El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos emitió un comunicado en el que llamó a respetar las garantías constitucionales de las personas acusadas en procesos judiciales. Recordó que todavía existen instancias hasta llegar a un fallo firme y destacó que no se deben judicializar la política ni los actos de gobierno.

El pronunciamiento sucedió a la decisión del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná -conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- de condenar a 8 años de cárcel al dos veces gobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue en el marco del megajuicio, que se inició el 27 de septiembre de 2021 y que concluyó este jueves 7 de abril, con la lectura del adelanto de veredicto.

En el banquillo se sentaron 13 personas, de las cuales 5 fueron absueltas: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; el cuñado del cuñado Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada; el empresario Maximiliano Sena, y Gustavo Tórtul.

A Urribarri lo llevaron a juicio por tres grandes causas de corrupción en las que, según la Fiscalía, hubo desvío de fondos públicos por un valor de 8 millones de dólares.

«Desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista creemos necesario recordar que el principio de inocencia de las personas no se rompe hasta que un proceso judicial no concluya en un fallo firme. En la causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios y allegados, aún restan distintas instancias consagradas en nuestra legislación como derechos garantidos, hasta poder arribar a una conclusión», señalaropn desde el PJ.

La aseveración tiene que ver con una afirmacíon que hizo Urribarri en redes sociales no bien se conoció el adelanto de sentencia: recurrirá la decisióndel tribunal de primera instancia ante instancias superiores del Poder Judicial.

Acá, el pronunciamiento del PJ.

 


«Desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista creemos necesario recordar que el principio de inocencia de las personas no se rompe hasta que un proceso judicial no concluya en un fallo firme. En la causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios y allegados, aún restan distintas instancias consagradas en nuestra legislación como derechos garantidos, hasta poder arribar a una conclusión.

Megajuicio: histórica condena al exgobernador Urribarri

«Desde nuestra fuerza siempre fuimos y seremos respetuosos del principio republicano de división de poderes, y en particular de los fallos del Poder Judicial. No obstante, para salvaguardar el equilibrio de nuestro sistema democrático consideramos imprescindible evitar cualquier camino que conduzca a judicializar la política y los actos de un gobierno electo por el voto popular, independientemente de cual sea el partido gobernante.

 

«Además, vemos oportuno que los funcionarios y funcionarias de todos los poderes se atengan a respetar estos mismos principios, y eviten expresiones que tiendan a condicionar y/o intentar dirigir el accionar en algunas de las otras esferas del Estado, máxime cuando estas fueron elegidas por la voluntad del pueblo.

 

«La Reforma Constitucional del año 2008, que fue fruto del consenso político de las fuerzas mayoritarias de Entre Ríos otorgó rango constitucional a los organismos de contralor que también tienen que ser respetados.

 

«Por último, sostenemos firmemente que la aspiración a representar al pueblo es un derecho del que goza toda la ciudadanía. Todos los poderes del Estado están llamados a preservarla a fin de dar lugar a la libre participación. Para ello es prioritario distinguir los juicios políticos-electorales de aquellos que puedan ser reprochables jurídicamente, a fin de no limitar el ejercicio democrático de los entrerrianos y de las entrerrianas».

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora