A las 8,15 de este jueves, el tribunal que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón dará a conocer el adelanto del veredicto del megajuicio que, desde el 27 de septiembre de 2021, sentó por primera vez en el baquillo de los acusados al dos veces gobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri. Junto al extitular del Ejecutivo fueron enjuiciadas otras 12 personas, entre estas, los exministros de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y de Turismo, Hugo Marsó; también, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
Al exgobernador Urribarri, por la comisión en su calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, en 5 hechos, la Fiscalíla solicitó la pena de 12 años de cárcel. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación, exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado ynegociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Megajuicio: Urribarri dijo que Fiscalía mintió y pidió su absolución
En su descargo, el exgobernador cuestionó el trabajo de los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
“Hemos visto pruebas, documentales: entonces sí que hay pruebas y hay testigos contundentes y excluyentes de cualquier tipo de delito. Pero los fiscales no han hecho ni una mínima mención a esas pruebas y a todas estas declaraciones. Pero si hay algo, recién lo mencioné, que quedó en claro en este juicio es el profundo desconocimiento que tiene el Ministerio Público Fiscal en lo referido al funcionamiento de la Administración Pública. Y eligen desconocer que los actos de gobierno de ninguna manera son judiciables”, lanzó el actual embajador argentino en Israel. “Como lo dije al inicio del juicio, ninguna de estas causas debería haber llegado a juicio”, sostuvo.
El proceso se inició el 27 de septiembre de 2021 y durante los seis meses en los que se desarrollaron las audiencias el periodismo no tuvo acceso al salón de audiencias del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Esa situación cambió ahora: este jueves, cuando se dé a conocer el adelanto de sentencia, los periodistas tendrán acceso.
El megajuicio agrupa tres grandes causas de investigación penal, en las que habría habido un perjuicio al fiscal que superó los 8 millones de dólares, según la hipótesis de Fiscalía.
La causa de la vaca
La investigación penal es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas supuestas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia. Esa es la hipótesis, aunque la defensa se ocupó de reprochar cada una de los cargos de la Fiscalía, principalmente con el cuestionamiento hacia los propios peritos.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
La causa está caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. El 5 de julio de 2018, el juez de Garantías José Eduardo Ruhl remitió a juicio oral la causa que, desde entonces, estuvo dando vueltas en Tribunales, hasta que llegó a la estapa que se inicia este lunes.
Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilera, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.
Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.
Sueño Entrerriano
El 30 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola remitió a juicio oral la causa del Sueño Entrerriano -así llamó el exgobernador Sergio Urribarri su aspiración de convertirse en sucesor en la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, sueño luego truncado: la candidatura quedó para Daniel Scioli, que terminaría perdiendo frente a Mauricio Macri-, que incluye tres investigaciones agrupadas: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.
Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes -fallecido durante la tramitación del proceso- que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.
De todos ellos, ya logró zafar Jorge «Corcho» Rodríguez. El 14 de diciembre de 2018, la jueza de Garantías Eliza Zilly refrendó un acuerdo que consiguieron sus abogados, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, con el Ministerio Público Fiscal, para acceder a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, el pago de una indemnización al Estado entrerriano de $150 mil en cuotas, durante un año, y la realización de campañas de difusión en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos. Esa promoción será a modo de canje: lo hizo a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefe.
Publicidad «direccionada»
El 5 de octubre de 2018, el ya jubilado juez de Transición Nº 2 Gustavo Maldonado elevó a juicio una causa que investigó la existencia de publicidad oficial direccionada en beneficio del empresario Germán Buffa.
Se trató de una “contratación directa” concretada por el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, para publicar la solicitada “Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina”, y que apareció, entre otros, en los diarios Página 12, Tiempo Argentino y La Nación. El monto está contenido en el texto del decreto N° 2.940, firmado por el ministro Báez el 5 de septiembre pasado, y publicado el martes 16 del actual en el Boletín Oficial.
En el expediente, se le atribuye a Urribarri, que siendo gobernador, y Báez, como Director General de Información Pública del Gobierno, en fecha 1º de julio de 2011 “direccionaron hacia la firma Global Means SA, la orden de publicidad Nº 2038, por medio de la cual se contrató vía directa, los avisos titulados ‘Avisos 1: Entre Ríos Exporta’ y ‘Aviso 2: Entre Ríos invita’, a publicar en las ediciones Nº 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2011, por el precio total de $118 mil, aprobada mediante decreto Nª 1057 de fecha 18/04/2012”.
“Dicho direccionamiento arbitrario se produjo de común acuerdo y connivencia previa con el Sr. Germán Esteban Buffa, presidente de la firma Global Means SA, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nª 5140, decretos reglamentarios y Constitución Provincial), contratando los funcionarios referidos una empresa que al momento de emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, ni cumplía con los requisitos para estarlo”, agrega la acusación.
Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. La orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.
La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.
El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.
Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva las firmas de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.
La Fiscalía asegura que Global Means SA no sólo no estaba constituida como empresa, ni tenía inscripción en la AFIP, sino que tampoco tributaba en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
De la Redacción de Entre Ríos Ahora