates, y será juzgado en un proceso aparte. Además, en medio del desarrollo de las audiencias ocurrió el fallecimiento de Hugo Félix Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa Mercosur.

De ese modo, son 13 los imputados que llegarán a la etapa de sentencia del megajuicio: el exgobernador Sergio Daniel Urribarri, sus exministros Pedro Báez, de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, de Turismo; el cuñado Juan Pablo Aguilera, su esposa, Luciana Almada, y el hermano de ésta, Alejandro Almada, la contadora Corina Cargnel, y los empresarios Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, fundadores de Cinco Tipos y después de Tep SRL y Next SRL, el armador del pelotero en Mar del Plata, Gerardo Caruso, el empleado del Estado  Gustavo Tamay,  el empresario Germán Buffa y el excontador de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul.

Pedidos de condena

 

 

La Fiscalía formalizó este jueves los pedidos de condena a cada uno de los 13 imputados, a saber:

 

Al exgobernador Urribarri, por la comisión en su calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, en 5 hechos, solicitaron la pena de 12 años de cárcel. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación, exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado ynegociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

A Corina Elizabeth Cargnel, contadora de las empresas Next SRL y Tep SRL, que se adjudican al cuñado Aguilera, se la acusa como partícipe necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en 2 hechos. Por esos hechos, la Fiscalía pidió para Cargnel 8 años de cárcel, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Al empresario Gerardo Daniel “Foia” Caruso el Ministerio Público Fiscal lo imputa como partícipe necesario en la comisión del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Y pide la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua.

Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

A Emiliano Oscar Giacopuzzi, acusado por Fiscalía de ser “testaferro” de Aguilera, se le imputa como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal y se pidió para él la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

A Gustavo Rubén Tamay, en carácter de partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, Fiscalía pide la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

A Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, también acusada de ser “testaferro”, le achacan en carácter de partícipe secundaria el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal y piden la pena de 3 años de prisión de carácter condicional, y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

A Alejandro Luis José Almada, cuñado de Aguilera, Fiscalía le achaca como partícipe secundario el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, y le pide la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. También, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Actualmente, es funcionario de la Cámara de Diputados.

A Maximiliano Romeo Sena, , otro “prestanombre”, según Fiscalía, como partícipe secundario del delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, pidieron 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

A Germán Esteban Buffa, el empresario suertudo que obtuvo una pauta publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa, Global Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

A Gustavo Javier Tórtul, funcionario del Estado provincial,  como partícipe necesario del delito de peculado y de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

 

Refutación 

Pero cada una de las defensas -actúan Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Miguel Cullen, Marcos Rodríguez Allende, José Velázquez, Emilio Fouces, entre otros- han planteado serias observaciones sobre las acusaciones, respecto de las pruebas presentadas por la Fiscalía en la acusación y han dirigido su mirada a la construcción que diseñó el Ministerio Público Fiscal,a la que le han reprochado su caracter moral. El defensor Miguel Cullen apeló a la figura de las «brujas» de la inquisición para emparentarlo con el lugar en el que Fiscalía dejó al cuñado Aguilera.

Megajuicio: Urribarri cargó contra Frigerio, un periodista y la Justicia

 

Cuando declaró como imputado, el 7 de febrero de este año, Urribarri habló de lo que denominó el “tridente” y en ese esquema ubicó primordialmente al actual diputado nacional por Entre Ríos Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio), al periodista Daniel Enz, director del sitio Análisis Digital, a quien señaló como “ensañado” con su figura, y a determinados miembros del Poder Judicial, y particularmente el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola, “algunos fiscales”, y se detuvo en la suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, que habló de que el proceso de jury abierto en su contra fue obra del urribarrismo.

“Ninguno, ninguno de los actos que desde hace 6 años se vienen ventilando, desmenuzando y analizando, ninguno de esos actos se realizó violando ninguna ley. Pero sí esos actos se realizaron haciendo uso del poder conferido por ese voto popular”, dijo sobre las cinco causas penales que integran el megajuicio. “Como hombre de la democracia y de la política, jamás me opondría ni me opondré a la revisión de mi gestión, de nuestra gestión, por parte de quien sea porque tengo muy en claro que nuestro desempeño como funcionario público y más aún cuando ejercemos cargos electivos como el que yo ejercí. Siempre estamos sujetos estamos al análisis permanente de los organismos de control, de los organismo legales, de la opinión pública, de la prensa, y por supuesto del Poder Judicial”, afirmó en su declaración vía zoom desde Israel.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora