«Estamos ante una nueva entrega de arbitrariedades y atropellos, que no es sino la lógica a la que hemos estado sometidos en estos seis años. Seguimos soportando el ensañamiento y las injusticias», planteó el exgobernador de Entre Ríos (2007/2015) y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, tras conocer la condena en su contra a 8 años de prisión que dictó este jueves el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná en el marco del megajuicio que se había iniciado el 27 de septiembre.
Urribarri se sentó en el banquillo acusado de los delitos de peculado (uso de fondos públicos en beneficio particular) y negociaciones incompatibles con la función pública en cuatro grandes causas de corrupción: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Agueilra, se quedó durante 5 años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones; y el pago a la productora Nelly Entertainment de $28 millones para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.
En esas maniobras de desvío de fondos se habrían afectado las arcas del Estado, según la proyección del Ministerio Público Fiscal, en unos u$s 8.660.600.
«Seguí con atención las 13 horas que duró la audiencia de hoy esperando que en algún momento emergiera algo de racionalidad jurídica. La propia fiscalía en su alegato de clausura reconoció que no tenían pruebas ni testigos y el tribunal hizo caso omiso. En una conducta prácticamente corporativa, el fallo termina siendo el relato de fiscalía construido en base a creencias y prejuicios», evaluó Urribarri el cierre del proceso y anunció que puso a disposición su renuncia al cargo de embajador en Israel.
Cuatro diarios porteños -Clarín, Infobae, La Nación y elDiarioAr.com- dieron por hecho su salida del cuerpo diplomático de la República Argentina.
«Condenaron por corrupción a Sergio Urribarri a ocho años de cárcel y lo desplazan de la Embajada de Israel», informó el diario Clarín.
También Infobae se refirió al tema y publicó: «El dirigente peronista y actual embajador argentino en Israel recibió esa pena por los delitos de negociaciones incompatibles con su cargo y peculado. Los jueces le impusieron además inhabilitación perpetua. El presidente Alberto Fernández le aceptó la renuncia».
«El embajador en Israel, Sergio Urribarri, renunció a su cargo tras ser condenado a ocho años de prisión por corrupción. El funcionario puso “a disposición” su dimisión y lo informó en su cuenta de Twitter. El presidente, Alberto Fernández, se la aceptó», contó el diario La Nación.
En tanto, Emilia Delfino trató el tema en elDiarioAr.com, y señaló: «El tribunal de Paraná lo declaró penalmente responsable del delito de peculado por la malversación de unos u$s 9 millones de la provincia y por el delito de negociaciones incompatibles durante su gestión en la provincia. Actual embajador de Israel, es le primer funcionario del gobierno de Alberto Fernández condenado por corrupción. El exmandatario provincial puso su renuncia a disposición del Presidente, quien la aceptará, según una fuente oficial».
Enterado de la condena en su contra, Urribarri dijo estar seguro «de que es solo cuestión de tiempo y de jueces que fallen con objetividad para demostrar de forma contundente la inocencia en las próximas instancias de apelación. Jamás vamos a renunciar a la verdad». Y apuntó: «Nunca me voy a someter a la operatoria de amedrentamiento y disciplinamiento de la política. Hagan lo que hagan y pase lo que pase, nunca voy a dejar de hacer política».
El detalle de las condenas y absoluciones en el megajuicio es el siguiente:
Al exgobernador Sergio Urribarri, por la comisión en su calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, en 5 hechos, solicitaron la pena de 12 años de cárcel. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal lo condenó a 8 años de cárcel.
A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación, exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La condena fue de 6 años y 6 meses de prisión.
A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado ynegociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenado a 6 años y 6 meses de cárcel.
A Corina Elizabeth Cargnel, contadora de las empresas Next SRL y Tep SRL, que se adjudican al cuñado Aguilera, se la acusa como partícipe necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en 2 hechos. Por esos hechos, la Fiscalía pidió para Cargnel 8 años de cárcel, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal consideró excesiva la pena pedida por Fiscalía y le aplicó 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
Al empresario Gerardo Daniel “Foia” Caruso el Ministerio Público Fiscal lo imputa como partícipe necesario en la comisión del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Y pide la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua. El tribunal le aplicó la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.
Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue absuelto de culpa y cargo.
A Emiliano Oscar Giacopuzzi, acusado por Fiscalía de ser “testaferro” de Aguilera, se le imputa como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal y se pidió para él la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La pena aplicada por el tribunal es de 2 años y 6 meses de ejecución condicioanl.
A Gustavo Rubén Tamay, en carácter de partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, Fiscalía pide la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Le aplicaron 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua, más pago de multa de $90 mil.
A Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, también acusada de ser “testaferro”, le achacan en carácter de partícipe secundaria el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal y piden la pena de 3 años de prisión de carácter condicional, y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La pena aplicada 2 años y 6 meses de ejecución condicional.
A Alejandro Luis José Almada, cuñado de Aguilera, Fiscalía le achacó ser partícipe secundario en el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, y le pidió la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. También, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal decidió absolverlo. Almada actualmente es funcionario de la Cámara de Diputados. Fue absuelto de culpa y cargo.
A Maximiliano Romeo Sena, otro “prestanombre”, según Fiscalía, fue acusado por Fiscalía como partícipe secundario del delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, pidieron 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal lo absolvió.
A Germán Esteban Buffa, el empresario suertudo que obtuvo una pauta publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa, Global Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal le aplicó la pena de 1 año y 2 meses de prisión condicional.
A Gustavo Javier Tórtul, funcionario del Estado provincial, como partícipe necesario del delito de peculado y de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, la Fiscalía solicitó la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal entendió que no tuvo participación en los delitos reprochados, y lo absolvió. También absolvió al ya fallecido Hugo Céspedes.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora