“A 46 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 exigimos un país con los genocidas condenados y en cárcel común, donde no haya impunidad. Por eso, entendemos que los juicios por delitos de lesa humanidad deben avanzar con mayor celeridad, y que exista mayor apoyo a la búsqueda, identificación y restitución de los cuerpos de las y los 30.000, así como también a la restitución de la identidad de nuestras hermanas y hermanos apropiados. Le exigimos al Estado y a la Iglesia Católica Argentina la apertura de los archivos de la dictadura”.
De ese modo, la Multisectorial de Derechos Humanos planteó uno de los objetivos de la marcha que se realizó este jueves, Día de la Memoria, y que unió la Plaza Sáenz Peña y la Plaza Alvear, frente al Museo de Bellas Artes Pedro E. Martínez, donde se realizó el acto de cierre de una convocatoria multitudinaria. “Luchamos contra la impunidad biológica, la muerte de los genocidas, que con su pacto de silencio le siguen negando el derecho al duelo a las familias y le niegan el derecho a su identidad a muchas personas que aún viven bajo un nombre adulterado. Por eso reclamamos que el Estado provincial instrumente unidades de búsqueda para dar con el destino final de nuestros seres queridos y de las niñas y niños apropiados por los genocidas”, agrega el documento.
Señala que a casi 20 años de que las leyes de la impunidad fueran declaradas insanablemente nulas, “en nuestra Provincia los juicios que investigan delitos de lesa humanidad en nuestro territorio han avanzado, pero queda por recorrer en este camino de justicia. 12 causas tuvieron sentencia, 6 se encuentran en etapa de investigación, 1 en etapa de juicio y 1 esperando su revisión. Fueron condenados 33 genocidas y 4 absueltos. Otros 4 quedaron impunes por su muerte o quedaron afuera la posibilidad de ser condenados por la impunidad gerontológica. Y solo 6 de ellos se encuentran alojados en cárcel común”.
“La reconstrucción de la memoria no cesa, hoy podemos afirmar que nuestra provincia también fue escenario para el destino final de cientos de personas. Los relatos de los pobladores de nuestro Delta se van sumando día a día para robustecer la causa judicial que investiga y pretende hallar los cuerpos de esos desaparecidos y desaparecidas que fueron arrojados a las aguas de nuestros”, plantea el texto.
En relación al presente, señaló: “La seguridad pública ciudadana, como deber primario del Estado, no sólo importa en relación a los hechos delictivos sino también en proteger la vida, garantizar la integridad física y desalentar discursos y prácticas violentas” . En ese punto, destacó que “es menester promover un sistema de seguridad democrática que respete los estándares de derechos humanos: que el sistema carcelario tenga como objetivo primario la readaptación social de las personas privadas de su libertad, que los agentes policiales y penitenciarios sean constantemente capacitados en derechos humanos, que se creen reglamentos y protocolos de actuación claros para guiar el accionar policial profesional que tienda a reducir los riesgos, proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas, prevenir y evitar intervenciones violentas”.
En ese punto, el documento denunció “el incremento de la violencia institucional que se vive a lo largo y ancho de todo el país, con desalojos, gatillo fácil, detenciones arbitrarias, muertes de personas privadas de la libertad y criminalización de la protesta social”.
En esa línea, se reclamó a la Legislatura “que no demore más la integración de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, para avanzar en la conformación urgente del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos inhumanos, crueles o degradantes y la derogacion de la ley de contravenciones”.
“Ante los ataques del Jefe de la policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, hacia los organismos de Derechos Humanos, seguimos denunciando los crímenes en manos de la fuerza de seguridad. De este modo, el Estado provincial expone a ciudadanos y ciudadanas a la escalada de violencia estatal”, lanzó. “Traemos con memoria los nombres de Totín Pérez, Héctor Gómez, Martín Basualdo y Elías Gorosito, asesinados y desaparecidos en manos de la Policía de Entre Ríos en democracia. También las y los asesinados en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001: Eloísa Paniagua, Romina Iturain, el compañero militante de la Corriente Clasista y Combativa, José Daniel Rodriguez y nuestro coprovinciano asesinado en Rosario, Claudio “Pocho” Lepratti”, señala.
Y el listado suma a Sebastián Briozzi, Gabriel Gusmán, Miguel Varela e Iván Pérez. “Exigimos celeridad para el nuevo juicio por el homicidio de Ivan Perez. Nos sumamos al grito de justicia de la familia de Gabriel Gusmán que solo recibió por parte de los fiscales una garantía de impunidad a sus perpetradores, sin embargo la querella ha logrado continuar con la investigación para alcanzar justicia. De esto hablamos cuando decimos justicia clasista: estos hechos deben investigarse, como también las muertes de Erik Valdez en la Comisaría 2° de Concordia, de Leonel Quintana en la Departamental de Victoria y la brutal represión que allí se ejecutó contra familiares y amigos ante el reclamo de justicia”, observó.
“El Estado Entrerriano, en sus tres poderes, viene atentando contra los principios democráticos de seguridad, sin sancionar y condenar la tortura y el asesinato por parte de los funcionarios de las fuerzas de seguridad. No existe en el Estado Provincial ninguna política pública que tenga como función principal el trabajo contra la violencia institucional y en la prevención de estos delitos. En este sentido, el hostigamiento y tareas de inteligencia sobre miembros de la Ronda de los Martes y luchadores ambientales, demuestran que la represión se muestra como un modo recurrente para intervenir en los conflictos sociales”, fustigó el documento.
Documento 24 de Marzo de 20… by Entre Ríos Ahora
Fotos: Gentileza La Lucha en la Calle
De la Redacción de Entre Ríos Ahora